«El fin no justifica cualquier medio». «El acuerdo adoptado es excesivo y a costa de un perjuicio grave para la inmensa mayoría de la población». Con argumentos como estos el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbó ayer la petición del Gobierno autonómico para establecer un toque de queda en las Islas con mayor grado de incidencia del Covid. La Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC estima que el Ejecutivo «no ha acreditado» que la situación actual de la pandemia «represente un peligro tan grave o inminente» que no se pueda afrontar «con medios ordinarios menos restrictivos».
El Gobierno de Canarias presentó el pasado sábado la petición para limitar la movilidad de los ciudadanos entre las 00:30 y las 6:00 horas en las islas en niveles de alerta 3 o 4, lo que en la actualidad tan solo afectaría a Tenerife por encontrarse en el primero de los casos. El martes, la Fiscalía mostró su apoyo a esta solicitud al estimar que se trataba de «una medida necesaria, idónea y proporcionada» y que «su aplicación deviene en urgente» para lograr la reducción «notable de aglomeraciones y encuentros entre personas». El Ministerio Fiscal añadía que esta propuesta era «idónea y eficaz» , así como «proporcionada, pues la limitación temporal es limitada y a todas luces la afección económica resulta mínima».
El TSJC recordó que ya se había pronunciado en este sentido el pasado 9 de mayo, cuando el Ejecutivo regional solicitó la limitación de la circulación de las personas en horario nocturno dependiendo del nivel de alerta sanitaria en el que se encontraran las islas. Entonces, estimó que la medida no estaba lo suficientemente justificada, y ya entonces recordó que los poderes públicos cuentan «con otros instrumentos jurídicos de intervención menos lesivos».
La Justicia sostiene ahora su decisión en que el número de vacunaciones está aumentando diariamente y el contagio ya no tiene la repercusión en la salud como demuestra el número de fallecimientos y curaciones y el menor impacto en las unidades de cuidados intensivos. Además, sostiene que imponer tal restricción «para impedir botellones en espacios públicos» no resulta «proporcionado» y sostiene que “no se ha acreditado que la situación en la que se encuentra la epidemia represente un peligro tan grave e inminente para la salud y la capacidad asistencial”. En este sentido, la Justicia también alertó sobre el «efecto rebote» que podría generar el levantamiento de prohibiciones como el toque de queda solicitado por el Gobierno canario.
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, mostró ayer su respeto a la decisión del TSJC aunque avanzó que la voluntad del Ejecutivo es presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS). «Respetamos las decisiones judiciales aunque no la compartimos», apuntilló para subrayar que el toque de queda se considera una media «eficiente» que, matizó, se ha demostrado en los meses de pandemia. El Gobierno canario tiene ahora tres días hábiles para presentar dicho recurso. «Lo que nos queda es apelar a la responsabilidad ciudadana (...) Máxima vigilancia ante el incumplimiento de las medidas, máxima vacunación y máximos cribados», dijo.
El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, lamentó la decisión del TSJC y reconoció que ahora habrá que «reformular» las medidas y encontrar nuevas soluciones ante la situación actual. El consejero admitió que tenía «serias esperanzas» de que el auto fuera favorable y avanzó que los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias ya están estudiando el auto y es probable que en el Consejo de Gobierno de hoy ya haya algún informe al respecto. Trujillo expresó que, dado que la cepa Delta es la dominante en estos momentos y que el mayor índice de contagios se está dando en los jóvenes, no tenía dudas de que la herramienta «más potente», sin tener que afectar a la actividad económica, era el toque de queda. El Gobierno de Canarias tendrá ahora que «reformular y estudiar» qué otros elementos se pueden poner encima de la mesa para hacer frente a una situación «tremendamente preocupante».
El jefe de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Amós García Rojas, pidió a la justicia «coherencia», porque es imcompresible que en otras comunidades, con el mismo argumentario científico, se avale la restricción de la movilidad y en Canarias no. El toque de queda «es una herramienta valiosa para controlar el avance del virus», apuntó García Rojas. Quien espera que los tribunales tengan en cuentan los criterios científicos y respeten la ciencia.
El presidente del Cabildo de Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, mostró su «estupor, enfado y mucha preocupación» ante el auto del TSJC. Morales defendió que la decisión adoptada por los jueces es «discutible» porque «viene a cuestionar los criterios científicos y sanitarios frente a una pandemia de efectos devastadores», a lo que ha agregado que además se adopta después del «posicionamiento favorable de la Fiscalía que considera que la medida solicitada es necesaria, idónea y proporcionada y de los solventes informes sanitarios evacuados al efecto».
El secretario general de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, declaró que los tribunales superiores de justicia «no» están para autorizar las medidas sanitarias, afirmando que tienen que ser los responsables de las instituciones los que tomen ese tipo de decisiones, a lo que agregó que él hubiera habilitado un marco jurídico que brindara «seguridad y certidumbre». Por su parte, el doctor en Derecho Gerardo Pérez se mostró a favor del auto del TSJC y recordó que «el Gobierno de Canarias tiene margen de actuación para poner sobre la mesa otras medidas menos lesivas». Añadió que «el ordenamiento jurídico no cambia porque una isla esté en un nivel o en otro» y, en cualquier caso, destacó la necesidad de que el Gobierno central declare el estado de alarma en Canarias o en alguna de las islas para que entonces se puedan poner en marcha medidas que limitación la libre circulación de la población.
