Una acumulación de situaciones de violencia en los centros penitenciarios, un escalón salarial entre funcionarios de Cataluña y el resto de España e interno entre cárceles y un conjunto de compromisos que consideran incumplidos por parte del Gobierno han llevado a los sindicatos ACAIP-UGT y CSIF Prisiones a declarar este jueves un conflicto colectivo con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. La situación se quiebra a un día de la celebración de La Merced, fiesta del colectivo.
Las dos centrales sindicales, que representan a la mayoría de los 24.400 funcionarios de las cárceles regidas por el Ministerio del Interior, han adoptado el lema "Prisiones Merece Respeto" para un calendario de movilizaciones que dará comienzo en Cuenca en octubre, el mismo día -aún por definir- en que el ministro Fernando Grande-Marlaska presida una reunión de todos los directores de centros penitenciarios.
En rueda de prensa celebrada en la sede central de UGT, el presidente de ACAIP, José Ramón López, ha acusado a la dirección de Instituciones Penitenciarias de aplicar "un rodillo impositivo que no negocia, simplemente informa de sus decisiones sin tener en cuenta a los trabajadores". El responsable de prisiones en CSIF, Jorge Vilas, ha lamentado: "Hemos intentado desbloquear la situación y ha sido imposible". Por esta razón, los dirigentes de ambos sindicatos exigen ahora interlocución por encima del secretario general, Ángel Luis Ortiz: quieren que medie el propio ministro Grande-Marlaska, o irán a la huelga y a movilizaciones en la calle.
Un incidente aún por investigar en el Centro Penitenciario Las Palmas I (Gran Canaria) ha contribuido a crispar la situación. Esta semana, un funcionario del centro fue obligado a someterse a cacheo en el cuarto de la unidad de seguimiento y control "desnudo y en flexión" -según ha contado José Ramón López- por dos guardias civiles de paisano y el subdirector de Seguridad de la prisión, "sin detención previa y sin que se le informara de qué se le acusa".
Agresiones
Según los convocantes de las movilizaciones, el diálogo con Instituciones Penitenciarias está completamente roto. Entre las razones, un recuento de 25.444 agresiones entre presos que tienen contadas ACAIP desde 2016 y junio de 2021. "En todas ellas ha tenido que intervenir un funcionario. Estamos sufriendo un nivel de violencia muy grande", ha dicho López. Esa situación, según las cifras de su sindicato, se traduce en que un trabajador penitenciario resulte herido cada 36 horas y en que "en un día normal" se cuenten 13 incidentes de agresión.
Con este panorama como marco, CSIF y la UGT han recordado que los funcionarios de las cárceles llevan tres años esperando que se les pase a considerar agentes de la autoridad. Con ese rango, la agresión a un funcionario sería atentado y tendría otra consideración penal que conlleva un aumento de la pena de prisión para el agresor. Es una de las medidas que han propuesto para que descienda el nivel de violencia intramuros.
La declaración como agentes de la autoridad podría venir a través de una nueva Ley de Función Pública Penitenciaria que en forma de proyecto maneja el Gobierno, pero de cuyo contenido, han lamentado Vilas y López, no saben nada desde diciembre de 2020.
Volver a Justicia
"Somos necesarios para la política de seguridad, pero somos el patito feo de Interior", ha dicho López. Su central ACAIP plantea que "la ubicación natural de la Administración Penitenciaria es el Ministerio de Justicia. Debemos volver a donde realmente debemos estar", ha dicho. En su opinión, han pasado ya los años de "la excepcionalidad" que imponía el terrorismo, y es hora de alojar Prisiones a la sombra del artículo 25.2 de la Constitución, que habla de la cárcel como vía a la reinserción, y no como "instrumento punitivo del Estado".
Dependiendo de Interior, no obstante, se comparan con otros cuerpos de ese ministerio, Policía y Guardia Civil, que desde 2018 han conseguido importantes avances salariales. "Otros colectivos han visto mejoraras sus condiciones de trabajo; nosotros no", ha dicho López. Se refiere a una aspiración de subida salarial media de 400 euros mensuales para los funcionarios de prisiones, que supondría un incremento presupuestario para Interior de 123 millones de euros.
La subida, han explicado los sindicatos, no es propuesta suya, sino del Ministerio, formulada en septiembre de 2018 en una mesa de negociación y retirada tres días después. La cantidad coincide en envergadura con la de dos escalones salariales en la profesión. Uno es interno, entre distintas prisiones españolas según la categoría del centro. Y el otro es territorial: en 400 euros cifran los sindicatos la diferencia de sueldo de un funcionario de prisiones de la meseta con uno de Catalunya, cuyas cárceles dependen de la Generalitat.
Acumulación de problemas
El conflicto colectivo se declara en un panorama de deterioro de la plantilla, según denuncian la CSIF y ACAIP. Un 45% de los trabajadores penitenciarios tienen más de 54 años, y la media es superior a los 55 en prisiones como León, Villabona (Asturias) o Topas (Salamanca).
El colectivo de los trabajadores penitenciarios tiene 4.000 vacantes sin cubrir, han denunciado. La situación reviste "especial gravedad", ha dicho López ante una población reclusa de 49.000 internos, de los cuales un 30% tiene problemas mentales. "Y solo tenemos dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, y de 12 psiquiatras previstos, solo hay cuatro", ha lamentado el líder de ACAIP; "las enfermerías de las prisiones se convierten en psiquiátricos encubiertos", ha añadido Vilas.
Ambas centrales han denunciado que hay una baja cobertura de vacantes en el medio sanitario penitenciario: un 60% de plazas vacantes de facultativos. "Vamos a tener una situación dantesca como sigamos así y se jubilen los médicos más mayores", ha augurado José Ramón López.
