La Policía Nacional, en colaboración con la Inspección de Trabajo de Cataluña, ha desmantelado una organización dedicada a la explotación laboral de extranjeros en situación irregular, que trabajaban en supermercados en condiciones de semiesclavitud, y ha detenido a cinco personas.
Según informa este jueves la Policía Nacional en un comunicado, los trabajadores explotados laboralmente eran en su mayoría de origen paquistaní.
La red criminal, asentada en Barcelona y en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), contaba con una sala de control y videovigilancia donde se visionaban más de 100 cámaras de televisión, que ofrecían imágenes en tiempo real de los locales comerciales, lo que les permitía tener un férreo control de los trabajadores explotados.
Las cinco personas detenidas, que son los máximos responsables de la organización, regentaban una red de supermercados franquiciados y almacenes repartidos por las localidades de Sant Adrià de Besós y Barcelona, y están acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores, del delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, de favorecer la inmigración irregular y de pertenencia a organización criminal.
La investigación comenzó gracias a la inspección realizada el pasado mes de noviembre en un establecimiento comercial de Granollers (Barcelona), que puso a los investigadores sobre la pista de la existencia de una organización que, presuntamente, explotaba laboralmente a ciudadanos extranjeros en situación irregular, siendo mayoritariamente originarios de Pakistán.
Fruto de las indagaciones, se tuvo conocimiento de que la red investigada contaba con una serie de supermercados franquiciados en la localidad de Barcelona, así como dos naves/almacén en Sant Adrià de Besós, donde presuntamente estarían explotando a numerosos trabajadores de nacionalidad pakistaní que carecerían de la preceptiva documentación para poder trabajar.
Dando empleo a ciudadanos extranjeros en situación irregular e imponiéndoles condiciones laborales abusivas, la organización conseguía grandes beneficios económicos, lo que les permitió, en un corto periodo de tiempo, ampliar su negocio.
La situación de vulnerabilidad de las víctimas de este tipo de delitos quedó constatada al comprobar que todas ellas estaban en situación irregular, sin arraigo social ni familiar de ningún tipo en territorio nacional, con escasa o nula formación académica y en algún caso con hijos a cargo.
La suma de todo este contexto económico-social convertía a las víctimas en personas vulnerables obligadas a aceptar jornadas de trabajo extremas, sin descanso legal entre jornada y jornada, sin descanso semanal, sin seguro médico ni alta en la Seguridad Social.
En un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo, se registraron 14 supermercados de la localidad de Barcelona y dos naves/almacén de Sant Adrià, en los que se identificó a 86 trabajadores, 43 de ellos sin la preceptiva autorización de residencia y trabajo.
