Las agresiones a sanitarios han descendido en picado en los últimos dos años (2019 y 2020) en Canarias. El Archipiélago ha pasado de registrar unas 300 agresiones en 2017 –poniendo bajo alerta a todo el personal del Servicio Canario de la Salud (SCS)– a registrar poco más de 50 durante este año pasado. De esta forma, el Archipiélago se ha convertido en una de las pocas comunidades en el que este tipo de situaciones se han reducido en los dos últimos años, junto a Cataluña, Galicia, La Rioja, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla. Parte de este nuevo escenario, según admite el Ministerio de Sanidad, tiene relación con el impacto de la pandemia, dado que las restricciones de acceso a los centros de salud y hospitales en toda la geografía española han reducido las agresiones en todo el país – concretamente este año pasado han sido un 15% menos en relación al 2019–. Sin embargo, para muchas comunidades del país 2019 continuó siendo un año en el que este tipo de situaciones continuaron generando un impacto negativo para el quehacer sanitario.
En el último Informe de agresiones a profesionales del sistema de Salud 2019-2020, el Ministerio de Sanidad ha notificado 10.450 agresiones en el conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS) en 2019 y otras 8.532 en 2020. En el año 2019, por tanto, se notificaron 17,85 agresiones por cada 1.000 profesionales mientras que en el periodo pandémico cayeron hasta las 13,47 agresiones por cada 1.000 profesionales del SNS.
Entre el año 2019 y el 2020 se han notificado casi 19.000 agresiones a sanitarios en España
La tasa de agresores en Canarias es de las más bajas del conjunto del país, y se sitúa entre las 2,1 y las 1,6 agresiones por cada 1.000 profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS), respectivamente. En total, en 2019 se notificaron 68 agresiones y en 2020 ese número cayó hasta 54.
Las que sufrieron más esta situación fueron, de nuevo, las mujeres. El 77% de las agresiones a profesionales sanitarios las notificaron ellas, como destacan los datos del informe. Sin embargo, como señala el Ministerio, al ser la sanitaria una profesión muy feminizada, esta diferencia no es tan acusada cuando se analizan las agresiones a razón de tasas. La tasa de notificaciones de agresiones en 2019 en mujeres se sitúa en 15,66 y en hombres en 15,52 por 1.000 profesionales del SNS. Mientras que, en 2020, la tasa de notificaciones en mujeres es de 11,78 y en hombres de 10,89 por 1000 profesionales.
Por otra parte, la entrada al sistema sanitario sigue siendo la más vulnerable. La Atención Primaria es la que ha tenido que soportar más contingencias de este tipo. En 2019 vivió este tipo de situaciones concretamente 2,67 veces más que lo que lo hicieron los hospitales. En 2020, en medio de la pandemia y con las restricciones de visitas hospitalarias, así como el miedo al contagio de la población, en el lugar donde más se redujeron las agresiones fue en los hospitales. En estos centros se pasó de notificar 12,85 agresiones por cada 1.000 profesionales en 2019 a 8,43 en 2020. No ha ocurrido de la misma forma en Atención Primaria donde las agresiones notificadas son similares. Y es que los centros de salud han tratado de mantener cierta normalidad pese a las restricciones y ha sido el lugar al que la mayoría de la población ha acudido para realizar más trámites sanitario que de costumbre, como la realización de pruebas diagnósticas o la vacunación. Esto ha generado que continúen siendo muy vulnerables a este tipo de circunstancias y tan solo haya reducido sus notificaciones del 34,3 por cada 1.000 profesionales en 2019 al 31,36 por cada 1.000 en 2020.
En Canarias existe un Plan específico para prevenir las agresiones a los trabajadores del SCS desde el año 2011, con el que se trabaja para hacer frente a un conjunto de situaciones conflictivas que se estaban detectando cada vez con más frecuencia en el ámbito de la prestación de la asistencia sanitaria, dado que enturbian el clima de cordialidad y respeto indispensable para dispensar un buen servicio público. En este contexto, en 2016 se estableció un convenio entre la institución y el Consejo Canario de Colegios de Abogados para establecer los criterios de inclusión de agresiones y el procedimiento a seguir en el caso de que ocurrieran. Por último, en 2019 se creó un modelo unificado para que los sanitarios dieran parte de las agresiones directamente al juzgado.
También instituciones como los colegios profesionales se han volcado para evitar que sucedan estos conflictos. Periódicamente y a petición de los propios colegiados, la institución colegial ha impartido cursos de comunicación médico-paciente, con el fin de formar a los facultativos en habilidades comunicativas y en abordaje de situaciones conflictivas, con el fin de prevenir desenlaces lamentables. Además, se creó el Programa de Bienestar Laboral del Médico (Probila), a través del cual se pretende formar en el abordaje y prevención del síndrome del quemado (burnout) a los profesionales médicos. Asimismo, ha puesto a disposición de los médicos colegiados su asesoría jurídica por si se sucediera cualquier tipo de agresión.
Además en abril de 2020 el Ministerio de Interior puso en marcha una nueva funcionalidad en la App de Alertcops orientada a la protección específica de los miembros del colectivo sanitario. Esta aplicación cuenta con una función SOS especifica que envía una alerta de carácter prioritario y con geolocalización de la víctima al centro policial más cercano, junto con una grabación de audio de 10 segundos de duración con la que el operador puede disponer de más información y valorar de forma más aproximada la gravedad de la situación.
La pandemia ha rebajado un 15% la cifra de situaciones conflictivas en el sector sanitario
Los datos que muestra el informe, sin embargo, puede que estén desestimando muchas agresiones acontecidas. Como señala el Ministerio de Sanidad muchas de las mismas continúan sin ser notificadas por parte de los profesionales del SNS.
Por otra parte, el sindicato de enfermería Satse ha criticado la «falta de interés y diligencia» del Gobierno estatal y de las comunidades autónomas en esta materia, dado que aún no se ha impulsado una norma estatal «que ofrezca una respuesta común, coordinada y eficaz a esta grave lacra que sufren especialmente las enfermeras y enfermeros». En este sentido recordó que en estos momento, cada servicio autonómico de salud establece sus protocolos y actuaciones ante esta lacra que siguen «de manera independiente y descoordinada en el conjunto del Estado». Lo que genera «resultados dispares y siempre insuficientes». Es por esta razón por la que Satse insiste en la urgente necesidad de dar una respuesta conjunta, coordinada y eficaz en el conjunto del país a través de la aprobación de una norma de carácter y alcance estatal.
