Seis. Ese fue el número de víctimas mortales causadas por la violencia machista en España la semana pasada. Siete días en los que cinco mujeres, una de ellas junto a su hijo, fueron asesinadas por sus maridos o exparejas. Unas cifras que llevaron al pasado viernes a la ministra de Igualdad, Irene Montero, a convocar una reunión de urgencia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para analizar los mecanismos existentes para erradicar la lacra que, en lo que va de año, ya la ha arrebatado la vida a 14 ciudadanas en el país –1.092 desde 2003–. «La caída del estado de alarma podría estar detrás del repunte» de crímenes. Así lo opina la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, y la propia Montero, quien señaló ayer en una entrevista a TVE que durante las primeras desescaladas ya sabían que podía haber un incremento de violencia y que lo ocurrido confirma que «esto puede suceder y, de hecho, está siendo así».
28 años.
El pasado 17 de mayo, Warda fue asesinada en Sa Pobla (Mallorca) junto a su hijo de siete años por su excompañero sentimental. Estaba embarazada de cuatro meses y había denunciado en dos ocasiones a su presunto agresor: en 2012 y en 2018, según informó la pasada jornada la delegada de Gobierno en Baleares, Aina Calvo. Nada de eso impidió que el pequeño y ella fueran asfixiados por Alí Khouch quien envió un mensaje a su cuñado en el que ponía: «He matado a Warda y al niño, están en la casa».
52 años.
El cadáver de Betty, de 52 años, fue hallado también el pasado lunes en Creixell (Tarragona) junto al de su marido, quien se suicidó después de dispararle en numerosas ocasiones y provocarle varias heridas con arma blanca. Aún no se sabe si el crimen se produjo el mismo día, ya que no se sabía nada de la víctima desde el viernes anterior.
En el Archipiélago la media de tiempo que se tarda en denunciar es de 11 años y nueve meses
42 años.
Lucía vivía en Corbera de Llobregat (Barcelona) con su marido y sus dos hijos de nueve y 13 años. Fue precisamente este último el que alertó a un vecino el pasado martes tras hallar el cuerpo sin vida de sus progenitores. Su madre había muerto a manos de su padre quien después se ahorcó en el hogar familiar.
48 años.
Apenas 48 horas después, el hijo de 20 años de María Teresa daba la voz de alarma en Pola de Laviana (Asturias) sobre el feminicidio de su madre, que murió a manos de su expareja tras propinarle un disparo de escopeta que acabó con su vida. El presunto asesino se encuentran en prisión provisional sin fianza. Por ahora, se le atribuye un delito de asesinato con agravante de parentesco y un delito de tenencia ilícita de armas.
35 años.
La última víctima de la semana fue Katia. Una joven de 35 años que fue asesinada a cuchilladas la madrugada del sábado al domingo en la vivienda que su expareja sentimental tiene en Zaragoza. Tras el homicidio y al escuchar acercarse a la policía, el agresor intentó tirándose desde el quinto piso en el que se sitúa su casa, si bien una furgoneta amortiguó la caída impidiendo que muriera en el acto. El presunto asesino permanece en la UCI custodiado por los agentes.
Según los datos actualizados ayer por el Ministerio de Igualdad, tanto Warna como Katia habían denunciado a sus agresores con anterioridad. No obstante, tan solo la última tenía una orden de protección en vigor. Un hecho «para reflexionar», según la ministra responsable del área quien reconoció el pasado viernes que, «pese a todas las herramientas desplegadas en el país» para luchar contra la violencia machista, «no se ha llegado a tiempo» con estas mujeres.
En lo que va de año, 14 ciudadanas han sido asesinadas por sus maridos, novios o exparejas
De ahí que considere que, aunque el estado tiene «mecanismos valiosos que salvan vidas», es «más imprescindible que nunca» mejorar y modernizar las herramientas existentes y saber «con precisión» en qué procedimientos o en qué fases de esos protocolos y mecanismos de intervención se está «fallando para llegar a tiempo». Para ello, los participantes de la reunión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género convocada con carácter urgente «acordaron impulsar un plan de mejora y modernización» de dichas herramientas que arrancará con una primera fase de diagnóstico en la que cada institución puede evaluar y «trasladar aquellos elementos que consideran que pueden estar fallando».
Asimismo, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, señaló ayer en una entrevista a la Cadena Ser que es «el momento de controlar más a los agresores». Para Rosell, se pone demasiado el acento en la denuncia. «Es una puerta (policial y judicial) para la salida de la violencia pero no debe ser la única para solucionar el problema de la violencia porque es una puerta muy estrecha para muchas mujeres que no tienen la posibilidad denunciar, como las mujeres que están en situación irregular».
Tras el fin del estado de alarma, para la delegada se recupera la normalidad en todos los ámbitos, como en la violencia de género que había descendido en ese periodo, y ha alertado de que las situaciones de separaciones y divorcios son especialmente peligrosos para «unas víctimas que no encuentran todo el apoyo social y la sensibilidad que debían».
En este sentido, Kika Fumero recuerda que la lucha contra la violencia machista no es únicamente cosa de instituciones como el ICI o la policía, sino que «entran en juego muchos agentes sociales, además de la necesidad de ser conscientes de la responsabilidad que hay que tener como sociedad». Es por eso que en las Islas se trabaja en varios proyectos como el plan Municipios Mascarilla 19 que tiene por objetivo que los diferentes negocios se sumen a la visibilización y denuncia social de la violencia machista, tras el éxito que tuvo la iniciativa Mascarilla-19 promovida por los farmacéuticos y que se ha saldado con 42 casos activados.
El Gobierno activa un plan de mejora y modernización de las herramientas contra esta violencia
Pero para Fumero el foco también tiene que ponerse en la prevención y esta pasa por una educación de base cuyos frutos se recogerán a largo plazo. «Esto es una carrera de fondo en la que no hay que decaer», apostilla quien lamenta que en el Archipiélago la media que se tarda en denunciar los malos tratos se sitúa en 11 años y nueve meses. Así lo recoge el Estudio sobre el Tiempo que Tardan las Mujeres Víctimas de Violencia de Género en Verbalizar su Situación que sitúa en la tercera posición por arriba a la comunidad autónoma.
Según el blog del ICI, «durante el año 2020, los ataques machistas hicieron peligrar de manera inminente la vida de mujeres en cerca de 10.000 ocasiones, exactamente fueron 9.407 las llamadas de emergencia las que recibió el Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SAMVV 1-1-2» que financia financia la entidad. Es decir, el 60% de las llamadas que se realizaron, lo que supuso que el 112 que activar los Dispositivos de Emergencia para Mujeres Agredidas de las islas (DEMA) en 1.966 ocasiones –407 veces más que en 2019–.
Menor explotada sexualmente
La Policía Nacional detuvo ayer en Albacete a dos mujeres como presuntas autoras de un delito relativo a la prostitución y corrupción de menores, en una operación en la que han liberado a una menor a la que explotaban sexualmente, hija de una de las detenidas. Así lo dio a conocer la Policía Nacional en una nota en la que detalló que, supuestamente, la madre de la víctima habría actuado en connivencia y colaboración con la otra detenida para obtener un beneficio económico explotando sexualmente a su propia hija. La responsable o “mami” de la casa de citas gestionaba directamente los anuncios y los contactos sexuales de la menor, cuyos servicios se anunciaban como mayor de edad. La joven estaba siendo explotada sexualmente por dicha persona, que le imponía reglas de convivencia y una disponibilidad de 24 horas al día, todo ello con el consentimiento de su madre. La operación ha concluido con el registro del inmueble de la casa de citas donde han intervenido cuatro teléfonos móviles, una tablet, 950 euros en efectivo y numerosa documentación probatoria. | Efe
