El Consejo de Ministros impulsa el Plan Extraordinario de Empleo y Formación para hacer frente a la erupción volcánica de La Palma y aprueba el acuerdo por el que se autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a la concesión de una subvención de 63 millones de euros para su desarrollo. Los objetivos del Plan se van a concretar a través del Servicio Canario de Empleo (SCE) con actuaciones que permitan reforzar la orientación profesional en las zonas afectadas tanto a las empresas como a las personas trabajadoras mediante acciones y medidas de información, acompañamiento, orientación y asesoramiento, incluyendo el apoyo psicológico, que sea necesario, a través de una unidad de Atención Sociolaboral.

También se busca apoyar y asesorar en la reorientación de las actividades empresariales más afectadas, desarrollar acciones para mantener los puestos de trabajo de sectores o colectivos específicos más afectados por la situación de emergencia, desarrollar planes que permitan adquirir formación y experiencia profesional dirigidas a la recuperación de los entornos afectados, actuaciones que permitan la recualificación de las personas afectadas para que puedan dirigir su carrera laboral hacia nuevas Además, el Plan prevé fomentar actividades de formación para personas acogidas a un ERTE o que estén dentro de un ERE como consecuencia de la erupción volcánica. 

Las empresas podrán percibir ayudas para la reconstrucción o la restauración de sus actividades económicas para reorientar o mejorar su vía de negocio o para avanzar en la modernización, digitalización, redireccionamiento de sus actividades a la economía circular, transición ecológica u otras oportunidades. El Plan también hará posible materializar inversiones en infraestructuras y equipamientos de las zonas afectadas por la catástrofe.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, defendió este martes que el Gobierno está trabajando con «toda la rapidez» de la que es «capaz» para intentar que lleguen pronto las ayudas a los afectados por el volcán. Así se expresó Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, al ser preguntado a este respecto por el senador del PP por esta isla, Asier Antona, que ha pedido «eficacia y prontitud» al Ejecutivo para que estas ayudas lleguen cuanto antes. Ante esto, Bolaños defendió la rápida actuación del Gobierno tras la erupción hace casi dos meses del volcán, recordando que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha visitado la isla ya seis veces y subrayando las ayudas aprobadas por el Consejo de Ministros.

No obstante, el senador popular acusó a Bolaños de no haber respondido a su pregunta y le recriminó que ya conoce los decretos y las visitas de Sánchez a la isla. «Me preocupan que lleguen las ayudas», señaló. En este contexto, Bolaños proclamó que seguirán trabajando para ayudar a todos los vecinos de La Palma junto a todas las administraciones «pese a preguntas con un tono tan lamentable» como el que, a su juicio, formuló Antona.

Bolaños aseguró durante su respuesta al senador popular que «el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) ha pagado 33,6 millones de millones de euros» a los afectados por el volcán. Además, Antona preguntó «cuándo piensa el Gobierno de España poner en manos de los afectados en La Palma las ayudas que se han comprometido» y Bolaños precisó que el CSS ha compensado ya a «179 familias o empresas, que han recibido de media 188.000 euros». «Las ayudas se están aprobando, están llegando y se está respondiendo con contundencia y agilidad», añadió el ministro.

Antona replicó a Bolaños que «todavía los vecinos están esperando por sus ayudas» y ha aprovechado un mensaje a través de una conversación privada para exponer el caso de un ciudadano que «lo ha perdido todo» y que según el senador sólo ha recibido «400 euros dados por la Cruz Roja»: una situación que, según el afectado, comparte con otras «doscientas y pico personas», víctimas también de la erupción.

El ministro de Presidencia ha lamentado «enormemente» el tono de la pregunta por constituir a su juicio «una crítica a todas las instituciones implicadas en la reconstrucción de la isla» y enumeró medidas como el ERTE «que acoge a 666 trabajadores protegidos por el Real Decreto Ley», además de 22 prestaciones de cese por actividad, 73 casas adquiridas «de las que se han entregado 5» y la futura instalación de «200 viviendas prefabricadas para lo cual estamos acondicionando los terrenos».