El director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Conrado Domínguez, asegura que la crisis sanitaria ha evidenciado las fortalezas y debilidades de la salud pública. A su juicio, el sistema sanitario ha sabido responder a la pandemia, pero las decisiones judiciales han impedido al Ejecutivo regional controlar la propagación del patógeno con instrumentos útiles y necesarios.
¿Cuáles son las principales fortalezas que tiene el Servicio Canario de la Salud y que ha puesto de manifiesto la pandemia de coronavirus?
La principal fortaleza es que tenemos un sistema sanitario público canario que ha respondido al gran reto que suponía hacer frente a esta pandemia. La segunda gran fortaleza es que tenemos unos profesionales que han demostrado estar a la altura de la situación, por lo que tenemos que cuidarlos mucho más de lo que ahora podemos. Con esto me refiero a aspectos como la temporalidad o las condiciones de trabajo.
¿Y las debilidades?
La gran debilidad es que, a pesar de que Atención Primaria ha respondido muy bien, nos ha hecho repensar que tenemos que fortalecerla, al igual que tenemos que fortalecer la salud pública. Creo que esas son dos grandes áreas que han respondido y siguen respondiendo de una manera brillante a esta crisis, pero los gestores tenemos que hacer autocrítica y admitir que tenemos que potenciarlas.
Precisamente, Atención Primaria ha sido un área que se ha visto desbordada en esta crisis sanitaria. ¿Qué acciones se han llevado a cabo para resolver el conflicto?
El Servicio Canario de la Salud ya tenía un plan desde 2019, que se llama +AP, donde figuran una serie de grandes retos. Las consultas telefónicas, por ejemplo, ya son una realidad en Atención Primaria y esto debe ayudar a que se siga implantando todo lo que tiene que ver con la telemedicina y la teleconsulta. También es necesario incorporar profesionales del ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria a Atención Primaria, porque hay un déficit estructural en el Sistema Nacional de Salud y no solo en Canarias. Otro de los aspectos importantes pasa por mejorar su capacidad resolutiva, ofrecerle todo lo que tiene que ver ahora con fondos europeos y salud digital y aumentar el tiempo que pueden dedicar los médicos de familia a los pacientes.
A través del Plan Aborda se ha podido contratar a 2.160 profesionales de distintas especialidades para reducir las listas de espera. Según anunció en agosto, estos contratos se prolongarán hasta final de año. ¿Se prevé extender la duración de los mismos?
El Plan Aborda no lo vemos como un plan de choque, por lo que esos 2.160 profesionales que se han incorporado a los presupuestos generales de la comunidad autónoma este año seguirán dentro de los presupuestos del próximo. Nos hemos comprometido a tener una serie de indicadores a final de 2022. Entre estos figuran reducir las listas de espera al 30%, bajar la espera medida de 90 días y que no haya ningún paciente oncológico que espere más de 30. Esto requiere, además de infraestructuras, recursos humanos, económicos y materiales. Por tanto, la idea es que el personal esté contratado hasta el 31 de diciembre y volver a contratarlo por otro año. Además, en mayo terminan otros especialistas la residencia y los vamos a contratar para seguir incrementando la actividad.
El decreto ley publicado el 6 de septiembre en el Boletín Oficial de Canarias da potestad al Gobierno autonómico para controlar el acceso a determinados puestos de trabajo mediante el certificado de vacunación o prueba diagnóstica negativa. ¿Cómo se está ejecutando esto?
Dentro del decreto ley se habilita la posibilidad de que determinados colectivos, como puede ser el personal sanitario, sociosanitario o de residencias, deban tener la vacuna para poder prestar sus servicios, pero todavía no hay nada cerrado. Estamos trabajando en intentar detectar aquellos espacios en los que es mejor que las personas estén vacunadas y, sobre todo, observando lo que está pasando a nivel nacional y en otros países. Alemania, por ejemplo, acaba de declarar obligatoria la vacuna para el personal sanitario porque la única manera que hay de parar el Covid es mediante la vacunación. Lo estamos viendo ahora mismo en la situación de nuestra presión asistencial, que se encuentra en riesgo muy bajo porque la mayoría de las personas están vacunadas. Los pacientes no vacunados que entran en los hospitales acaban en las ucis, pero los vacunados suelen entrar por otras patologías. Nuestro hilo conductor es, por tanto, que la salud colectiva está por encima del derecho individual.
¿Hasta qué punto han supuesto un obstáculo las decisiones judiciales para reducir la propagación del virus?
Estas decisiones han supuesto un palo importante porque nos han impedido atacar la pandemia con los instrumentos que creíamos que nos podían ayudar más. Un ejemplo lo pone el certificado de vacunación. Ahora casi todas las comunidades autónomas están intentando imponerlo, especialmente en el ámbito del ocio nocturno o en grandes eventos que se celebren en interiores. Se trata de una forma de cortar la transmisión comunitaria. Eso ya lo pedimos nosotros en su momento y ahora volveremos a la carga conforme a las normas que, sobre todo en la sentencia del Tribunal Supremo, nos indican por dónde ir.
¿Se volverá entonces a solicitar a la Justicia la exigencia del certificado Covid en interiores?
El Gobierno ha requerido a la Consejería de Sanidad hacer un informe sobre la viabilidad jurídica administrativa de utilizar el certificado Covid para poder acceder a determinados espacios y actividades donde los riesgos de infección son mayores. Todo eso lo vamos a analizar teniendo en cuenta las variables que ya conocemos: el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que no nos dejó, y la sentencia del Tribunal Supremo, que matiza las opciones que dio en el caso de Galicia. Ahora, estamos evaluando si a través de la solicitud de una ratificación judicial o de otro instrumento jurídico podemos pedir el certificado en interiores. Lógicamente, cuando el Servicio Canario de la Salud y la Consejería de Sanidad tengamos el informe, una de las cosas que vamos a hacer es hablar con los posibles sectores implicados.
¿Barajan adoptar medidas estrictas como puede ser la imposición de un confinamiento a la población no vacunada?
No tenemos competencias para hacerlo y no nos planteamos esta opción.
¿En el control de la pandemia siempre ha primado el interés por la salud sobre las decisiones políticas?
Evidentemente. Además, nosotros siempre hemos actuado con un comité científico y, si algo hemos aprendido de la pandemia, es que hay que escuchar a los que saben. En un territorio como Canarias, es cierto que es importante conciliar todas las medidas con la Economía, ya que está basada en el turismo, pero siempre ha primado la salud de la población sobre otros intereses.
La secuenciación del SARS-CoV-2 ya se realiza en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. ¿Prevén incrementar los equipos?
Ya hemos incrementado bastante los equipos, tanto a nivel de infraestructuras como de recursos humanos. Lo cierto es que estamos intentando adelantarnos a la detección de todas las variantes que existen y desarrollando proyectos de investigación con otros centros. Además, pretendemos mejorar nuestra capacidad de vigilancia epidemiológica a través de los fondos europeos. Sin duda, vamos a seguir aportando recursos porque la secuenciación es muy importante para saber cómo se transmiten las variantes.
¿Qué restricciones se plantean de cara a la celebración de las fiestas navideñas?
Hemos tenido ya varias reuniones, principalmente con la Fecam -Federación Canaria de Municipios-, para hablar de los actos navideños y creo que durante la próxima semana ya podremos llegar a algún tipo de acuerdo. Tal y como le hemos planteado, lo mismo que se hizo el año pasado se va a poder hacer este año. Además, vamos a intentar analizar si otras de las propuestas que nos presenten pueden ser validadas para que puedan realizarse.
¿Cómo está avanzando la administración de la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19 en el Archipiélago?
Ahora mismo, hay casi 80.000 personas vacunadas con la tercera dosis en las Islas sobre un total aproximado de 200.000, que son las que podrían recibirla en estos momentos. Hemos vacunado a todos los usuarios de centros sociosanitarios y residencias y estamos vacunando ahora a los mayores de 70 años. A partir de la próxima semana, empezaremos con los mayores de 60 y con el personal sanitario y sociosanitario. Además, estamos administrando la dosis de refuerzo con ARN mensajero a todos los que recibieron Janssen. Hay que tener en cuenta que vamos a entrar en otro proceso de vacunación masiva y activaremos algunos de los puntos que ya tenemos en las Islas. El objetivo es darles más capacidad para acelerar la actividad y llegar al mayor número de personas posible.
¿Cómo convencería a una persona que no se quiere vacunar de que es la mejor opción para el bien propio y colectivo?
Por un lado, habría que decirle que los expertos ya han dicho que la vacuna es el mejor recurso. Por otro, que ya hemos vacunado a muchísimas personas en Canarias y el porcentaje de reacciones adversas es muy pequeño. Además de esto, debe pensar en todas las personas que están a su alrededor (padres, madres, abuelos e hijos), porque protegiéndose uno mismo se está protegiendo a los demás. Ese es el gran argumento de concienciación colectiva para intentar que no se sigan produciendo variantes. El virus es muy inteligente y va a ir hacia donde haya más debilidad.
¿Cómo se explica entonces el incremento del número de contagios cuando ha subido también el porcentaje de cobertura vacunal?
La vacuna evita el desarrollo de la enfermedad, pero no el contagio. Es cierto que cuando el virus entra en una persona vacunada es más difícil que se transmita, pero hay que seguir cumpliendo con las medidas de seguridad: distancia social, higiene de manos y uso de mascarilla.
¿Esto significa que la mascarilla se va a quedar para siempre?
Creo que ahora mismo la mascarilla es nuestra mejor protección, y no solo para el Covid, también para el resto de virus respiratorios. El año pasado apenas hubo gripe. De hecho, en las reuniones que tuvimos con las comunidades autónomas se puso de manifiesto que todas las regiones tenían casos muy puntuales. Sin duda, es un sistema de protección y al aire libre ya hay una ley estatal que determina en qué momentos se puede prescindir de ella. Aventurarnos a decir que no va a desaparecer nunca versus a que puede que en determinados momentos sea necesario, tiene mucho recorrido. Personalmente, creo que en algunos períodos del año va a ser siempre recomendable utilizar mascarilla, pero por protección frente a todos los virus respiratorios.
¿En qué punto se encuentran las negociaciones con los Facultativos Especialistas de Área para resolver el problema de abuso de la temporalidad?
Existe un real decreto ley que determina cómo se debe afrontar la temporalidad desde el punto de vista jurídico y de sanción a las administraciones. Eso se ha convertido en una ley que está ahora mismo en trámite en el Gobierno y que además está en período de enmiendas por parte de los grupos parlamentarios. Nosotros estamos a la espera de saber cómo termina esa ley porque es una norma de obligado cumplimiento y, por tanto, haremos lo que determine. Desde el principio les ofrecimos alternativas que entendíamos que eran viables jurídicamente y que, también, de alguna manera salvaguardaban la posibilidad de que no accedieran a las plazas, pero entendieron que ese no era el camino y habrá que esperar a que sea el Congreso el que determine cómo se debe atacar a la temporalidad de todas las categorías del Sistema Nacional de Salud.
Los médicos de Urgencias llevan décadas reclamando la creación de una especialidad. ¿Está trabajando Canarias en la consecución de este objetivo?
Desde hace tiempo, creemos que es una especialidad que tiene hueco dentro del Sistema Nacional de Salud. De hecho, uno de los problemas que está generando en Atención Primaria es que muchos médicos de familia terminan trabajando en Urgencias hospitalarias porque no existe la especialidad. Algunas comunidades autónomas plantearon su reconocimiento en el Plan de Acción de Atención Primaria para evitar la fuga de especialistas de Primaria hacia las Urgencias Hospitalarias. En nuestro caso, apostamos por que se apruebe y por que nos permita especializar esa atención tan importante a la población.
El Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria se encuentra colapsado. ¿Cómo se espera resolver esto?
Esta situación es fruto de un problema de infraestructuras que estamos intentando solucionar desde hace tiempo. Se han recuperado varios espacios en el ámbito de las Urgencias, tanto para pacientes psiquiátricos como para otros módulos, y se han incorporado casi 100 personas este año al Servicio con el propósito de fortalecerlo. También, hemos cerrado junto con el Cabildo una sección del CULP, que puede ser la solución a la falta de infraestructuras que tiene Urgencias del Insular, y que esperamos que pueda estar operativa en el menor tiempo posible. A pesar de todo, creo que el Covid es lo que ha provocado que no se esté dando el confort necesario, pero sí la asistencia correcta.
