Las coladas de lava del volcán de Cumbre Vieja, en La Palma, que arrasan cada vez más viviendas y fincas a su paso siguen modificando la fisonomía de la comarca oeste de La Palma, donde, a medida que se altera y muta su paisaje, se multiplican las preguntas sobre el futuro de estos terrenos sepultados una vez que se solidifique el material magmático.
Por lo pronto, ya se ha establecido que el terreno que la lava pueda ganar al mar pasará a ser automáticamente de dominio público marítimo terrestre y, por tanto, propiedad del Estado, toda vez que las propiedades soterradas bajo metros de escoria volcánica mantienen su titularidad privada. Entonces, ¿qué sucederá con estos terrenos completamente transformados por el magma? ¿Y cómo se acometerá la reconstrucción, si la hubiera, sobre un montón de roca volcánica que ha despojado a estas tierras de toda posibilidad de edificación y cultivo para los próximos 10 o 15 años, pero que, al mismo tiempo han adquirido un importante valor geológico y ambiental?
El Estado tiene la obligación de proteger este nuevo bien que forma parte del patrimonio geológico y que queda, por tanto, sujeto a la Ley de Patrimonio Natural y la Biodiversidad, de modo que este podrá o no expropiar tales propiedades. Los municipios palmeros afectados tendrán que modificar sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) y recalificar los terrenos pero, en el proceso de toma de decisiones y transcurso de una dramática erupción que puede prolongarse hasta noviembre, miles de habitantes damnificados se preguntan dónde podrán empezar a reescribir sus vidas desde cero.
El Gobierno de Canarias ya trabaja en un borrador de decreto ley urgente para poder recalificar los terrenos afectados, tal como anunció el presidente, Ángel Víctor Torres, a comienzos de esta semana. A esto se suma el debate sobre las continuas reivindicaciones de especialistas en geografía y geología que reclaman una mayor prevención urbanística y materializada en edificaciones que respeten los riesgos geológicos y meteorológicos de zonas concretas de las islas.
«Nos encontramos ante un escenario totalmente nuevo e incierto, así que cualquier determinación referida a la situación futura de todos esos terrenos y personas son puras ganas de responder a un problema realmente complejo con soluciones sencillas», manifiesta el arquitecto Jesús Álvarez, miembro fundador del estudio Álvarez Álvarez y Navarro Arquitectos, encargado de la redacción del nuevo Plan General de Ordenación de Los Llanos de Aridane, adjudicado el pasado mes de julio. En esta línea, el arquitecto Leonardo Navarro, también de Álvarez Álvarez y Navarro, señala que «nos encontramos ante un problema importante de ordenación del territorio donde no existe un modelo o referencia de lo que se debe hacer, de manera que, una vez que finalice el proceso eruptivo y tengamos datos ciertos del alcance de la parte afectada, nos tenemos que sentar a estudiar las diferentes circunstancias y valorar opciones». «Lo que sí sabemos es que el paisaje ha cambiado, así que no se puede reproducir lo que ya había, además de que habría que restituir infraestructuras, carreteras, líneas de abastecimiento y sistemas de riego», indica.
Por su parte, Álvarez apunta que «al margen del drama humano y las consecuencias sociales de este volcán, es evidente que ese terreno, en principio, ha dejado de ser útil». «Por tanto, lo mejor es hacer un diagnóstico claro de la realidad del problema una vez que se tenga todo el marco y, a partir de ahí, echarle muchísima imaginación y, sobre todo, muchísimo trabajo para darle la mejor solución y la que menos afecte a terceros», añade el arquitecto, quien estima que «esta solución va a servir de modelo para otras situaciones equivalentes en todo el mundo».
En su seguimiento de la evolución del volcán de La Palma, ambos anticipan que «lo más probable es que cualquier solución pase por comprimir la isla», en el sentido de que, o bien se comparten los terrenos de la superficie insular no afectada por la lava para realojar a las personas evacuadas, o bien se compensa económicamente a estas personas. A este respecto, los arquitectos destacan que la recolocación de las personas puede acometerse de distintos modos y que se deben tener en cuenta sus circunstancias, opciones y criterios.
Un nuevo modelo urbanístico para La Palma a largo plazo
Para Enma Pérez-Chacón, catedrática de Geografía de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), la tragedia acaecida en La Palma debería motivar una reflexión sobre «qué modelo de isla quieren ahora los palmeros». «Ahora mismo, La Palma tiene pocos planes generales aprobados, así que habría que aprovechar esta situación para pensar qué se necesita y qué lugares tienen capacidad de acogida para esas necesidades», apunta la catedrática.
A corto plazo, la solución «no pasa por reutilizar ese espacio porque la lava va a tardar un tiempo en enfriarse, pero las personas afectadas no pueden esperar a que se pueda o no reutilizar ese lugar». «Lo que hay que pensar es que ese espacio va a tardar mucho tiempo en poder acoger cualquier tipo de uso más allá de la propia conservación, así que creo que, desde el punto de vista de la ordenación del territorio, lo que habría que analizar es qué lugares de La Palma tienen la posibilidad de acoger de manera más inmediata a estas personas».
Asimismo, desde un punto de vista técnico, en conexión con las dimensiones de tipo política y jurídica, la catedrática defiende la urgencia de «asumir los riesgos» como un componente esencial a la hora de tomar decisiones sobre el territorio. «Canarias debe asumir que los riesgos naturales son factores sustantivos y capitales», afirma.
En esta misma línea, la arquitecta Magüi González suscribe que «construir encima de la zona afectada no solo es inviable sino que, además, es suicida». «Sobre todo, porque se trata de una zona de riesgo, así que hay que olvidarse de volver a construir ahí porque sería repetir el error», sostiene, y remarca que «los próximos planeamientos deben estar enfocados a contemplar este tipo de riesgos». «Creo que la mejor solución es construir un poblado en otro sitio», certifica.
La arquitecta sitúa como posible sistema de referencia los «poblados de colonización» construidos durante el régimen franquista y diseñados, a menudo, por algunos de los arquitectos más relevantes del momento. Estos pueblos estaban constituidos por viviendas y equipamientos necesarios para la vida en sociedad, desde escuelas y centros cívicos a centros parroquiales. «Esta solución se tradujo en la construcción de unos 300 nuevos pueblos a los que se llegó a desplazar a casi 50.000 personas de todo el país afectadas por la guerra y la miseria», explica González. «Se trataba de revitalizar zonas afectadas y muchos de estos poblados siguen hoy en pie», añade. «Fueron un éxito de diseño y de gestión, y hoy es un ejemplo para todos los arquitectos».
Con todo, el abogado urbanista Eduardo Risueño destaca que «la ley no tiene previsto este tipo de situaciones». «Lo más probable es que las administraciones modifiquen el planeamiento o la ordenación para convertir ese suelo en un suelo rústico de protección natural, porque tiene valores naturales recién implantados e, incluso, se podría plantear la posibilidad de su declaración como espacio natural protegido por los valores concurrentes», apunta.
Una de las soluciones que plantea Risueño se basa en «la permuta de esos terrenos, que ahora mismo son de propiedad privada, a través de una administración que les proporcione unos terrenos de valor equivalente y edificables en otro lugar, lo más próximo posible a la edificación anterior». «Ese tipo de permutas está previsto en otras normas, pero se podría prever con determinadas condiciones más beneficiosas para los propietarios, dada la situación». No obstante el abogado destaca que esta opción puede extenderse a un número limitado de viviendas y en un plazo de años. «Ya hubo una situación parecida en el barrio de Ojos de Garza, en Gran Canaria, donde el Estado expropió unos terrenos con numerosas edificaciones que entonces pasaron a ser de dominio público marítimo terrestre, así que se realojó a los afectados en parcelas próximas que fueran edificables», señala. A su juicio, y en consonancia con las declaraciones anteriores, «esta es una situación digna de un análisis mucho más profundo, pero que requiere de un tiempo de sosiego que los afectados no tienen».
