Medidas cautelares para cortar el riego en los regadíos ilegales de la cuenca del Mar Menor que estén recurridos en los juzgados y que el Ministerio de Justicia se implique para acortar esos plazos con el fin de que la Comunidad desmantele los cultivos sin derecho a agua. Estas son algunas de las medidas que la plataforma SOS Mar Menor ha trasladado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quienes han visitado en la mañana de este miércoles la laguna salada recorriendo varios puntos para conocer el estado del ecosistema, que sigue expulsando peces muertes a las orillas.

Para la plataforma es prioritario centrarse en la agricultura intensiva del Campo de Cartagena como origen de la contaminación por nutrientes que sufre el Mar Menor. Reclama por ello al Estado, como competente en el dominio público hidráulico y en el dominio público marítimo terrestre, que para los cultivos sin derecho de concesión de riego (unas 8.400 hectáreas en la cuenca) se desmantele o se paralice el uso de la infraestructura que permite regarlos aunque los propietarios hayan interpuesto un recursos contencioso administrativo. "La reversión de los terrenos de regadío ilegal lleva tiempo", señala Pedro García, director de ANSE, "y el Mar Menor no tiene tiempo".

Las organizaciones que conforman la plataforma han criticado duramente al Gobierno regional por la dejación de funciones que ha mostrado en los últimos días y durante los últimos años en lo que se refiere a la protección del Mar Menor y en la intervención para regular el sector agroindustrial del Campo de Cartagena, al que piden que igualmente se involucre en la recuperación del ecosistema. Los miembros de la plataforma, en una rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido con la ministra, han propuesto la creación de una comisión centrada en la recuperación de la laguna, con presupuesto propio y con competencias para afrontar actuaciones directas a corto, medio y largo plazo.

"El Gobierno se tiene que implicar de manera contundente en la gestión del Mar Menor", señalaba Leandro Sánchez, presidente de la federación de las asociaciones de vecinos de Cartagena y su comarca, "debe ser una figura de peso político, que esté liderado por el Ejecutivo central y que cuente con los colectivos sociales y ecologistas". La ministra, señalan, ha acogido de forma positiva la propuesta de la plataforma.

"Hemos reclamado la restauración ecológica y ambiental de la cuenca y sus humedales, medidas para retener y eliminar nutrientes y la revegetación de la ramblas", recordaba Julia Martínez, de Ecologistas en Acción. Los distintos colectivos añaden que para la laguna sería necesario crea una 'banda' o corredor verde' que elimine cualquier tipo de actividad agrícola en los primeros 1.500 metros y que el Estado haga una compra masiva de parcelas en torno a la laguna para lograr este objetivo. Esta medida, señalan, sería algo prioritario a corto plazo mientras no se logre ordenar el sector agrícola en la cuenca y se sigan vertiendo nutrientes. La doctora en Biología también solicitaba a la ministra y a la Confederación Hidrográfica del Segura que continúen e incrementen las labores de vigilancia para controlar el desmantelamiento y la regresión al estado original de las hectáreas ilegales.

Ramón Pagán, de Pacto por el Mar Menor, cree necesario que el Estado obligue a la Comunidad a cumplir con las directivas europeas en materia de nitratos y protección de habitats naturales y plantea para ello que se controle el uso de nitratos en toda la cuenca del Mar Menor, hasta el punto de limitar su uso a 170 kilos de nitratos por hectárea al año, como ya está regulado en la franja de los primeros 1.500 metros, según establece la Ley del Mar Menor.