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Crisis del coronavirus | Lío en los tribunales con las medidas sanitarias

El poder judicial desinfla la estrategia de Sanidad para hacer frente al virus

Sánchez se compromete con Canarias a tener en septiembre una normativa unificada que regule el uso del certificado covid para acceder a los interiores

Canarias pide a los jueces "que se pongan de acuerdo"

Canarias pide a los jueces "que se pongan de acuerdo"

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Canarias pide a los jueces "que se pongan de acuerdo" Isabel Durán

Sin certificado covid digital, sin cierre perimetral, sin toque de queda, sin limitación de horario nocturno para los servicios no esenciales y el interior de la restauración abierto. El poder judicial ha cortado las alas a la estrategia planteada por la Consejería de Sanidad para hacer frente a la covid-19. Desde que decayó el estado de alarma y el control de la pandemia pasó a manos de las comunidades autónomas, el Gobierno de Canarias no ha parado de tropezar con los tribunales. Mientras el Ejecutivo se siente perjudicado por la justicia, tal y como reconoció ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, quienes recurrieron el uso del certificado covid para cribar a los clientes de la hostelería, por considerarlo una medida discriminatoria, celebran que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) les haya dado la razón.

Si bien, en la XXIV Conferencia de Presidentes, celebrada en Salamanca, Torres logró el compromiso del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de tener en septiembre una normativa homogénea sobre el uso del certificado covid para acceder al interior de restaurantes, espacios culturales y deportivos. Una medida que, a su juicio, «da mucha seguridad sanitaria». No obstante, el Gobierno central no prevé poner en marcha el pasaporte covid hasta que España logre la inmunidad de grupo, un objetivo que espera cumplir a finales de agosto. Así lo explicó ayer la portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, quien mostró su rechazo a activar ya el documento para cribar el acceso a los interiores, como solicitaron algunos presidentes autonómicos, porque supone discriminar a quienes todavía no han tenido acceso a la vacuna.

Torres asegura que la decisión del TSJC es «un varapalo a la lucha contra la pandemia»

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El presidente autonómico defendió que el rechazo a las medidas para contener el virus por parte TSJC son «un varapalo a la lucha contra la pandemia, no al Gobierno». Además, exigió «unidad de criterio» judicial, para evitar que cada región tenga diferentes herramientas para atajar la quinta ola, puesto que un toque de queda similar al propuesto por el Archipiélago se aprobó para Cataluña, Valencia, Cantabria y Navarra, a pesar de que afecta a municipios en los que hay una incidencia acumulada más baja que en algunas localidades de las Islas. Para Torres, lo más importantes es que los jueces no tengan criterios distintos. «Lo que no puede ser es que la misma ley aplicada en Canarias tenga en un juzgado una interpretación diametralmente distinta a la que hay en otras comunidades autónomas», concluyó.

Ante las decisiones del TSJC, Nueva Canarias (NC) pide responsabilidad a los ciudadanos y a los sectores económicos. Su diputada Esther González tacha de «inaudito» el escenario provocado por el TSJC. En la misma línea, otro de los socios de Gobierno, Casimiro Curbelo, presidente de Agrupación Socialista Gomera (ASG), afirma que los autos del TSJC llevan a «apelar al civismo y al cumplimiento de las medidas», ya que ahora es la sociedad la que debe doblegar la curva de contagios. Curbelo puntualizó que «es fundamental alcanzar un espacio de convivencia seguro, en el que el equilibrio entre salud y actividad económica sea primordial».

Los empresarios del sur de Tenerife ven discriminatorio el uso del certificado covid en la restauración

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El poder judicial se ha convertido «en el mejor aliado de la pandemia», así lo ve Intersindical Canarias. Asimismo, el sindicato señala que la «laxitud pro economicista» de las medidas del Gobierno, potenciada «por las continuas injerencias en negativo del poder judicial», es lo que ha derivado en el incremento de contagios en las Islas. Además, lamenta que la población se haya olvidado de la pandemia y se haya relajado, algo que repercute directa y negativamente en la actividad sanitaria no relacionada con la covid-19.

Uno de los colectivos que presentó un recurso ante el TSJC para eliminar el uso del pasaporte covid como salvoconducto para entrar en el interior de la hostelería fue el Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, que representa a unas 1.200 empresas, con más de 25.000 empleados. Su presidente, Roberto Ucelay, sostiene que la medida es discriminatoria, porque solo afecta a la restauración, un sector que ha tenido una reducción importante de actividad, especialmente en las zonas turísticas, que han estado casi a cero durante muchos meses. «Cualquier restricción nos supone un perjuicio directo y solo la restauración se ve limitada, no se mira a otros sectores de la actividad económica», apunta Ucelay. Quien, además, critica que cada semana haya cambios en la normativa y sostiene que «después de 17 meses de pandemia ya se deberían tomar decisiones más ajustadas a la realidad y que no sean discriminatorias, aún más sin una razón científica». Los sectores de la hostelería y del ocio nocturno se mantienen en la cuerda floja, con lo que Ucelay solicita al Gobierno de Canarias ayudas para estos empresarios, que se ven obligados a cerrar o a mermar su actividad.

Terrazas en la calle Joaquín Costa, en el barrio capitalino de Guanarteme Andrés Cruz

Desidia y ruina

Ayer, el TSJC ratificó en otro auto la suspensión cautelar de la obligatoriedad del certificado covid para acceder al interior de los establecimientos. En esta ocasión, la Sala de lo Contencioso Administrativo atiende de forma cautelar la demanda de la asociación Liberum, un colectivo ciudadano que nació con el propósito de restaurar los derechos y libertades que se han visto afectados en el transcurso de la pandemia.

A raíz de los últimos autos del TSJC, la asociación de ocio nocturno Canarias de Noche anunció que si en los próximos días el Ejecutivo regional no muestra voluntad de proponer un calendario para la desescalada, también acudirá al amparo en los tribunales. La asociación apunta que lo hará para «exigir que se acabe con la desidia y la ruina a la que llevan sometidos más de año y medio». A juicio de este colectivo, el papel del Gobierno a la hora de tomar decisiones es «lamentable», y señala que le ha dado su apoyo en «numerosas» ocasiones, y seguirá haciéndolo porque muchas de las medidas que ha adoptado consideran que son necesarias para el bien común y para controlar el avance de la pandemia.

Los datos personales quedan desamparados

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) solicita a Canarias y Galicia información sobre el uso del certificado de vacunación para acceder a establecimientos, con el fin de comprobar la licitud del tratamiento de datos personales. «Las autoridades europeas de protección de datos hemos expresado nuestra preocupación por la utilización de certificados dentro de los Estados para finalidades tales como el acceso a tiendas, restaurantes o gimnasios, así como su uso en otros contextos como el laboral», afirma la AEPD en un comunicado. La utilización para estos fines de certificados acreditativos de la situación sanitaria en relación con la covid-19 implica la necesidad de contar con una base legal apropiada. Esta debe ajustarse a los principios de eficacia, necesidad y proporcionalidad, «atendiendo a la existencia de otras medidas de protección que puedan resultar menos invasivas, evitando efectos discriminatorios y estableciendo las garantías adecuadas». En ese sentido, debe tenerse en cuenta que la vacunación no es obligatoria, agrega la AEPD. | LP

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