10.436 canarios tienen reconocida su dependencia pero no reciben ayudas. Canarias cerró el pasado mes de enero con 10.436 personas en el denominado limbo de la dependencia frente a las 9.950 que estaban en esta situación al cerrar el 2021. Esto es que habiendo sido ya reconocida en una persona un cierto grado de dependencia, y habiéndole sido asignada una prestación la persona se encuentra a la espera de recibir efectivamente dicha prestación.
Supone un aumento de 486 personas más que las registradas en esta situación al cierre del año pasado, según el informe publicado este lunes por el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). El crecimiento mensual es del 4,9%.
El mes de enero se cerró con 37.001 canarios con el derecho a recibir algún tipo de ayuda reconocido pero solo 26.565 contaban con un Programa Individual de Atención (PIA) y estaban recibiendo alguna prestación. En comparación con diciembre hay 264 canarios más con el derecho reconocido a recibir una prestación.
Las islas contaban a 31 de enero con 57.477 solicitudes para acogerse a la ley de Dependencia de las que 42.604 contaban con una resolución, lo que supone solo el 74,12 % del total, siendo la comunidad autónoma con el menor porcentaje de resoluciones en relación a las solicitudes presentadas. En número totales, solo se resolvieron 306 nuevas solicitudes durante enero.
Prestaciones económicas
De las ayudas que sí se están recibiendo, el 65,66% (18.759) son prestaciones por servicio, estos incluyen la prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centros de día o noche, atención residencial y las prestaciones económicas vinculadas al servicio o de asistencia personal. En este punto, las islas se encuentran por debajo de la media en cuanto a este tipo de prestaciones que se sitúa en el 69,32%.
El 34% de las ayudas que se están dando en Canarias, es decir 9.812, corresponden a prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar. La Consejería de Derechos Sociales quiere impulsar, ante la falta de plazas residenciales, las prestaciones económicas tanto para cuidados en el entorno familiar como la vinculada al servicio. En este punto, las islas están cuatro puntos por encima de la media nacional situada en el 30,68%. Hasta el 31 de enero 8.258 personas recibían una prestación económica vinculada al servicio en las islas. El 72,25 %- 5.966 personas- recibían una ayuda vinculada al servicio de ayuda a domicilio, el 12,48% una vinculada al servicio de prevención de la dependencia y la promoción de la autonomía personal, el 9,91% ayudas vinculadas al servicio de atención residencial y el 5,34% ayudas vinculadas al servicio de centros de día o noche.
El 71,58% de estos beneficiarios son personas con resolución PIA y de Grado III y Grado II. El resto de los beneficiarios corresponden a dependientes de Grado I.
A la cola
Al cierre de enero 1.266 cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia se habían acogido al convenio especial, 661 en la provincia de Las Palmas y 605 en la provincia occidental. El informe confirma, un mes más, que Canarias sigue estando en el vagón de cola en todos los parámetros que analiza, una situación que arrastran las islas desde la entrada en vigor de la ley de Dependencia el 14 de diciembre de 2006. Además, en el último mes se ha solicitado la baja de 964 solicitudes en relación con el mes anterior. De estas, 655 fueron por fallecimiento, tres por traslado, 163 por desistimiento o renuncia, 138 por caducidad y cinco por otros motivos. En el mismo periodo de tiempo se dieron de alta 429 solicitudes. El archipiélago cerró enero siendo, un mes más, la región con menor porcentaje de ciudadanos con resolución PIA en relación a la población de la comunidad autónoma al estar en el 1,22% frente a la media del 2,57%.
Con 42.604 resoluciones de grado las islas también están a la cola en este indicador del desarrollo de la ley, con un 1,96% en relación a la población del archipiélago frente al 3,73% de la media nacional. Tras las islas están en lo más bajo de este parámetro las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla con Castilla y León liderando las resoluciones de grado.
Una prueba más que evidencia los diferentes ritmos y velocidades a la hora de reconocer el derecho a acogerse a la ley de la dependencia y a las ayudas y servicios.
