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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Educación

Denuncian que el Gobierno incumple la Ley Canaria de Educación

La Plataforma por el 5% advierte de que la inversión en Educación retrocede desde el 4,55% de 2021 al 4,29% del PIB para 2022 en el proyecto de presupuestos del Gobierno

Escolares en la capital grancanaria, que se verán afectados por el incumplimiento por el Gobierno de la Ley Canaria de Educación.

El Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma Canaria 2022 enviado por el Gobierno de Canarias al Parlamento regional recoge una previsión de un PIB de 48.955 millones de euros para el año 2022 y un gasto consolidado en Educación de 2.101.077.095 euros, lo que significa que la inversión en Educación en estos presupuestos, no sólo no alcanza el 5% del PIB sino que retrocede hasta el 4,29%, 0,26 puntos porcentuales menos que en el pasado ejercicio. De esta manera, el Gobierno incumple la Ley Canaria de Educación. Así lo denuncia la Plataforma por el 5% para la Educación, que considera que, a pesar de las especiales circunstancias creadas por el Covid o el apoyo urgente y obligado a la situación de La Palma, se daban las condiciones para mantener o incrementar ligeramente los niveles de inversión respecto al PIB alcanzados en la Educación.

"Esperábamos que este gobierno autodenominado progresista entendiera la oportunidad de hacer pedagogía social y activara algunas medidas fiscales compensatorias hacia las rentas altas para mejorar los ingresos de la comunidad y poder afrontar dichas urgencias y la mejora de nuestros servicios públicos. Lamentablemente no ha sido así y, pese al esfuerzo realizado -gracias, en gran parte, a los fondos procedentes de Europa y del Estado-, Canarias sigue siendo un ejemplo paradigmático de desigualdad social: verdadero paraíso fiscal para los grandes lobbies empresariales y campeona estatal en tasas de pobreza, déficits en los servicios públicos y bajos salarios".

Descenso en la fiscalidad

La Plataforma asegura que el descenso de la inversión en Educación (del 4,55% al 4,29% del PIB) viene acompañado, además, por un descenso en la fiscalidad (ingresos por impuestos y tasas) la cual pasa del 7,44% al 7,07 del PIB, cuando el pasado ejercicio ya era la más baja, con diferencia, de toda España. Dicha reducción de ingresos fiscales en relación al PIB supone renunciar a 181.173.478 €. Si la fiscalidad se hubiera mantenido en el 7,44% del PIB, Canarias habría tenido margen suficiente para incrementar al menos ligeramente su inversión en Educación hasta el 4,66% del PIB sin tocar ninguno de los otros gastos. Esto demuestra, desde nuestro punto de vista, el error y la oportunidad perdida en este proyecto de presupuesto.

"Si bien es cierto que el incremento en Educación en términos absolutos es el mayor de los registrados desde 2008, con 153.316.612 euros, está cifra se aleja mucho del mandato de la Ley Canaria de Educación y del 4,55% del PIB alcanzado en el pasado ejercicio 2021".

Plan a corto plazo

"Sorprende que ante este claro incumplimiento no se ofrezca, además, ninguna alternativa para alcanzar el 5% del PIB a corto plazo. Desde la Plataforma por el 5% para la Educación exigimos y vemos necesario un plan detallado para alcanzar el 5% del PIB en un plazo razonable en el que se especifique los escenarios del PIB de los próximos años, los incrementos del presupuesto de Educación para cada año y las modificaciones en los presupuestos (mermas de otros gastos e incrementos de ingresos) necesarios para cumplir este objetivo. Proponemos, además, que la consejería del área elabore de modo simultáneo y urgente un plan de inversiones que establezca el destino de estos incrementos para resolver el grave retraso en la implantación de la educación infantil de 0-3 años, el déficit en las plantillas docentes, la modernización de los centros, la extensión de la FP y la atención a la diversidad".

Los miembros de la Plataforma por el 5% continúan señalando en su escrito que "la creciente brecha educativa que mantiene Canarias respecto al resto de comunidades exige de nuestros responsables políticos más conciencia, más valentía y un mayor compromiso para afrontar con urgencia los objetivos previstos en la Ley Canaria de Educación. Extremadura, una comunidad con menos renta per cápita e indicadores sociales similares a los nuestros, lleva más de una década invirtiendo por encima del 5% de su PIB en la educación, lo que le ha llevado a superar su retraso histórico y situarse en los principales indicadores educativos no solo por encima de las medias de Canarias sino por encima de las medias estatales".

"Canarias alumbrará un futuro económico más próspero y menos desigual cuando la Educación sea una verdadera prioridad que esté respaldada por unos presupuestos que respondan a las necesidades detectadas por la propia Ley Canaria de Educación", concluyen.

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