La estudiante Ada Santana Aguilera promovió durante el curso 2018-2019 el primer procedimiento en la ULPGC contra un profesor de Ciencias Jurídicas a través de la Unidad de Igualdad y bajo el Protocolo para la Detección, Prevención y Actuación de los Supuestos de Acoso Sexual y por Razón de Sexo-Género. Representante de los alumnos en el Claustro y en el Consejo Social, su denuncia tardó un año en obtener una sanción que se sustanció durante la etapa de Rafael Robaina al frente del Rectorado, que supuso el despido del docente. En todo caso, el expediente sigue vivo aún en los juzgados tras una demanda del acosador contra la ULPGC, aunque relativa sólo a la supuesta improcedencia de la finalización de su vínculo laboral como asociado a tiempo parcial. A la vista de la reciente denuncia en el Servicio de Inspección contra el vicerrector José Luis Trenzado por una profesora, la representante estudiantil destaca las insuficiencias del Protocolo para hacer frente a un caso donde por primera vez en la historia de la ULPGC se afronta una denuncia por un presunto acoso sexual por parte de un cargo del equipo rectoral.
«La norma no recoge medidas cautelares, no se sabe si hay que separarlo del cargo que ostenta»
«No es una persona normal, se trata de un cargo, no de un alumno o un profesor. Hay carencias en los protocolos, tanto en el de acoso sexual como en el denuncias de acoso laboral», destaca Santana Aguilera un día antes del Día Internacional de la Violencia Machista. La denuncia ante el Servicio de Inspección conlleva una serie de diligencias bajo la observación de un instructor que culminan en un informe, siendo la potestad sancionadora del rector Lluís Serra Majem, siempre que lo considere. «En este proceso debería existir una comisión con representantes del personal docente, administrativo y estudiantil que realice aportaciones vinculantes al informe base de las partes», destaca la claustral.
La decisión final, argumenta, corresponde al rector, algo que no se puede variar y que especifica la normativa de Administración Pública, también en cuanto a las sanciones a imponer, que no se detallan en los protocolos. «Hace falta antes de llegar a la resolución las valoraciones de otras entidades de la comunidad universitaria, algo que puede hacerse extensible a los casos contra alumnos, docentes o administrativos, pero que viene a ser imprescindible en una situación como la del vicerrector», añade la claustral Ada Santana Aguilera.
«El informe base debería tener las aportaciones vinculantes de una comisión»
El rector Serra Majem tomó la decisión de forzar la dimisión del profesor José Luis Trenzado tras recibir del departamento de Inspección una denuncia de otra profesora. Después de oír a la dos partes consideró que el denunciado había incurrido en “comportamientos inadecuados” que incomodaban a la afectada y le pidió que cesara en su cometido de vicerrector de Cultura, Deportes y Activación Social de los Campus dada la gravedad de los hechos expuestos. Según fuentes cercanas al caso, la contundencia de las pruebas presentadas por la docente reforzaban la drástica determinación. Una iniciativa, en todo caso, que resultó pactada, dado que el rector podría haber optado por el cese del miembro de su equipo rectoral, pero se inclinó por exigirle una dimisión con el objeto de que pasara desapercibido el trasfondo de la cuestión. No pudo conseguir dicho objetivo al conocer los medios de comunicación la tramitación de la denuncia y el requerimiento para dimitir de Serra a Trenzado.
Para Ada Santana Aguilera, la medida adoptada por Serra Majem «es correcta y estoy de acuerdo», pero «queda claro que son iniciativas cautelares que no vienen establecidas en los protocolos, son tomadas de manera unipersonal por el rector, y por decirlo suavemente se corre un riesgo. Es necesario establecer, por ejemplo, si hay que separar a un responsable del cargo que ostenta hasta que se cierran las diligencias, algo que garantiza la pulcritud del procedimiento, así como los derechos del denunciado y denunciante. Trato de subrayar, por tanto, la insuficiencia de los protocolos de acoso de la ULPGC en casos como este, donde el denunciado no es un profesor habitual, ni tampoco un alumno o personal administrativo, sino alguien que formaba parte del equipo rectoral».
Tras la denuncia, el profesor José Luis Trenzado hizo su primera aparición en el ámbito universitario el pasado lunes en la Facultad de Economía, Empresa y Turismo, donde se celebró un homenaje al docente Heriberto Suárez Falcón, fallecido el pasado mes de julio.
