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Sanidad y los médicos temporales reactivan el diálogo tras la huelga

Blas Trujillo reconoce el abuso de las contrataciones y se compromete a abrir una vía de negociación con los facultativos

Los médicos temporales se manifiestan en el exterior de la subdelegación del Gobierno. | | CARSTEN W. LAURITSEN

Tras tres jornadas de huelga con una alta participación (75% según los convocantes y 30% según la Administración) y múltiples incidencias entre los pacientes, los facultativos temporales del Servicio Canario de la Salud (SCS) han podido reunirse con el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, e incluso, llegar a un entendimiento con él. En la reunión, la Administración reconoció la situación de abuso de contratación a la que han estado sometidos durante años los especialistas y tuvo a bien reactivar una vía de trabajo formal entre ambas partes en la que pudieran intentar llegar a soluciones más «claras».

Así lo adelantó ayer Sunil Lakhwani, portavoz de la Confluencia de Médicos de Canarias –principales promotores de la huelga de facultativos de la semana pasada–, quien destacó la buena predisposición mostrada por consejero durante la reunión con el Comité de Huelga, así como la propia declaración de intenciones que supuso el hecho de concertar dicho encuentro, tan solo tres días después de culminar la última jornada de paros.

Una interrupción de la actividad asistencial que dado su naturaleza reivindicativa, causó diferentes incidentes entre los pacientes. Así lo trasladaron varios afectados que bien perdieron el día acudiendo a una consulta que nunca se fraguó o vieron retrasada la operación quirúrgica que habían estado esperando desde hacía meses. «Una telefonista me avisó unos minutos antes de que cancelaban la cita de mi hija, que tenía desde hace cuatro meses», explicó uno de los afectados. «Estuve varias horas en la autopista del norte para llegar a tiempo a la cita y, fue ya en el hospital cuando me avisaron en la puerta de que no me podían atender porque estaba la huelga», señala otra de las afectadas. «Me tenían lista para operar y me dijeron que no podían hacerlo justo ese día», comenta otra paciente.

Los facultativos explicaron que no podían suspender las consultas con antelación por que hacerlo perjudicaría a la propia convocatoria de huelga y «limitaría su efecto». El parón de actividad llevado a cabo por este grupo de médicos estuvo motivado porque dos de cada tres facultativos en el sistema sanitario canario cuenta con un contrato temporal que lleva años concatenando. De ellos, el 80% lleva años ocupando un puesto temporal, lo que para el colectivo –y reconocido por el Tribunal Europeo– supone un «abuso» y un «fraude de ley» que la propia comunidad autónoma debe resarcir.

Durante el encuentro, según el portavoz, «hubo un disposición del consejero para poner las herramientas adecuadas para intentar llegar a una solución». Los facultativos especialistas de área han recibido con buenos ojos la propuesta aunque aún sienten recelo ante las promesas del consejero, por lo que, por el momento, se muestran cautos ante la propuesta y no han decidido aún frenar en seco la convocatoria de huelga. «Si esta disposición se traduce en hechos para ir buscando una solución, nosotros levantaremos el pie del acelerador y cesarán los paros», asegura el representante del colectivo, que insiste que «primero habrá que ver que eso es así».

Ambas partes acordaron que a finales de esta semana –o, a más tardar, principios de la siguiente– se volverán a reunir para establecer un calendario de trabajo, unos objetivos y el tiempo en el que se espera ejecutar. Aún con las reticencias iniciales, fruto de desencuentros en el pasado –que les han llevado hasta en dos ocasiones distintas a decidir ponerse en huelga–, el colectivo estima que el balance de las acciones ha sido positivo. «La huelga se haya traducido en un cambio de posiciones», señala Lakhwani.

Y mientras las negociaciones toman un mejor cariz en Canarias, a nivel nacional –con la cartera que regenta Miquel Iceta–, también se empiezan a dar pasos adelante para tratar de resarcir y compensar el daño que los años abuso de temporalidad han provocado en la plantilla sanitaria de toda España. De momento, el ministro tiene un plan que consistirá en establecer medidas para transformar los contratos temporales interinos en contratos fijos, para reducir hasta al 8% la tasa de interinidad.

Una última estabilización

Para ello, el Estado plantea realizar una última oferta extraordinaria de estabilización que incluya las plazas ocupadas por temporales que lleven más de tres años en su contrato. Aunque la situación de abuso de contratación es extrapolable a todo el conjunto de funcionarial público, es más sangrante en la sanidad. Por ello, el Ejecutivo nacional plantea, además, una reforma de la ley que regula al personal sanitario en España (Estatuto Marco). Asimismo, se obligará a las comunidades autónomas a que convoquen concursos anuales o bianuales para la provisión de plazas de carácter fijo en el ámbito sanitario.

De cumplirse, este reconocimiento podría dar, de alguna forma, respuesta a las principales reivindicaciones de la Confluencia de Médicos. Sin embargo, y aunque el colectivo reconoce que «apunta bien», hace hincapié en que aún se desconoce «la letra pequeña». «No sabemos si el proceso selectivo que proponen es abierto o restringido al personal que ha sufrido abusos de contratación ni si el hecho de haber trabajado en la comunidad autónoma a la que te presentes podrá costar el triple, como ocurrió en 2001», señala Lakhwani. La cantidad de «flecos» que deja en el aire la propuesta estatal provoca muchas dudas en el colectivo. Por ejemplo, dudan de que esta propuesta tenga en cuenta a los eventuales, dado que llevan años ocupando plazas que han mostrado ser una necesidad estructural, aunque aún no se hayan reconocido como tal. En este sentido, el Gobierno de Canarias tiene un plan para convertir antes del verano a 4.316 trabajadores en interinos. La Confluencia, aunque admite la idoneidad de la medida, señala que hay una pequeña parte del personal eventual que no podrá acogerse a ella aunque llevan más de dos años desempeñando una función porque su puesto de trabajo, en la teoría, ha cambiado de nombre, aunque su labor sea la mismas desde el principio. El colectivo propone que se tenga en cuenta en el proceso también a estas personas que se encuentran en el limbo.

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