Ocho de las diez nuevas titulaciones aprobadas la pasada semana por el Gobierno de Canarias, se implantarán en centros privados. En concreto, se aprobó para la Universidad Las Hespérides -centro online-, los grados de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Derecho y Economía, y tres másteres en ADE, en Dirección de Empresas de Servicios Turísticos y en Economía; para la Universidad del Atlántico Medio el grado en Psicología; y para la Fernando Pessoa‒Canarias el grado de Medicina. Una oferta que en su conjunto, ya está consolidada en las universidades públicas canarias, y que ahora deberá pasar por el filtro de la Aneca.
Dicho aumento de la oferta privada obedece, fundamentalmente, a los requisitos que impone la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario en España, para ser considerada universidad, según señala el director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Manuel Ramírez. «Se están aprobando tantos títulos de universidades privadas respecto a las públicas porque se ha producido un efecto derivado del decreto que entró en vigor el 17 de agosto de 2021 que dice cuáles son los requisitos para que una universidad pueda ser considerada universidad, y el mensaje a las privadas es que, de aquí a cinco años, en el 2026, cualquier universidad que quiera ser considerada universidad tiene que tener como mínimo diez grados, seis másteres y dos doctorados, es decir 18 títulos», indicó.
No obstante, el director general de Universidades especifica que la Aneca -Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación- será la que tenga «la última palabra» sobre si se implantan o no las carreras aprobadas en Consejo de Gobierno el pasado 28 de octubre. «Si la Aneca lo autoriza, esa titulación se oferta, pero si dice que no, no se va a ofertar».
En Canarias hay cuatro universidades privadas y de momento, ninguna cumple con los requisitos de la nueva ley. Como ejemplo, Ramírez señaló que con el decreto anterior, la Universidad de Las Hespérides, aprobada en la pasada legislatura, sólo necesitaba ocho títulos, para recibir la autorización de la Consejería de Educación para su puesta en marcha.
La nueva Ley, además de exigir un mínimo de 18 títulos -grados, posgrados y doctorados-, también requiere, para no perder la condición de universidad, que se diversifique la oferta por ramas. «Eso quiere decir que una universidad que sólo da títulos en ciencias sociales y jurídicas, o sólo en el área de ciencias sanitarias, no se puede llamar universidad». Es necesario dar títulos de grado, posgrado y doctorado en tres de las cinco ramas de conocimiento -Arte y Humanidades, Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud, Ciencias, e Ingeniería y Arquitectura-. «En estos momentos las universidades privadas se orientan allí donde está el negocio, y la ley ahora les obliga no sólo a implantar más títulos, sino que lo hagan para ser una universidad, y no sólo para ganar dinero».
Por lo tanto, mientras que las dos Universidades públicas de Canarias ya tienen una oferta consolidada de títulos en todas las ramas de conocimiento, los centros privados se encuentran en fase de decidir qué titulaciones nuevas implantar y que no les suponga una inversión elevada, para no desaparecer.
Existe, no obstante, un rechazo por parte de las universidades públicas a la aprobación de títulos en las privadas, máxime cuando suponen una duplicidad que hasta ahora no se había permitido entre ellas. Como ejemplo, hace unos años la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria solicitó la implantación de la carrera de Psicología, pero el Gobierno canario lo rechazó porque ya existía en La Laguna.
El hecho de que ahora se apruebe Psicología o Medicina en la privada obedece, según Manuel Ramírez, a que la universidad privada es iniciativa privada que no se sufraga con dinero público. «Hoy por hoy una universidad privada puede hacer lo que quiera porque es su dinero. Canarias nunca ha hecho una moratoria académica y esto es un libre mercado. Aquí, en su momento, el PP montó la burbuja universitaria facilitando la creación de universidades chiringuito. Al final, a una privada no le puedes decir que no a un título si reúne los requisitos, porque como empresa, en un mercado libre, lo gana en los tribunales, como ya se ha visto».
Este procedimiento es diferente para las Universidades públicas canarias, porque el 86% de su presupuesto sale del dinero público, de la Comunidad Autónoma de Canarias. «En este caso, el Gobierno puede decir que, en lugar de poner el mismo título, sería mejor poner un doble grado que aúne ese título con otro y así se enriquece la oferta, no de duplica. En su momento el Gobierno no aprobó implantar Psicología en la ULPGC porque prevaleció un criterio, el de calidad». El responsable regional de la política universitaria afirma que lo idóneo es una oferta complementaria entre ambas universidades públicas «para que el canario tenga la mejor oferta de títulos posible para estudiar en Canarias».
Amenaza
Respecto a si las universidades privadas supondrán una amenaza para las públicas, Ramírez manifestó su convicción de que no, teniendo en cuenta el papel que jugará la futura Ley Orgánica del Sistema Universitario. «Habrá que ver si las privadas siguen siendo universidades dentro de cinco años o se van a llamar de otra manera, porque aquí la burbuja universitaria ha de desinflarse, no puede ser que le estés haciendo competencia desleal a una universidad de verdad, cuando en realidad es una academia donde no se investiga, ni se transfiere».
El director general de Universidades insistió en que la futura normativa de la enseñanza superior «va a poner orden en el desorden que se creó hace cinco años, donde se consideró que la universidad era una manera de hacer economía, la gente no es consciente de que la educación es algo más que un negocio. Si la privada quiere ser universidad va a tener que invertir mucho dinero, y a lo mejor no va a ser tanto negocio».
Manuel Ramírez subrayó la importancia de que las universidades públicas pongan el foco en la calidad y añadió que en la futura estrategia de la enseñanza universitaria en Canarias en la que trabajan, a cinco años vista, adquieren un mayor protagonismo la rendición de cuentas y la transparencia, «porque las universidades públicas canarias cuestan a los ciudadanos 445 millones de euros al año». Y en este sentido recalcó que «dentro de la autonomía universitaria, también hay que aumentar la capacidad de captar recursos en otros ámbitos».
