Canarias va a crear un registro único oficial para gestionar las ayudas a los damnificados de la erupción en La Palma. El vicepresidente y consejero de Hacienda del Ejecutivo regional, Román Rodríguez, anunció ayer en el Parlamento que este registro se aprobará en un decreto ley con el objetivo de agilizar los procedimientos administrativos para la concesión de las diferentes ayudas.
Rodríguez explicó que la respuesta pública a la emergencia esta siendo rápida y sensible, pero que ahora se precisa de la máxima diligencia para que los procedimientos permitan que las ayudas lleguen lo antes posible de manera «ágil, segura, justa y transparente». Este registro oficial único será la fuente de información de la que se nutran todas las administraciones para ayudar a los damnificados, «eliminando papeleo y recortando plazos», aseguró el vicepresidente.
El anuncio del consejero de Hacienda coincidió ayer con la reunión que su homóloga del área de Agricultura, Alicia Vanoostende, mantuvo con el ministro del ramo, Luis Planas, para ultimar los detalles de la transferencia de fondos valorados en 20,5 millones de euros para el sector primario de La Palma y los daños que se cubrirán con esta partida.
Vanoostende explicó que el motivo principal del encuentro ha sido la tramitación urgente de las ayudas que se destinarán a la actividad agrícola, ganadera y pesquera afectadas por la erupción volcánica. «Seguimos con preocupación» la evolución del volcán en La Palma y su afección en el sector primario de la isla, señaló Vanoostende, pues son más de 188 las hectáreas de suelo agrario arrasadas por la lava, entre las que se encuentran 97 dedicadas al cultivo del plátano, 50 a la viña y 13 al aguacate. Además de explotaciones ganaderas afectadas con más de 2.000 cabezas de ganado evacuadas, redes de riego y accesos a fincas destruidos, la flota pesquera amarrada en puerto y los efectos de la ceniza en cultivos de toda la isla.
La titular de Agricultura destacó la coordinación y el diálogo constante con el Ministerio para aportar soluciones que den respuesta al mal momento por el que pasa el sector. «En esta situación toda ayuda es poca para La Palma, por lo que debemos movilizar al mayor número de instituciones públicas; ahora, más que nunca, todos estamos con la isla», aseveró la consejera.
Es el caso de la Guardia Civil, que cuenta con 281 agentes de distintas unidades y especialidades realizando distintos cometidos en la isla bonita, entre los que destacan principalmente los desalojos –más de 7.000 personas–, control de tráfico, vigilancia de caminos forestales, vigilancia de la zona de exclusión de navegación, colaboración con la UME en las mediciones de gases y coordinación de todos los cuerpos de seguridad y emergencia. Precisamente ayer visitó la isla la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, que participó en la reunión del comité director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca) del Gobierno de Canarias. Gámez resaltó la coordinación entre todas las instituciones, con especial reconocimiento a los ayuntamientos, y agradeció la inestimable contribución del Comité Científico y de todos los intervinientes y voluntarios que han permitido que no haya que lamentar daños personales. Gámez felicitó a la población de La Palma por su comportamiento ejemplar y destacó la ausencia de incidentes durante este mes.
La Benemérita también ha colaborado en el rescate de más de 600 animales –domésticos como perros y gatos; de granja como cerdos, gallinas, cabras o burros; aves exóticas; e incluso colmenas de abejas–. La Guardia Civil ha hecho gestiones, además, para reubicar animales de explotaciones ganaderas fuera de la zona de exclusión. Los animales se han ido llevando a diferentes centros de acogida. También hace recorridos a diario con distintas ONG para atender a animales silvestres.
Realojos
El Ministerio del Interior ha transferido ya al Gobierno de Canarias una partida de 10,5 millones de euros en concepto de subvención directa para cofinanciar la compra de hasta 107 viviendas y de los enseres de primera necesidad para el realojo de las personas que han perdido su residencia por el volcán. El ministro Fernando Grande-Marlaska firmó este lunes la orden de transferencia después de que el Gobierno de Canarias haya realizado los trámites administrativos pertinentes.
La transferencia de los 10,5 millones de euros fue aprobada el pasado 28 de septiembre por el Consejo de Ministros en el marco de la declaración de La Palma como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil y dentro de un paquete de medidas, tanto urgentes como enfocadas a medio plazo, destinadas a ayudar a las personas afectadas por la erupción del Cumbre Vieja y a articular la recuperación económica de la isla y la reconstrucción de las infraestructuras.
La Comunidad Autónoma deberá destinar 5,5 millones transferidos a la adquisición de las 107 viviendas previstas por el Gobierno autonómico para realojar a los damnificados, mientras que los cinco millones restantes serán destinados a subvencionar la adquisición de los enseres de primera necesidad necesarios para la habitabilidad de esas viviendas o de las dañadas por las distintas coladas de lava.
Estos 10,5 millones de euros forman parte de una primera partida de ayudas. La dimensión y magnitud de esta catástrofe natural, así como la imprevisibilidad de su evolución y duración, han llevado al Gobierno a aprobar, en el Consejo de Ministros celebrado el pasado 5 de octubre, un segundo paquete de medidas de asistencia y apoyo a los afectados, así como para la reparación de sus consecuencias y el impulso de la reconstrucción económica, social, laboral y medioambiental. En cumplimiento de este acuerdo, el Ministerio del Interior trabaja ya para facilitar a los damnificados el acceso a las ayudas destinadas a paliar daños personales y en viviendas y establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; a corporaciones locales por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia; y a personas físicas o jurídicas por prestaciones personales y de bienes.
El real decreto-ley aprobado el pasado martes concede un plazo excepcional de seis meses para solicitar las ayudas a la Delegación del Gobierno en la Comunidad Autónoma.
Ayuda íntegra para los ayuntamientos
Las ayudas del Ministerio del Interior para paliar las consecuencias de la erupción en La Palma no solo son para los ciudadanos, sino también para las instituciones. En el caso de los ayuntamientos, el departamento de Fernando Grande-Marlaska ha aprobado ayudas por gastos ocasionados para hacer frente a la emergencia por un importe que puede extenderse hasta el 100% de los gastos. Hay que recordar que también se han sacado ayudas destinadas a paliar daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Cuando el interesado hubiese sido indemnizado por el Consorcio de Compensación de Seguros con aplicación de la franquicia prevista en el régimen del seguro de riesgos extraordinarios, se podrá conceder una subvención de hasta el 7% de la cuantía de los daños indemnizables, hasta un importe máximo de 9.224 euros, siempre que no se supere en total la cuantía del daño causado. La mayor parte de las ayudas se destina, eso sí, para la atención de las personas damnificadas que han perdido sus viviendas. | LP/DLP
