El Gobierno central aprobará el martes en el Consejo de Ministros nuevas medidas dirigidas a los autónomos afectados por la erupción volcánica en el marco de la modificación del Real Decreto-Ley del llamado escudo social. Junto a la prestación por cese de actividad, se articula una prestación extraordinaria para los trabajadores autónomos afectados por la suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de los daños ocasionados por las erupciones volcánicas y que tendrá como cuantía el 70% de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada. El derecho a esta ayuda de carácter extraordinario se inicia desde el día siguiente de la suspensión de la actividad hasta el 28 de febrero de 2022, coincidiendo con el nuevo periodo habilitado para los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) con motivo de la pandemia.
Para recibir esta prestación los trabajadores autónomos tienen que estar dados de alta en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia y de los trabajadores del mar. Asimismo, el autónomo tiene que estar al corriente de las cuotas a la Seguridad Social y, en el caso de que no cumpliera este requisito, se le pediría al trabajadores que en el plazo de 30 días ingrese aquellas cuotas debidas.
Otra precisión que contiene el nuevo texto es que durante el tiempo que la actividad esté suspendida el autónomo podrá seguir de alta en el régimen especial y exonerado de la obligación de cotizar hasta el límite del 28 de febrero de 2022. Este periodo se considera como cotizado y los pagos serán asumidos por la Administración. En el caso de los socios trabajadores de las cooperativas que se encuentren en el régimen especial por cuenta propia también tendrán derecho a esta prestación extraordinaria.
El Gobierno prevé el martes en el Consejo de Ministros ampliar las principales medidas del denominado escudo social desde el 31 de octubre, cuando vencía el plazo actual, al 28 de febrero de 2022. Así lo han propuesto los siete ministerios involucrados de cara a su aprobación y en cuyo texto está incluido el nuevo régimen de ayudas para los autónomos afectados por la erupción volcánica de La Palma.
Los autónomos con trabajadores a cargo tienen que acreditar el cumplimiento de sus obligaciones
El Ejecutivo ampliará así tanto la prohibición de los desahucios de familias vulnerables que viven de alquiler como la posibilidad de que este tipo de hogares obtengan un aplazamiento o condonación en el pago y una extensión del plazo de vencimiento del contrato de arrendamiento. Asimismo, se ampliará la prohibición de cortarles los suministros fundamentales (como la electricidad, el agua y el gas) y las medidas relativas a la violencia de género. La prórroga hará que estas medidas del escudo social finalicen al mismo tiempo que el mecanismo especial de ERTE por la pandemia, es decir, hasta el 28 de febrero del próximo año.
En el caso específico de los trabajadores autónomos afectados por la erupción del volcán de Cumbre Vieja también pueden acceder a esta ayuda extraordinaria por cese de actividad. Los requisitos son similares en cuanto a estar dados de alta en la Seguridad Social y estar al día de las cuotas sociales. La cuantía de la prestación también será del 70% de la base mínima de cotización.
En el caso de autónomos que tenga uno o más trabajadores a su cargo deben acreditar el cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social a través de una declaración responsable. La prestación extraordinaria podrá comenzar a devengarse con fecha 1 de octubre y tendrá una duración máxima de cinco meses con finalización del 28 de febrero.
Las mutuas y el Instituto Social de la Marina, en el caso de los trabajadores del mar, abonarán al trabajador, junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones previstas de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna. Los trabajadores de las cooperativas también tendrán derechos a esta ayuda.
La revisión de todas las resoluciones establecidas comenzarán a partir del 1 de mayo de 2022, según establece el nuevo texto.
Esta ayuda de carácter extraordinario hasta el 28 de febrero es complementaria al derecho a percibir la prestación por cese de actividad que ya estaba en el Real Decreto-Ley 18/2021 de 28 de septiembre, sin que se computen los cinco primeros meses de percepción de la prestación.
El Consejo de Ministros aprueba el martes el decreto para ampliar el ‘escudo social’
En los últimos días tanto las organizaciones empresariales como los colectivos que representan a los autónomos habían elevado sus quejas al Gobierno y a la ministra de Economía, Nadia Calviño, y habían exigido el pago inmediato de las ayudas para poder sobrevivir ante las pérdidas ocasionadas por la erupción volcánica. Las asociaciones empresariales advirtieron al Ejecutivo central hace casi un mes sobre este problema ya que a los autónomos se les estaba acumulando cuotas, impuestos y cotizaciones sin ningún tipo de ingreso, lo que estaba poniendo al límite la capacidad económica de muchos autónomos que se han quedado sin actividad de forma abrupta como consecuencia de la erupción volcánica y los estragos de la lava.
Los colectivos de autónomos calculan que alrededor de 600 trabajadores por cuenta propia están afectados por esta erupción de los 5.000 autónomos que desarrollan su actividad en La Palma y cuyo número puede aumentar si la erupción se mantiene.
Compromiso para agilizar los cambios urbanísticos y reducir la burocracia
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manifestó ayer, ante los representantes del Cabildo de a Palma y de los municipios afectados por el volcán, el compromiso del Ejecutivo central por cambiar normativas urbanísticas y administrativas para tratar de agilizar la reconstrucción en La Palma una vez acabe la erupción.
En una rueda de prensa Rodríguez recordó que se ha creado un grupo de trabajo liderado por el Gobierno canario para que, «con esfuerzo creativo», se busque la manera de agilizar plazos en diversos campos.
«El problema no puede ser la burocracia», señaló la ministra, para quien «esto acabará cuando se recupere la vida y la normalidad» de los ciudadanos. Por lo que no se trata solo de aportar ayudas o inversiones en infraestructuras sino de «la voluntad de participar en la recuperación».
En ese sentido, anunció que a comienzos de la próxima semana su ministerio transferirá al Cabildo de La Palma una primera partida de 500.000 euros –de un fondo de 38 millones– para ayudar en los primeros costes relacionados con las carreteras. En cartera está financiación para obras de reparación, restitución o reconstrucción de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal o insular, cuya estimación de daños hasta hoy es de 10 millones de euros; ayudas para obras en la red viaria afectada por el siniestro –LP-212 (Tacande), LP-213 (Puerto Naos-El Remo), LP-2132 (Tazacorte por la Costa)– cuya estimación de daños alcanza los 27 millones.
