¿Desde el punto de vista de los profesionales se dan las condiciones para hacer el informe social de las familias afectadas de forma ágil y eficaz?
Los trabajadores sociales tenemos dos tareas fundamentales. Por un lado, establecer un registro único de afectados recabando toda la información que tienen las distintas administraciones para hacer una sola ficha de cada familia o persona afectada. También nuestra labor es realizar un informe social con un diagnóstico que sirva para todas las instituciones y para todas las ayudas y, por otro lado, que las familias sean atendidas de la mejor manera posible. Para ello hemos configurado un equipo con un horario flexible de lunes a domingo durante todo el día. Pretendemos ser el puente de unión entre las familias y la Administración, de tal manera que no les tengamos que pedir documentos o los menos posibles.
«Pretendemos ser el puente de unión entre las personas y familias afectadas con la Administración»
¿La legislación y los trámites administrativos se exceptúan en casos como estos?
Sería necesario realizar un marco normativo para que este tipo de procedimientos de emergencia se hagan de oficio, es decir, que las familias hagan menos trámites y que la agilidad de los plazos sea la máxima posible. Creemos que la Administración está en la línea de crear ese marco normativo para trabajar de forma coordinada entre todos porque cada vez que hay una catástrofe hay que empezar desde cero, por lo que si existiera una norma base nos permitiría dar respuestas más rápidas a cualquier emergencia natural. Los trabajadores sociales no somos los que vamos a dar las ayudas pero sí vamos a elaborar los informes sociales donde se reflejarán las necesidades de cada persona y núcleo familiar para que las ayudas les lleguen. Habrá una baremación que determinará las prioridades en materia de vivienda, empleo y otras cuestiones para que se les asigne una casa, una prestación u otro tipo de ayuda.
El protocolo establece dos meses para terminar los informes sociales ¿Finalizarán en tiempo y forma?
Nuestro compromiso es ese, otra cosa es que el día a día nos pueda porque hay que tener en cuenta aspectos como la dispersión de las familias, por eso tenemos la amplia disposición de horarios. Si con las trabajadoras sociales contratadas no es suficiente y el trabajo corre el riesgo de ralentizarse existe la posibilidad de realizar más contrataciones, según nos ha dicho la Consejería. Nos hemos basado en el número de viviendas que hay afectadas en este momento, que son unas 600, pero como la erupción no ha terminado no sabemos exactamente cuántas familias se verán afectadas. También se puede dar el caso de que en una casa viviesen varias familias, en estos casos cada una requiere un informe social.
«Pedimos que las ayudas no se condicionen por deudas con Hacienda o la Seguridad Social»
¿Cómo detectan las familias que han perdido su única vivienda dadas las distintas casuísticas que existen?
Vamos a partir del trabajo inicial que han hecho los trabajadores sociales de los ayuntamientos y cuando hagamos el informe social una de las pautas de nuestra profesión es contactar con el profesional de referencia para comprobar la situación de las familias porque queremos recoger todas sus necesidades para hacer un trabajo coordinado con el Cabildo y los ayuntamientos. Por eso hay una comisión técnica donde estamos todos presentes.
¿Cuál es el perfil que se pretende realizar?
Analizamos la situación sociofamiliar –número de miembros, si hay discapacitados, dependientes o menores– y la situación económica antes de la erupción y ahora porque a lo mejor lo han perdido todo. Como Colegio Profesional hemos pedido al Gobierno que las ayudas no se condicionen por posibles deudas con la Seguridad Social o Hacienda porque puede darse la circunstancia de que alguna familia pueda tener deudas y eso no puede suponer que les dejen de dar las ayudas. Es algo que se debe exceptuar como ya se hace con las ayudas de emergencia social, por eso es importante contar con ese marco normativo base para saber cómo actuar desde el punto de vista social ante una catástrofe. Tampoco a nivel estatal hay una normativa ante este tipo de hechos.
