Los gobiernos de Canarias y de España aprobaron hoy varios paquetes de medidas para afrontar la crisis social y económica derivada de la erupción del volcán. En una primera fase el Ejecutivo regional distribuirá a las familias afectadas en establecimientos turísticos y centros sociosanitarios hasta que se ponga a disposición las viviendas que se van a adquirir. El presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, también mencionó la construcción de unidades modulares prefabricadas y la habilitación de barcos de cruceros si fuera necesario en el caso de que los espacios alojativos fueran insuficientes.
Desde el punto de vista urbanístico se va a adecuar la normativa del suelo a las zonas afectadas para mantener el arraigo de las familias en las zonas más cercanas a la erupción. Torres anunció una partida inicial de seis millones de euros para las personas más vulnerables y otros siete millones para ayudas a las empresas y cooperativas agrícolas afectadas por la crisis volcánica.
Por su parte, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, confirmó que el próximo martes el Consejo de Ministros declarará a La Palma como zona catastrófica y aprobará medidas urgentes de corto plazo y también diseñará, junto al Gobierno canario y al Cabildo de La Palma, un plan especial de reconstrucción para la isla con iniciativas a medio y largo plazo. Sánchez anunció que también va a proponer que la próxima Conferencia de Presidentes autonómicos, que tiene previsto celebrarse en diciembre, se organice en la isla bonita como muestra de solidaridad de todo el país.
