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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Medio ambiente

La delegación europea pone en duda el cumplimiento de las leyes en el Mar Menor

La Comisión de Peticiones de la UE comprueba la degradación de la laguna palpando el fango de las playas y el caudal de agua en el Albujón en plena sequía

Visita de eurodiputados al Mar Menor.

Con el fango en los talones, la delegación de la Comisión de Peticiones de la Unión Europea y los europarlamentarios pudieron comprobar ayer en vivo y en directo la degradación del Mar Menor. Incluso palpándola, porque no perdieron la ocasión de coger puñados de cieno negro, olerlo, y sacar fotos y obtener una muestra para volver a Bruselas con pruebas de lo tocada que está la mayor laguna salada de Europa. Lo observado les valió para concluir más tarde, y con la presencia de científicos y colectivos sociales en sendas reuniones que mantuvieron en Murcia, que no se han cumplido las leyes que debían proteger la albufera.

Fuera intencionada o no la limpieza previa de algunas de las playas visitadas, lo cierto y verdad es que bajo la pulcritud de la arena limpia y lisa se encontraba el enemigo silencioso: la descomposición de la materia orgánica que se ha ido acumulando en la orilla. En otras playas, directamente los operarios seguían recogiendo algas y fango a paladas.

En la segunda jornada de la delegación europea que inspecciona el Mar Menor, sus integrantes visitaron varios puntos, comenzando por la playa de los Alemanes y siguiendo por las salinas de Marchamalo o Los Urrutias, una parada esperada por los peticionarios. El director de ANSE, Pedro García, se encargó de mostrar los fangos escondidos tras la primera capa superficial de arena, todo esto bajo la atenta mirada de la presidenta de la comisión, Tatjana Zdanoka, y también del consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo.

La visita continuaba por las salinas de Marchamalo y tenía su punto álgido en la desembocadura del Albujón, donde tanto Ecologistas en Acción, ANSE o Pacto por el Mar Menor por un lado, y el consejero de Agricultura y Medio Ambiente, Antonio Luengo, trataban de explicar desde distintas posiciones el problema del caudal de agua con nitratos que discurre por este punto.

Luengo niega una limpieza previa de las playas

Es una legislación compleja pero la más restrictiva para proteger la laguna. El consejero Luengo trató ayer de defender la normativa regional del Mar Menor y dejó claro que no hubo una actuación previa para embellecer las playas: «Demuestran la ignorancia» los colectivos y eurodiputados que acusaron a la Comunidad de esmerarse en la limpieza de las orillas.

El consejero volvió a reclamar el Plan Vertido Cero para atajar la entrada de agua por la rambla del Albujón y no espera una nueva vuelta en la regulación de la actividad agraria del Campo de Cartagena. Respecto a esa actividad, señala que se han abierto 215 expedientes de sanción e inspeccionado 11.000 hectáreas en la comarca.


Cumbre científica en Murcia

De vuelta a la capital, los eurodiputados comenzaron otra ronda de consultas, como ya hicieron ayer, con una primera cita con los científicos que han trabajado durante años en el Mar Menor. Tenían muy claro lo que querían preguntar, señalaban fuentes presentes en las reuniones. Tanto es así que, en las cuestiones formuladas, la comisión puso en duda que las sucesivas leyes que han regulado un marco normativo para proteger espacios como este, y más concretamente la Ley de Protección y Aronización de Usos del Mar Menor de 1987, la de medidas urgentes de 2018 o la actual de 2020, se hayan cumplido dado el estado actual de la laguna.

Los eurodiputados trataron también de realizar un análisis más profundo sobre la compatibilidad de la agricultura en la cuenca del Mar Menor con la laguna salada. En cuanto al origen del problema, la división entre científicos fue palpable: mientras el catedrático de Ecología de la UMU, Ángel Pérez Ruzafa, ponía el acento en el elevado nivel freático del acuífero y las descargas de agua con nitratos que producía, otros científicos como Juan Manuel Ruiz del Instituto Español de Oceanografía, Francisca Giménez de la Universidad de Alicante o Gonzalo González Barberá del Cebas apuntaban a la entrada excesiva de nutrientes originada por vertidos agrícolas en la cuenca.

El tema de las competencias volvió a salir a debate entre los integrantes de la comisión y los invitados a la reunión, en concreto con los colectivos en defensa de la laguna que se reunieron más tarde con los eurodiputados. Estos mismos han dejado claro que la mayoría de las competencias sobre el ecosistema y la comarca del Campo de Cartagena corresponden al Gobierno regional.

Los agricultores se sienten parte de la solución: "Que no nos pongan el foco"

La última reunión de la delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo en Murcia fue con los agricultores. Representantes de las organizaciones COAG, ASAJA, UPA y FECOAM asistieron a un encuentro con los comisarios y eurodiputados donde quisieron hacerles ver la compatibilidad de la agricultura del Campo de Cartagena con el Mar Menor, una cuestión sobre la que habían incidido los parlamentarios en los últimos dos días. Son conscientes de que las organizaciones vecinales y ecologistas que reclamaron la presencia de esta comisión en Murcia han mostrado una versión "muy contrapuesta" a la de ellos: "algo que les ha sorprendido", reconoce José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia. «Es necesario que nos escuchen y que entiendan que apostamos por una agricultura sostenible con el medio ambiente».

Respecto a la reconversión de la actividad agraria en la cuenca del Mar Menor demandada por varias organizaciones, Marín señalaba que esta se viene produciendo desde hace más de 15 años. "No se puede poner el foco solo en el sector agrario, somos parte de la solución». Santiago Martínez, de Fecoam, reclamaba una coordinación entre administraciones como «única solución" para recuperar el Mar Menor. En su opinión, no se puede esperar "que ante cualquier cosa que haga el Gobierno regional, llegue el Estado y lleve el asunto a la Fiscalía. Tenemos que obligarles a ponerse de acuerdo". Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja, recriminaba también al Estado que la Región lleve desde el 2016 "con un plan Vertido Cero redactado y aprobado y no sean capaz de ejecutarlo".

Gs España, en cuestión

Una de las principales asociaciones de comercios minoristas del Reino Unido ha reclamado explicaciones a la compañía Gs Group, cuya filial en España (Gs España) está imputada en el caso Topillo por la contaminación del Mar Menor. "Estamos trabajando en estrecha colaboración con el proveedor para comprender la situación actual", señala British Retail Consortium a una revista local. El dueño de la firma, David Abram, se enfrenta a tres años y medio de cárcel.

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