La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, y expertas juristas han propuesto este jueves prohibir las empresas de vientres de alquiler y legislar también sobre su publicidad porque, según han dicho, "atenta contra los derechos de la mujer", informa Efe.
La magistrada y exdiputada por Las Palmas, Victoria Rosell, ha participado en un debate organizado por el Instituto de la Mujer junto a la directora del Instituto Canario de Igualdad, Kika Fumero, y las magistradas Lara Esteve Mallent y Helena Gil Esteve sobre Salud Sexual y Reproductiva.
La delegada del Gobierno ha querido hacer hincapié en los "grandes" ingresos económicos que esas empresas perciben de su actividad y ha lamentado que cuenten con un "importante" lobby mediático que las ampara.
Todas las participantes han coincidido en identificar la práctica de la gestación subrogada como una forma más de violencia de género, a la vez que han incidido en la condición de "vulnerabilidad" en que se encuentran las mujeres que acceden a llevar a cabo el embarazo.
Fumero ha celebrado que "por fin" se haga referencia al término como "explotación reproductiva" y ha alegado que no se alquilan vientres, "se alquilan vidas", ya ha defendido que los derechos de la madre gestante, en el caso de aplicar una ley garantista, "no terminan cuando acaba el embarazo".
Sobre el vínculo que se establece entre la madre gestante y la familia que desea el bebe, la magistrada Esteve ha señalado que la esencia de ese contrato siempre es "el propio bebé" y, que en dicho contrato la mujer carece de garantías en caso de, por ejemplo, abortar "no hay compensaciones psicológicas si la mujer sufre un aborto".
"Desde el momento en que se usa el útero materno para gestar una vida, estamos cosificando a la mujer", ha defendido la magistrada Helena Gil, para quien los vientres de alquiler son otra forma de violencia de género.
También ha querido comparar esta práctica con la compraventa de órganos: "Aceptamos con las madres de alquiler lo que habíamos rechazado con el tráfico de órganos", ha enfatizado.
El Ministerio de Igualdad ya se ha mostrado a favor de considerar los vientres de alquiler como un tipo de violencia contra la mujer al decidir recoger esa "explotación reproductiva" en la reforma de la Ley de derechos de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
