El borrador del real decreto ley de medidas urgentes para la reconstrucción de La Palma que el Consejo de Ministros prevé aprobar hoy incluye una ayuda máxima de 30.240 euros para los afectados por la destrucción de sus viviendas o por daños estructurales en las mismas. La disposición se hace extensible a establecimientos comerciales, industriales y de servicios.
El Estado asume, según la propuesta en la que ayer trabajó en su primera reunión la comisión interministerial que debe conducir la recuperación de la isla, hasta el 100% de los gastos en los que incurran los tres ayuntamientos afectados por la erupción del volcán en Cumbre Vieja derivados de la emergencia.
El paquete de ayudas, que incluye hasta 28 medidas -desde las fiscales al plan extraordinario de empleo ya anunciado por la ministra Yolanda Díaz, apoyo al sector agrario y pesquero, la suspensión de recibos en los suministros básicos, reparación de infraestructuras, recuperación de la biodiversidad o apoyo jurídico- establece también la suspensión de las obligaciones de pago de intereses y principal de préstamos y créditos, con o sin garantía hipotecaria, independientemente de si están o no al corriente de pago.
Se exonera también a los afectados por la colada del cumplimiento de contratos de compraventa o de servicios y suministros.
Respecto a las medidas relacionadas con el empleo, se contempla para empresarios y autónomos una moratoria en los pagos de la Seguridad Social de hasta un año, sin intereses, en el pago de las cotizaciones entre octubre o el aplazamiento con un interés reducido del 0,5%.
Al igual que se hizo durante la pandemia, el Consejo de Ministros va a permitir el rescate anticipado de planes y fondos de pensiones para los damnificados por la catástrofe del volcán.
Para el sector primario se prevén ayudas directas para compensar los daños en regadíos, un medida destinada en especial a los productores plataneros, y caminos rurales. Aunque está aún sin determinar esta partida también incluye ayudas para los pescadores que se han visto obligados a dejar de faenar tras las restricciones impuestas por el Pevolca.
El Gobierno permitirá también la permuta de las fincas dañadas por otras de titularidad pública donde puedan reubicarse las explotaciones agroaliamentarias. El Estado avalará a quienes soliciten préstamos destinados a garantizar la viabilidad de los negocios agrícolas y pesqueros.
Se permite a autónomos y empresarios suspender los contratos de luz, cambiar la potencia, congelar el pago de facturas durante seis meses y anular los contratos de las instalaciones destruidas.
Entre las medidas fiscales se incluye la exención del IBI para las viviendas y negocios dañados, la rebaja de las cuotas del IAE y el aplazamiento del ingreso de las deudas con Hacienda de las declaraciones cuyo plazo de presentación finalice desde la entrada en vigor del decreto ley hasta final de año.
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, cuantificó el domingo en La Palma en 206 millones de euros la cantidad destinada en el decreto ley.
Esta nueva línea de ayudas, que aprobará el Consejo de Ministros, vía decreto ley, se destinará «de manera urgente» a la reconstrucción de infraestructuras, entre ellas el suministro de agua, para el sector agrícola y el turístico, para el fomento del empleo y para incentivos fiscales.
El real decreto de hoy se une a otra partida de 10,5 millones para la adquisición de viviendas y de enseres de primera necesidad, en paralelo a la declaración de La Palma como zona catastrófica, en confinanciación con el Ejecutivo regional.
Entre las medidas urgentes que hoy tiene previsto aprobar el Consejo de Ministros se incluyen también las destinadas a los servicios sociales, la violencia de género, la recuperación del medio ambiente y los espacios naturales dañados por la lava.
Desde la Administración central se prevé también destinar una financiación extraordinaria, aún por cuantificar, para la prestación básica de los servicios sociales en La Palma y una ayuda especial para atender a los programas de atención y prevención para las víctimas de violencia machista o de delitos de odio afectadas por la catástrofe.
A raíz de la crisis volcánica el Gobierno de Pedro Sánchez incluye en el decreto ley ayudas para la recuperación del entorno de la Reserva de la Biosfera de La Palma, del área de influencia del Parque Nacional de la Caldera de Taburiente así como otras para la investigación del volcán y sus erupciones.
«Esta es una prueba de resistencia en la que no sabemos cuándo va a acabar, pero con independencia de cuándo esto suceda, garantizo la implicación de todas las administraciones para abordar la tarea enorme de reconstruir la isla y ofrecer un horizonte de tranquilidad, progreso y prosperidad», declaró Sánchez en la isla el domingo.
El real decreto deberá tras su aprobación pasar a las Cortes para su convalidación.
