Los suficientes años de cárcel para que las figuras políticas implicadas en el caso Topillo pisen una prisión. Las acusaciones particulares del Caso Topillo (Greenpeace por un lado, y Ecologistas en Acción, ANSE y SEO/BirdLife por otro) han solicitado para el exconsejero de Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad entre 1999 y 2015, Antonio Cerdá, y para el excomisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Segura y actual director general de Agua de la Comunidad Valenciana, Manuel Aldeguer, un total de tres años de prisión para cada uno por un delito contra el medio ambiente. La Fiscalía, por su parte, reclamó hasta un año y nueve meses de cárcel para ambos. En el caso de Aldeguer, las organizaciones ANSE y Ecologistas rebajan la pena reclamada a dos años y medio de prisión.
En sus escritos de acusación, las organizaciones conservacionistas, que se personaron en la causa como acusación particular, también reclaman entre cinco meses y seis años de prisión para los administradores de empresas agrarias y agricultores que están implicados en la primera pieza judicial que investiga la contaminación del Mar Menor. Ante la "gestión ilegal de vertidos" de salmuera producidos por emplear desaladoras privadas sin autorización, los ecologistas subraya que los agricultores señalados en la causa se "despreocuparon del destino final de la salmuera que vertían y omitieron la mínima diligencia debida para solicitar la autorización de las instalaciones, pozos y vertidos", detalla Greenpeace.
Esta organización internacional, representado por el abogado Eduardo Salazar, mantiene que el tribunal que enjuicie los hechos debe ordenar llevar a cabo una prueba para cuantificar los daños ocasionados al ecosistema marino y se establezca qué medidas son necesarias para reparar el equilibrio ecológico del Mar Menor. Con esto, la acusación pide que se aplique la Ley de Responsabilidad Ambiental con el fin de que las empresas se hagan cargo económicamente de la restauración de la laguna.
Ecologistas en Acción y ANSE reclaman lo mismo, ya que más allá de que quede acreditado el daño al dominio público hidráulico y marítimo, las indemnizaciones que se piden a los acusados solo cubrirían este coste, pero no el medioambiental. El medio ambiente se debe entender como un bien colectivo, defienden, por lo que en este proceso judicial también se debe valorar económicamente el daño al Mar Menor.
El grave estado ecológico del Mar Menor "no sólo se evidencia y se ha acreditado un daño a las aguas y a otros elementos del dominio público hidráulico", sino también daños a especies silvestres de fauna y flora, a hábitats protegidos y, en definitiva, "a todo un ecosistema lagunar y sus recursos naturales asociados". Greenpeace menciona incluso que estamos ante un "crimen de ecocidio". Emplear este término busca "dimensionar la trascendencia ecológica, económica y social" de los hechos que se van a enjuiciar. La acusación reclama además que se condene a los agricultores implicados a no recibir ningún tipo de subvención estatal o regional por varios años.
La otra acusación particular, representada por el abogado Ginés Ruiz, señala que "se ha alterado el ecosistema hasta el punto de que una zona que contaba con múltiples figuras de protección ambiental regionales, nacionales, europeos e internacionales, ha perdido buena parte de los valores que justificaron dichas figuras". El daño a los recursos naturales de varios espacios protegidos hace temer si "serán capaces de recuperar sus condiciones originarias".
Para Greenpeace, que también ha quedado acreditado en la instrucción del caso, ha existido un "incumplimiento" de los objetivos ambientales que persiguen diversas normas europeas, estatales y regionales, como la de llevar a cabo controles en el campo en zonas declaradas como vulnerables a la contaminación por nitratos. Hubo una "omisión" a la hora de aplicar medidas de control y de vigilancia por parte de la Comunidad y la CHS.
Cerdá "evitó" controles y limitaciones a la agricultura
Durante el mandato de Cerdá al frente de la Consejería, este "evitó" cualquier tipo de limitación al sector agrícola al que, al parecer, había situado como "algo intocable e ilimitable, total y absolutamente prioritario y excluyente". El entonces consejero incurrió en una "obstrucción" para evitar que salieran adelante proyectos para proteger el Mar Menor: impuso su "voluntad personal" de exonerar a la agricultura intensiva "de cualquier tipo de control y de protección de las masas de agua frente a la contaminación por nitratos agrícolas", remarcan Ecologistas, ANSE y SEO.
Desde Greenpeace subrayan que no hubo un plan general en el uso de los fertilizantes más allá de los controles de campo que se vinieron realizando en el ámbito de las líneas de ayuda de la Política Agraria Común de la Unión Europea. Acusan a Cerdá también de que la "omisión" sobre el control de los nitratos y las inspecciones en las fincas "pudo ser deliberada".
