La profesora de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Carmen Grau Pineda, ha publicado en Net21, una web de profesionales laboralistas comprometidos y comprometidas con la democracia social, el artículo titulado La enésima reforma de las pensiones sin perspectiva de género, donde expone que a finales del año 2020, el Congreso de los Diputados aprobó el Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo en el que se recogen un conjunto de recomendaciones y se establecen unas líneas de actuación para la defensa y mejora del sistema de Seguridad Social español en los próximos años.
Se trata de un acuerdo socio-político que, «recuperando el protagonismo del diálogo social en esta materia como instrumento clave para la consolidación de una reforma estructural a largo plazo, ha tenido su primera plasmación normativa en la aprobación de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones, cuya entrada en vigor se produjo el 1 de enero del año en curso».
La primera de las leyes de reforma del sistema de Seguridad Social anunciadas con el propósito de desarrollar algunas de aquellas recomendaciones, la Ley 21/2021, dice perseguir dos objetivos fundamentales: De un lado, ofrecer certidumbre a los pensionistas y al conjunto de la sociedad sobre el compromiso inquebrantable de los poderes públicos con el sistema. De otro lado, reforzar el equilibrio del sistema como forma más efectiva de asegurar una adecuada capacidad de respuesta a las exigencias demográficas y económicas. Sin embargo, «sea como fuere, prácticamente, no incluye ninguna referencia a las recomendaciones contenidas en el Acuerdo del Pacto de Toledo 2020 en materia de género, que las había y que han quedado postergadas a las reformas que se sucedan en el futuro y siempre que se sucedan, claro está», afirma la profesora de la ULPGC Carmen Grau.
