El debate sobre sacar al lobo del listado de especies protegidas que tanto agita al mundo rural llega al pleno del Congreso el próximo martes. Una proposición de ley (PL) impulsada por el PP en lo que se ha ido convirtiendo como una de sus principales banderas para combatir el reto demográfico obligará a todos los partidos a pronunciarse al respecto. Hace meses el grupo parlamentario que encabeza Cuca Gamarra incluyó una enmienda a los Presupuestos Generales de 2022 con la misma petición, incluida en un paquete de medidas de protección de la ganadería extensiva y lucha contra la despoblación.
La PL pretende que se saque al lobo existente en la zona norte del Duero del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) después de la orden ministerial aprobada por Teresa Ribera para extender el mismo nivel de protección con el que contaban las manadas instaladas en los territorios del sur del Duero al resto de poblaciones de lobos del país. Una medida que a ojos del PP es del todo perjudicial para la conservación del medio rural.
Los populares reprochan al Ministerio de Transición Ecológica haber tomado esa decisión “sin criterios ni avales científicos” y sin haber actualizado el censo actual de esos animales, lo que imposibilita tener un control real de la situación. “Contradice la Estrategia Nacional para la Conservación y Gestión del Lobo en España y se han producido una serie de irregularidades procedimentales graves”, dicen los populares en su propuesta, recordando que varias comunidades autónomas y entidades del sector la han llevado a la Audiencia Nacional por el mismo motivo.
El grupo parlamentario de Gamarra considera que ese nuevo nivel de protección “redunda en una mayor presión a un mundo rural que ya está impactado por la despoblación, el envejecimiento y las dificultades del sector primario” y zanjan que sólo “empeora” la situación. Por eso, el objetivo de la proposición de ley es derogar la orden ministerial y deshacer los mayores niveles de protección, entre otras cosas, dice la iniciativa, porque los datos más recientes avalan que en este momento no serían necesarias medidas tan severas de protección como las aprobadas en el norte del Duero.
El mayor número de ataques del lobo al ganado y la dificultad de cohabitación, sumado a que la población de la especie también crece, aseguran, acreditan su propuesta.
¿División en el PSOE?
Cuando el PP llevó este debate a los Presupuestos lo hizo consciente de que podía ahondar en la división que existe en partidos como el PSOE, que gobierna comunidades autónomas afectadas por esta realidad.
Como publicó El Periódico de España, diario del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este periódico, la apuesta verde del Gobierno y las medidas ecologistas de Ribera llevan tiempo levantando ampollas entre algunos barones socialistas, que defienden las particularidades de sus territorios. Asturias es una de las comunidades que se opone abiertamente a que el lobo forme parte del LESPRE (interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial) y Castilla La-Mancha, por ejemplo, insiste en que tiene vinculados 600.000 empleos al sector de la caza. En Castilla y León, gobernada por el PP (ahora en coalición con Vox) la oposición es también frontal.
El pasado noviembre, las comunidades de Cantabria, Asturias, Galicia y Castilla y León pidieron paralizar el documento de Transición Ecológica que insistía en una mayor protección del lobo. Las cuatro autonomías (gobernadas por PP, PSOE y PRC) aseguraban que la validez de la "Estrategia para la Convivencia de las Actividades en el Medio Rural con el Lobo y su Conservación" del ministerio de Ribera "quedaba en entredicho" al tratarse de un documento que se elaboró sin el consenso de las comunidades loberas, que además presentaba "grandes fallos" y que fue concebida por el Gobierno central "únicamente como un medio para instrumentalizar una pretendida gestión centralizada de la especie por cuestiones meramente ideológicas y sin ningún sustento técnico".
