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Crisis del coronavirus | Reacciones a la legislación canaria

Los sanitarios avalan la ley anticovid canaria que no convence al resto de funcionarios

El sector de la restauración pide medidas más laxas para empezar la desescalada

Dos hombres pasean portando su mascarilla. | | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El colectivo sanitario avala las medidas que impone el decreto ley para combatir la pandemia de Covid-19 en Canarias, incluida la aplicación de la exigencia de presentar pasaporte covid o PCR a la hora de trabajar en ciertos sectores de riesgo, incluido el suyo. Sin embargo, la norma no se ha celebrado con tanto entusiasmo entre el resto del funcionariado, que considera que algunas de las restricciones de obligado cumplimiento recogidas en el texto normativo podrían ir en contra de las «libertades individuales», así como afectar los derechos laborales. De ahí que los representantes de los trabajadores se muestran en contra de la petición del certificado covid en el entorno laboral.

«¿Quién les va a sufragar la PCR diaria al trabajador que no desee vacunarse?», se pregunta el secretario de la Federación de Empleados de Servicios de la UGT, Francisco Bautista, que indica que el decreto trata de regular circunstancias que «no son competencia de Canarias». Y, además, como señaló, «va en contra de los derechos fundamentales». De ahí que UGT haya decidido realizar un informe de su gabinete jurídico para determinar qué circunstancias no están conforme a derecho en la ley autonómica y adelantó que acudirá al amparo de otros partidos políticos para presentar enmiendas a la Ley en el Parlamento de Canarias.

En el mismo sentido, pero de forma más radical, el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca) amenaza con ir a los tribunales si se «impone unilateralmente» la exigencia de la vacunación o de someterse a test de detección de covid de forma periódica, lo que juzga una «coacción». «Nos da la impresión que se ha hecho deprisa y corriendo», destaca , por su parte, Juan Navarro representante de Comisiones Obreras, que insiste en que «habrá que ver cómo aplican estas normas las empresas» y que como sindicato se mantendrán ojo a vizor de las posibles repercusiones.

Los colectivos de representación sanitaria, sin embargo, ven con buenos ojos el decreto. «Es una unificación de las normas que ya habían salido y nos recuerda que siempre debe prevalecer el principio de responsabilidad y precaución debido a la situación extraordinaria que estamos viviendo», señala el secretario general del sindicato de enfermería Satse, Leopoldo Cejas. El enfermero considera que la normativa no obliga a nadie a vacunarse, pero sí la fuerza de alguna manera. «No puede ser que personas que nieguen vacunarse puedan desempeñar su puesto de trabajo cuando están en contacto con enfermos o personas vulnerables», insiste Cejas. En esta evaluación coincide Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas que considera que el decreto «es oportuno» en todas sus vertientes. «Ningún profesional que no pueda certificar no estar contagiado, o que no esté vacunado, no debe atender a inmunodeprimidos, enfermos crónicos, embarazadas o grandes obesos», señala Cabrera, que indica que este decreto permite «tener a mano los recursos necesarios que permitan tomar medidas ágiles». Su homólogo en Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, coincidiendo con el análisis añade una reflexión al respecto: «¿hasta dónde la libertad colectiva puede verse afectada por la libertad propia de cada individuo?».

El sector de la restauración, por su parte, critica que continúe la «incertidumbre» y considera que la norma debe ser más aperturista. En este sentido, Ramón Fariña, residente de la Asociación de Restauración y Ocio de Santa Cruz de Tenerife (AERO), recuerda que, estando el 80% de la población vacunada, «es hora de empezar la desescalada». Asimismo insiste en que debe primar «la salud colectiva por encima de la libertad individual» en una situación de emergencia como la actual, por lo que ve con buenos ojos que se implante el certificado covid en el sector –aunque aún no se ha hecho–, siempre que exista «amparo legal» para los restauradores.

Los grupos políticos de la oposición, tras conocer el decreto ley lo han tachado de «vago y extremadamente ambiguo», además de considerar que pone «en tela de juicio los derechos fundamentales de los canarios». La parlamentaria popular Australia Navarro, critica que del decreto «parece que está exclusivamente preparado para sortear las autorizaciones de los tribunales de justicia» y señala que parece un «texto apresurado que no ofrece garantías jurídicas suficientes para combatir la pandemia con eficacia».

En este sentido también se manifestó el dirigente de Coalición Canaria-PNC, Fernando Clavijo, quien lamentó que el Gobierno haya actuado «desde la arrogancia y prepotencia» al no haberlo consensuado antes con la oposición. Ambos advierten que el decreto está «lleno» de posibles vulneraciones a los derechos y que, a su vez, «puede estar invadiendo competencias de ámbito estatal» En el caso del PP, además, añaden que esta ley tendría que tener un rango nacional. «Es lamentable que el presidente Torres haya tenido que recurrir a este decreto ley, pese a las dudas jurídicas que genera, por no haber exigido al gobierno de Sánchez tomar en consideración la Ley de Pandemias propuesta hace más de una año por el PP».

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