El registro único para afectados por la erupción volcánica en La Palma, ubicado en la Casa Massieu de Los Llanos de Aridane, ha tramitado desde su puesta en marcha más de 6.000 expedientes, de los que apenas un 5,5% están pendientes de resolución.

Así lo ha expuesto Sergio Matos, representante de la Oficina de coordinación económica y de asistencia a los afectados por el volcán, que ha comparecido en sede parlamentaria junto Miguel Ángel Pulido, también representante de esta oficina.

Sergio Matos destacó que este registro único es el aplicativo "más novedoso" que hay en estos momentos en España y quiso recordar que hasta el próximo 25 de junio las personas afectadas por el volcán podrán inscribirse en el mismo.

Resaltó, además, que ha sido clave para el reparto de casi 440 millones de euros en ayudas directas e indirectas para la prestación de atención psicosocial, la generación de empleo, la compra de enseres y la realización de obras o intervenciones de emergencia.

También indicó que, seis meses después de la puesta en marcha del registro único, siguen llegando afectados a la Casa Massieu a registrarse por primera vez, especialmente alemanes que no se encontraban en la Isla, pero también palmeros y palmeras.

ADAPTACIÓN DEL PLANEAMIENTO.

Miguel Ángel Pulido, coordinador en materia económica de infraestructuras de la Oficina de atención a los afectados, abogó por poner en marcha las medidas legales necesarias para la reactivación económica, medidas que permitan redactar y aprobar planeamientos adaptados a la nueva realidad para afrontar con la mayor celeridad posible el proceso de realojo de los vecinos afectados.

Pulido indicó que la situación sobrevenida tras la erupción obliga a los poderes públicos a adoptar medidas administrativas y jurídicas de carácter excepcional necesarias para una reconstrucción basada en la refundación de los núcleos tradicionales de población y en el realojo de los vecinos a zonas más seguras y con menor riesgo volcánico.

En su opinión, se deben definir en este nuevo marco territorial bolsas de suelo que puedan clasificarse mediante decreto ley como suelo urbanizable ordenado de gestión pública, lo que posibilitaría ir a la expropiación y urbanización directa del suelo, que luego la Administración ha de poner al servicio de los afectados que hayan perdido su vivienda habitual a través de un derecho preferente de compra.

Asimismo, consideró que hay que definir la localización espacial de las actividades económicas del sector primario, especialmente la franja que va desde la carretera del sur hasta el litoral costero de Tazacorte, para recuperar gran parte de las centenares de hectáreas de explotaciones agrícolas y ganaderas sepultadas por la lava.

Para ello, apuesta por un modelo ecológico integrado, determinando al propio tiempo otras áreas de actividad económica, reservando suelos de oportunidad para la actividad industrial y turística, así como para los equipamientos y dotaciones necesarias, y protegiendo sólo aquellas partes de la colada que tienen un alto interés científico o ambiental.

Según Miguel Ángel Pulido, ello quiere decir que la superficie del manto de lava ha de considerarse también como soporte territorial para acoger actividades económicas cuya implantación ha de sustentarse en la planificación territorial y urbanística del nuevo espacio debidamente articulada con su entorno.

Por último, consideró que desde las administraciones se debe seguir trabajando en la mejora y la agilización de las ayudas a los afectados, tanto fiscalmente como a través de subvenciones directas, y en el impulso con carácter inmediato de un plan de reconstrucción y reactivación económica que tenga entre sus objetivos la decidida reconstrucción de la agroindustria palmera.