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Volcán en La Palma

El Gobierno compra las primeras 18 casas para los afectados por el volcán en Tazacorte

El Ejecutivo reitera la opción de las viviendas prefabricadas | Los damnificados que han perdido casas son unos 600

Vidas rotas en Todoque, un barrio de La Palma sepultado bajo la lava Agencia ATLAS | Foto: EFE

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Vidas rotas en Todoque, un barrio de La Palma sepultado bajo la lava R. Acosta

La empresa pública Visocan aprueba hoy la compra de las primeras 18 viviendas que adquiere para entregar de forma prioritaria a las familias que se han quedado sin su única casa por el paso de la lava. Estos pisos están ubicados en el municipio de Tazacorte, mientras que la próxima semana está previsto que se compren 46 viviendas más también en los municipios limítrofes afectados por la erupción como son El Paso y Los Llanos de Aridane. El Gobierno regional mantiene el objetivo de adquirir un centenar de casas antes de finalizar este mes con los fondos de emergencia transferidos por la Administración del Estado –10,5 millones de euros– y la financiación propia, otros 10 millones.

La Consejería de Vivienda trabaja con la hipótesis de un máximo de 600 peticionarios de viviendas ya que los datos oficiales del catastro reflejan que son este número las casas que han sido destruidas por la erupción y la lava. Las gestiones que realiza Visocan y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) es llegar a final de año con un máximo de 280 inmuebles entre comprados y alquilados en la isla, lo que a todas luces resulta insuficiente si la demanda real de vivienda supera esta cifra. Por ello el consejero del área, Sebastián Franquis, reiteró ayer en la capital palmera la opción de las viviendas prefabricadas.

El titular de Vivienda indicó que las construcción de estas casas prefabricadas tardaría apenas unos 18 o 20 días y puntualizó que serían de carácter provisional, pese a que sean «de buena calidad», y que más adelante quedarían a disposición de los ayuntamientos para, por ejemplo, alojar a familias desahuciadas. Su construcción dependerá de que en esos municipios haya suelo urbanizable. En aquellos donde lo haya, el Gobierno de Canarias está «en condiciones» de contratar ya la construcción de esas viviendas prefabricadas porque ya se ha contactado con empresas especializadas y se han solicitado presupuestos.

Informe único

Para la entrega de estas viviendas a las familias que realmente las necesiten esta semana se ha puesto en marcha el equipo de trabajadores sociales que evaluará la situación socioeconómica de los afectados y realizará un informe único en coordinación con todas las administraciones. El protocolo suscrito ayer establece también la creación de una comisión técnica de emergencia social integrada por técnicos del Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos. Esta comisión se encargará de elaborar el baremo con el que se atenderá a los afectados en base a criterios objetivos. Asimismo, el protocolo establece que el equipo de trabajo social creado será el encargado de clarificar, organizar y ordenar todos los datos que ya han recogido los ayuntamientos y el Cabildo por distintas vías de las familias afectadas y crear de esta forma un registro único de perjudicados.

Las primeras trabajadoras sociales ya están en la oficina abierta en Los Llanos de Aridane para recopilar los datos que tienen los ayuntamientos más afectados y el Cabildo sobre las familias que han perdido inmuebles en la catástrofe y en los próximos días se incorporarán hasta 14 profesionales y una coordinadora que ya comenzarán de inmediato a realizar las entrevistas a los damnificados, tanto en la oficina como en el hotel o lugares donde estén alojándose para evitarles las menos molestias posibles. Con la información suministrada se harán los informes sociales que serán los que se trasladen a la comisión técnica para valorar el orden de prioridades en la entrega de las viviendas que se van a adquirir.

Durante la presentación del protocolo de intervención social, tanto el consejero como los alcaldes y el Cabildo dejaron claro que se trata de viviendas provisionales que se ponen en manos de los más afectados para que tengan un lugar donde vivir pero en modo alguno es la solución definitiva. De hecho, la alcaldesa de Los Llanos, Noelía García, advirtió que de forma mayoritaria los afectados quieren seguir viviendo en el municipio, aunque entienden que «quizá de forma temporal tengan que ir a otro sitio», pero aspiran a «compartir un espacio comunitario con sus vecinos».

Al margen de las gestiones del Gobierno de Canarias, García apuntó que el Ayuntamiento de Los Llanos está analizando diferentes bolsas de suelo próximas a Todoque, Las Manchas y en el entorno del casco urbano de Los Llanos, para ver si es posible que los afectados tengan «una solución a largo plazo» y que no haya «desarraigo». En sentido, Sebastián Franquis matizo que «lo que vamos a hacer ahora de manera urgente es atender a la emergencia habitacional que afecta a muchas familias de la isla, que cada uno tenga una vivienda provisional con la vista puesta en que un futuro no muy lejano, cada uno sepa ya dónde va a tener su vivienda definitiva, dónde va a vivir a partir de ese momento para volver a reconstruir su proyecto de vida que es lo que todos esperamos. En ese sentido, garantizo que no va a haber dificultad por parte de las administraciones, y especialmente del Gobierno canario, para aportar todos los recursos y todos los medios que sean necesarios».

Respaldo del Senado a los afectados por el volcán

Por otro lado, el Senado mostró ayer su respaldo unánime a los afectados por el volcán de La Palma con la aprobación de una moción del PP que insta al Gobierno a adoptar medidas «para paliar la catástrofe» y a promover la recuperación de la isla. En su moción el senador palmero Asier Antona reclama al Ejecutivo gestiones para ayudar a los afectados por la erupción del volcán, a los ayuntamientos, empresas y explotaciones agrícolas, así como habilitar líneas preferenciales de préstamos y ofrecer alojamiento a quienes perdieron su viviendas, sin olvidar la solicitud de fondos solidarios a la Unión Europea. La moción fue aceptada por 244 votos a favor y 0 en contra.

Por su parte, el senador de Coalición Canaria Fernando Clavijo confió en que la «más que necesaria unidad entre fuerzas políticas y administraciones» no impida poner en marcha mecanismos que permitan agilizar «al máximo» la tramitación de las indemnizaciones y que éstas lleguen en el menor tiempo posible a los afectados por la erupción volcánica de La Palma. En su intervención el senador nacionalista defendió fijar el trámite de las ayudas, subvenciones y bonificaciones en un tiempo máximo de un año, una iniciativa con la que Clavijo buscaba evitar que se repita lo ocurrido en otras catástrofes como las del terremoto de Lorca o las de la borrasca Filomena, cuyos afectados siguen sin percibir las ayudas prometidas.

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