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Salud

Canarias, en riesgo de sufrir brotes de legionela con la reapertura de hoteles

Los inspectores de Salud Pública mantienen la huelga y rehúsan utilizar su vehículo para cubrir alertas sanitarias, tomar muestras o visitar los alojamientos turísticos

Los inspectores de Salud Pública se manifiestan en el día de ayer a las afueras de la Consejería de Sanidad. | | MARÍA PISACA

Los inspectores de Salud Pública se manifiestan en el día de ayer a las afueras de la Consejería de Sanidad. | | MARÍA PISACA

La apertura del turismo este verano derivará en que muchos hoteles que han estado cerrados más de un año vuelvan a abrir sus puertas para alojar a los turistas que elegirán Canarias como destino de vacaciones. Esta noticia, a priori buena para hacer remontar a la economía isleña, sin embargo, puede convertirse en un verdadero problema de Salud Pública si no se controlara adecuadamente, según ha advertido la Sociedad Española de Epidemiología (SEE). Los expertos insisten en que, con esta reapertura, existe «un elevado riesgo de brote de legionelosis», algo de lo que no está exenta Canarias, donde además existe un factor que empeora la situación: la inspección de salud pública está bajo mínimos y en guerra con la Administración.

Los inspectores de salud pública se encuentran en una situación precaria en cuanto a medios de trabajo y efectivos que les ha obligado a ponerse en huelga, tras más de una década demandando mejoras en su servicio. Desde el 31 de mayo, el cuerpo, que consta actualmente de 101 efectivos en toda Canarias, está en huelga. Hasta el momento, las medidas de presión han sido ejecutar dos días de inactividad completa en el mes y no utilizar vehículo propio para ninguna inspección. La alternativa de la Administración para esos viajes es el transporte público en guagua cuyos horarios, trayectos y paradas se muestran insuficientes para poder llegar a lugares lejanos a recoger muestras o acudir con prontitud a revisar una alerta sanitaria. Con la apertura del turismo, en el foco de los posibles problemas de salud pública están los hoteles, ya que el tiempo que llevan cerrados podría derivar en un inadecuado mantenimiento.

Promesas en saco roto

Las promesas realizadas por la Consejería de Sanidad para mejorar la situación precaria que sufre este colectivo, han vuelto a caer en saco roto. «Se vuelven a repetir las mismas situaciones que llevan ocurriendo más de diez años», lamenta Jafet Nonato, portavoz del Comité de Huelga de los inspectores de Salud Pública de Canarias y de la Asociación de Inspectores de Salud Pública de Canarias (AISP). Lo comprobaron ayer, en su segunda jornada de inactividad, la que, según los convocantes, secundaron entre el 85 y el 90% de los efectivos, sin contar las personas de baja, vacaciones, o en servicios mínimos. Sobre esto último insistieron en que fueron más «abusivos» que los del pasado 31 de mayo porque su lucha se solapó con la de otro colectivo. A pesar de la gran afluencia, no recibieron la prometida propuesta de la Administración para poner punto y final a este conflicto que lleva más de una década encallado.

Sanidad se comprometió a buscar soluciones a este problema a partir del 21 de junio

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Y es que el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, se había comprometido tanto públicamente en el Parlamento de Canarias, como por escrito en una comunicación directa con los inspectores, a sentarse a buscar soluciones con los inspectores de salud pública a partir del 21 de junio, es decir, ayer. En un principio, los inspectores tomaron esta comunicación –previa a la primera convocatoria de huelga– como una declaración de intenciones que nada venía a resolver la problemática sino a postergar la solución una vez más, por lo que decidieron continuar con las medidas de presión que habían acordado en el seno del comité de huelga. En el día de ayer, y vista la «desidia» de la Consejería de Sanidad para resolver los problemas a los que alude el cuerpo de inspectores, a pesar de los perjuicios que la huelga ha ocasionado en las inspecciones, los trabajadores concluyeron que sus primeras percepciones no estaban equivocadas. Sanidad hasta el momento no se ha puesto en contacto con los afectados, pese a que el comité de huelga le remitió hace siete días una propuesta de negociación.

Inspecciones en guagua

Durante estas semanas, aunque no han estado totalmente inactivos, los inspectores han decidido que los lunes y martes –cuando se suelen agendar la recogida de muestras– no utilizarán su vehículo propio. Esta medida de presión viene como resultado una demanda histórica de aumento del precio del kilometraje que jamás se acometió, pues la Administración prefirió proporcionarles la posibilidad de suministrarles un bono de guagua público. «Es lo que nos han dado durante estas semanas», señala Nonato, quien indica que al solicitar que al menos se les proporcionara la opción de ir en taxi a alguno de los lugares con peores conexiones, la Administración se negó en rotundo.

Según los datos aportados por la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de la Salud cuenta con 125 plazas de Técnicos de Inspectores de Salud Pública cubiertas por farmacéuticos y veterinarios, de los cuales 101 realizan de forma «habitual y exclusiva» inspecciones sanitarias propias de su puesto de trabajo (15 en mataderos y 86 a pie de calle). Las dos áreas de trabajo de estos profesionales son la seguridad alimentaria –por ejemplo la vigilancia de mataderos, evitar zoonosis, control del sector pesquero y de la restauración colectiva– y la sanidad ambiental –en la que se encuentra la vigilancia del agua de consumo humano o la de playas y piscinas, gran parte de hoteles–.

A pesar de que Canarias cuenta con 125 plazas de inspectores, solo 101 están cubiertas

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Las plazas sobrantes no están cubiertas porque se han dado bajas y jubilaciones o bien se han destinado efectivos a cubrir otras áreas de la Dirección de Salud Pública. Pero aún si estuvieran todas cubiertas, Canarias seguiría estando a la cola de España en recursos humanos destinados a las inspecciones. En el resto de España, la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes, mientras que en el Archipiélago son justamente la mitad, uno por cada 24.000 habitantes. Esta situación, unida al crecimiento poblacional de los últimos años y a los nuevos requisitos para la inspección, han hecho que los números de inspecciones anuales bajen de 5.000 en 2011 a poco más de un centenar en 2019.

Pero la falta de contrataciones y la insuficiencia de la plantilla a los tiempos actuales no es el único problema que arrastra el cuerpo de inspectores. Respecto a los medios materiales, los trabajadores denuncian que a menudo, las únicas herramientas con las que cuentan son «termómetro, clorímetro y bolígrafo», cuando no una simple bolsa o una neverita que otros verían más conveniente para llevar el almuerzo al trabajo.

A pesar de ser pocos, el lugar de trabajo tampoco está adaptado a las necesidades actuales. En Tenerife, por ejemplo, los 44 inspectores de la plantilla comparten un único despacho en la que apenas hay siete puestos. Si se diera la situación en la que la mitad de ellos llegara al mismo tiempo, tendrían que turnarse para trabajar. Y de hecho, así lo hacen a menudo. En Gran Canaria, por su parte, las oficinas se encuentran en un estado deficiente. Los inspectores continuarán con sus medidas de presión hasta conseguir que la Administración se siente con ellos para resolver sus problemas.

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