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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Sant Joan 2010

El atropello masivo de Castelldefels en 2010 apunta a Estrasburgo

Tras 11 años de peregrinación judicial, el caso se encuentra ahora en manos del Supremo

Homenaje a las víctimas de Castelldefels, en junio de 2016.

Once años después del arrollamiento masivo que se produjo en la estación de Castelldefels Platja durante la verbena de Sant Joan, las familias de las víctimas están a punto de agotar las vías estatales de recurso y ya tienen la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Para este último tramo de peregrinación judicial, que puede prolongarse varios años, cuentan con el acompañamiento de un nuevo y reconocido abogado, Benet Salellas, el cuarto que acepta llevar el caso contra Adif sin cobrar.

A las 23.23 horas del 23 de junio de 2010, un tren que circulaba a 140 kilómetros por hora embistió a una muchedumbre que cruzaba las vías por un lugar no autorizado. Fallecieron 12 personas, la mayoría muy jóvenes y todos de origen latinoamericano, y hubo 17 heridos. Sentencia tras sentencia, los jueces han considerado que el arrollamiento se produjo por la negligencia de las víctimas, que no esperaron a cruzar por el paso subterráneo recién inaugurado. En cambio las familias defienden que la masificación, el reciente cierre del paso elevado, las condiciones del andén y la ausencia de seguridad en una noche en que miles de personas iban a celebrar la verbena en al playa contribuyeron al trágico suceso.

Enfrentarse al poder

Sin apoyo social ni recursos económicos, los familiares y sus letrados han logrado llevar estos argumentos hasta el Tribunal Supremo. Eidy Ayala, que perdió a su hijo Jesús David, de 19 años, asegura que desde el principio tuvo claro que el proceso se alargaría entre 10 y 15 años y que acabarían apelando a Europa: "Siempre pensé que aquí no íbamos a ganar y que tendríamos que llegar hasta el tribunal de derechos humanos. Nos enfrentamos al poder y eso es muy difícil, pero tenemos que seguir luchando”.

Otros aspectos a los que han tenido que enfrentarse los familiares son las reacciones generalizadas de culpabilización de las víctimas, que asocian a sus orígenes latinos, y la falta de recursos para pagar a los abogados. Respecto a esta última cuestión, sin embargo, Ayala considera que son muy afortunados. “Durante todo este tiempo hemos tenido a un Dios que no nos ha desamparado -afirma-. Aunque no podíamos pagar, un abogado tras otro, personas buenísimas, se han ido presentando voluntarios: Andreu [Van Den Eynde], Libry [Ahumada], Núria [López]”.

Causa pendiente, no perdida

Una profunda sensación de injusticia ante las sentencias (algunas dictadas en apenas 15 días), que repetidamente exoneran a Adif y Renfe de cualquier responsabilidad y que obligan a los demandantes a pagar las costas de los juicios, movió a estos letrados, y ahora a Benet Salellas, a coger el caso pro bono, es decir cobrando solo los gastos. Salellas se niega a considerarlo una causa perdida: “¡Eso no hay que decirlo nunca! -exclama-. No hay causas perdidas, hay causas pendientes, ¡pendientes de ganar!”. Aun así concede que se trata de un caso “muy desgraciado” y con connotaciones clasistas.

Antes de llegar al tribunal de derechos humanos, al caso le quedan aún dos paradas: el Supremo y el Constitucional. Pero Salellas ya ha empezado a acomodar los argumentos para que, llegado el caso, puedan tener recorrido en Estrasburgo. Las tesis centrales que desde septiembre ya obran en manos del Supremo se centran en la sentencia de 2014 de la juez penal, que consideraba la posibilidad de que hubiera una responsabilidad civil de Adif, y en los testigos que afirman que varias personas cayeron a las vías no por voluntad propia sino arrastradas por la masa. 

Indemnizaciones

Salellas no oculta que el objetivo de que las víctimas sean indemnizadas será “muy difícil” porque las salas de los jueces que investigan este tipo de temas “casi nunca dan indemnizaciones”. Las familias españolas de los heridos no se sumaron a la causa porque sus abogados les convencieron de que no había nada que hacer.

“Hasta ahora es como si los jueces estuvieran diciendo: ‘Tengan razón o no, estas familias no tienen razón’ -comenta Eidy Ayala-. Pero lo último que hay que perder es la esperanza. Yo creo en la justicia y sé que más tarde o más temprano se hará justicia”.

La Comisión Europea abrió en 2019 un expediente sancionador a España para que se pusiera a la altura de los requisitos europeos en lo que respecta a la forma de investigar los accidentes ferroviarios, que Bruselas consideraba deficiente. Sin embargo el expediente no hacía referencia a ninguno de los accidentes más graves, como el del Alvia en Galicia que causó 80 muertos, o el atropello masivo de Castelldefels.

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