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Crisis volcánica

Hacienda exime a los afectados por el volcán de La Palma de pagar impuestos hasta 2026

La compra, construcción o alquiler de viviendas estarán exentas de IGIC. Se aplazan las obligaciones y deudas hasta 2022

Ángel Víctor Torres llega a la reunión del Consejo de Gobierno.

Las familias afectadas por la erupción volcánica estarán exentas de pagar impuestos autonómicos hasta 2026. El impuesto de transmisiones patrimoniales tendrá tipo cero para las viviendas nuevas que sustituyan a las destruidas por la lava y tampoco pagarán el IGIC que grava las entregas de viviendas, terrenos, alquileres y vehículos. También habrán aplazamiento en el pago de las obligaciones fiscales y de las deudas con Hacienda para aquellas personas y empresas que tengan domicilio fiscal o residencia permanente en La Palma.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer un decreto ley de medidas fiscales destinadas a la isla bonita para aliviar la situación de los contribuyentes palmeros mientras dure la erupción y posteriormente para restaurar lo perdido en viviendas, cultivos, terrenos o vehículos. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, precisó que estas exenciones fiscales se aplicarán en base a la capacidad que otorga el Estatuto de Autonomía al Ejecutivo y con los impuestos propios de la Comunidad, caso del IGIC, o cedidos por el Estado, como son los de patrimonio y actos jurídicos documentados y donaciones y sucesiones.

Rodríguez detalló las medidas fiscales con las que el Ejecutivo pretende «facilitar» la recuperación de La Palma, que se publicarán hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). A las bonificaciones fiscales, el Gobierno canario añade «aplazamientos automáticos –en vigor desde hoy– y generosos de las declaraciones de módulos del IGIC y de las deudas tributarias, incluidas las que estén en ejecución», agregó el titular de Hacienda.

Una de las principales medidas, por ser un bien básico tras la destrucción que está dejando el volcán, es la compra o alquiler de casas por las familias afectadas. El Ejecutivo aplicará el tipo 0 del IGIC a las entregas de viviendas radicadas en La Palma, con sus garajes y anexos, que se destinen a residencia habitual de los desalojados por la erupción antes del 31 de diciembre de 2026. También se pondrá tipo cero a las entregas de terrenos que se destinen a construir una vivienda en sustitución de un inmueble que haya sido destruido por la lava.

Tampoco pagarán IGIC aquellos titulares de apartamentos o viviendas de alquiler que hayan arrendado sus propiedades a las personas desalojadas, así como a las instalaciones hoteleras que hayan alojado a damnificados por el volcán. También se elimina el impuesto indirecto en la compra de vehículos para sustituir a los destruidos, así como la entrega de bienes utilizados en las actividades agrícolas y ganaderas.

En el ámbito del impuesto de sucesiones y donaciones también tendrán tipo cero los bienes donados hasta el 31 de diciembre de 2022 para las personas afectadas por la erupción o para empresarios y profesionales cuyos establecimientos hayan quedado destruidos.

En cuanto a los aplazamientos tributarios, el decreto ley recoge la ampliación de plazo de presentación de la autoliquidación del tercer trimestre de este año del IGIC y de AIEM hasta el 31 de enero de 2022 y se podrán beneficiar aquellos sujetos pasivos con domicilio fiscal o establecimiento permanente principal en La Palma. Asimismo, los que tengan obligación de presentar autoliquidaciones mensuales podrán presentar la correspondiente a septiembre hasta el 31 de diciembre de 2021 y la de octubre, hasta el 31 de enero de 2022. La norma también permitirá el aplazamiento de deudas tributarias que se encuentren en período ejecutivo, con las excepciones y condiciones que fija el propio decreto.

Ante lo que está sucediendo en La Palma, la Consejería de Hacienda introducirá en la ley de presupuestos autonómicos de 2022 bonificaciones en el tramo autonómico del IRPF para los afectados por el fenómeno volcánico de la isla bonita.

La Comunidad Autónoma también decidió ayer crear sus propios órganos internos de coordinación para dar más eficacia y rapidez a las ayudas y medidas que se vayan aprobando destinadas a La Palma. Se crea una comisión interdepartamental integrada por viceconsejeros del Gobierno. También se regula la oficina de asistencia a los afectados, dependiente de la Viceconsejería de Presidencia, para informar, asistir y apoyar la tramitación de los procedimientos de las personas afectadas.

Por otro lado, tanto el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, como el consejero de Administraciones Públicas y Seguridad, Julio Pérez, aclararon ayer que la partida de 10,5 millones que aprobó el Consejo de Ministros el pasado martes es una primera ayuda de emergencia pero que no va a ser la última y que en las próximas semanas se aprobarán nuevas partidas destinadas a la isla bonita para mitigar la catástrofe del volcán. Torres afirmó que el rescate y la recuperación de La Palma es «el objetivo número uno y la máxima prioridad» del Ejecutivo por la magnitud de los daños causados por la erupción en Cumbre Vieja, emergencia que sigue produciéndose y cuyas consecuencias aún no se pueden calcular hasta que el volcán pare definitivamente de emitir lava y gases.

Torres anunció que la oficina única que se abrirá en Los Llanos de Aridane para encauzar toda la información sobre los daños, las ayudas y la situación de las propiedades y explotaciones agrícolas contará con 14 trabajadores sociales para comenzar a paliar la parte psicosocial de la tragedia. Torres volvió a agradecer al Gobierno de España “su prontitud en la toma de decisiones desde la erupción y las que se tomarán en el futuro”. A su juicio, las 107 viviendas provisionales que están en disposición de ofrecer los gobiernos central y regional hasta finales de año son un primer paso que demuestra la diligencia y el pragmatismo en la búsqueda de soluciones. “El rugir del volcán llega a aquí, hasta este puesto de mando, pero las palmeras y palmeros deben saber que no estarán solos ante esta desgracia natural», señaló el jefe del Ejecutivo regional.

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