Reconocida activista de los derechos de las personas trans es presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía (ATA)-Sylvia Rivera y de la Federación Plataforma Trans. Su lucha comenzó en 1977 en la primera manifestación que exigía derechos para el colectivo LGTBI celebrada en Barcelona.

La conocida como Ley Trans sigue sin salir adelante, ¿en qué situación se encuentra?

 Creo que estamos a la espera del informe del Consejo de Estado que según declaraciones de la propia ministra de Igualdad, con la que mantuvimos una reunión, intuye que cumplirá con los plazos con lo cual se prevé que el informe esté listo en junio, por lo que después sería aprobado el anteproyecto de ley en el Consejo de Ministros. A continuación irá a las Cortes para que los grupos parlamentarios, en el periodo de enmiendas, puedan presentar las que estimen oportunas para mejorarlo. En este sentido, puedo decir que nosotras como Federación Plataforma Trans hemos entregado a todos los grupos políticos una batería de enmiendas de situaciones que deberían recoger la ley.

¿Por qué tanto retraso?

Creo que aquí ha habido algo evidente que es que el compromiso programático del Gobierno dejaba claro que iban a aprobar dos leyes diferenciadas y específicas. Una para el colectivo trans, porque sufre una discriminación específica, y otra más amplia para el colectivo LGTBI. Al final, creo que por gran presión de la señora Carmen Calvo cuando era vicepresidenta del Gobierno y se negaba a que hubiera dos marcos jurídicos, nos hemos quedado sin una ley específica. Hay un dato revelador, el proyecto de Ley Trans que habíamos trabajado con el Ministerio de Igualdad tenía unas 30 o 40 páginas y en esta fusión para las personas trans se dedican tres páginas. Yo creo que esto es muy evidente y pone de manifiesto los recortes que hemos recibido.

¿A que aspirarían?

Creo que el texto nuevo debe blindar el reconocimiento de las personas trans no binarias, tiene que recoger que las personas trans migrantes tengan acceso a poder cambiar toda la documentación administrativa que expide el estado español como es el permiso de trabajo, la tarjeta de residencia o la tarjeta sanitaria. Que puedan tener una documentación, al menos la que expide el Estado Español porque no tiene competencia para modificar el pasaporte o el NIE de ningún ciudadano que proceda de otro país. En cuanto a las infancias, nosotras pediríamos el techo alto y este lo marca la línea de las ocho Leyes Trans autonómicas vigentes y lo que establece la resolución del Consejo de Europa de 2015 que dice textualmente que el cambio legal de las personas trans en todos los estados europeos debe ser a través de un trámite administrativo, no tener límites de edad y que no se le exija ninguna certificación ni pericial ni médica. 

«Hemos entregado a todos los grupos políticos una batería de enmiendas que debe recoger la ley»

¿Y si no recoge todo, con qué se conformarían?

Lo que pedimos es el techo alto, pero si no es posible por lo menos no podemos quedarnos por debajo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 2019 donde dice que los menores tienen derecho al cambio de los indicadores del nombre y el sexo siempre que muestren madurez y estabilidad. Sería una autodeterminación un poco condicionada porque hay que demostrarlo. Cuando están hablando los estamentos europeos de que a las personas trans no se les exija ningún tipo de documento pericial, judicial o médico aquí sí se habla pero preferimos que los menores tengan que demostrar esa estabilidad y madurez que al fin y al cabo no es ningún informe de disforia de género ni cosas de estas raras psicomédicas o patológicas, pero por debajo de ahí no. No admitimos que en el borrador haya tres distintos tramos que diferencie por edades para hacer estos cambios. Eso sería inconstitucional y si se aprueba de esta manera tendríamos que recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos y denunciar al Estado Español por incumplimiento de una sentencia del propio Tribunal Constitucional.

¿Está siendo duro este camino emprendido?

Muy duro porque además la Federación Plataforma Trans es quien pone el tema en lo alto de la mesa de la sociedad, de los medios y de los políticos, porque hemos tenido una relación todo este tiempo con todas las fuerzas políticas por la necesidad de tener una Ley Trans. Tanto es así que conseguimos y celebramos un objetivo que es irrenunciable, que es haber conseguido que hablar de la Ley Trans sea el centro de lo que se habla del colectivo LGTBI. La necesidad de esta ley ha desplazado la necesidad de una LGTBI porque hemos creado una sensibilidad y una pedagogía social y porque hemos tenido una incidencia política hasta el punto de que fue una parte del acuerdo de gobierno.

«Va a hacer justicia creando un marco jurídico para garantizar la igualdad de oportunidades»

A pesar de los ataques...

Hemos sido objeto de un ataque como en casi todos los avances que hemos conseguido en este periodo democrático. Como ha sido el matrimonio igualitario, el divorcio o el aborto, todos no han estado exentos de oposición por parte de una corriente ideológica que la podemos situar en la ultraderecha o en la gente del fundamentalista religioso. Además acompañados todas de grandes teorías apocalípticas, se han dicho barbaridades y todos estos bulos al final se han terminado desmontando. Incluso con el tiempo se ha demostrado algo muy importante que es que los derechos garantizan pero no obligan. Garantiza a nivel sanitario una serie de cuestiones pero no obliga a que las personas trans tengan que hacerlas, garantiza que podamos modificar el nombre pero quien no quiera no lo hará y no pasará nada. Los derechos siempre garantizan pero no obligan.

«La ley trans que trabajamos con Igualdad tenía 40 páginas, ahora solo tres mencionan al colectivo»

¿Qué supondrá la ley para el colectivo trans?

Va a hacer justicia creando un marco jurídico para garantizar la igualdad de oportunidades para cosas muy concretas y materiales. No es un máster de género ni un estudio. Es algo muy sencillo y tangible que va a posibilitar políticas de empleo para las personas trans que tenemos una exclusión laboral que supera el 80%, va a conseguir protocolos para paliar el acoso y el buylling, porque somos las que más acoso registramos en los centros educativos, y va a garantizar que la atención sanitaria se adecue a los estándares que ha marcado tanto la OMS como la Asociación Estadounidense de Psiquiatría cuando dice que no es una enfermedad mental. No se pueden tener los mismo protocolos anteriores a estas declaraciones tiene que ser una atención sanitaria basada en el consentimiento informado, que respete la dignidad de las personas trans y que reconozca la diversidad de identidades. En el fondo, son tres respuestas concretas que garantizan la igualdad de oportunidades.

Te puede interesar:

¿Ha merecido la pena tanta lucha?

Sí. El colectivo LGTBI y el feminista hemos llevado a cabo una revolución cultural y política sin la necesidad de la fuerza.