El proyecto Clave A formará a más de un millar de profesionales canarios ya inscritos con trabajos relacionados con la infancia y la adolescencia, como funcionarios, monitores de campamentos, fuerzas y cuerpos de seguridad o profesorado, entre otros perfiles, para ayudarles a prevenir y sensibilizar contra el abuso sexual a menores.

El programa ha sido puesto en marcha por la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, la Fundación Mapfre Guanarteme y el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, el primero especializado en violencia contra la infancia en España.

Durante la presentación del programa en la capital grancanaria, el magistrado Tomás Martín señaló la importancia de contar con programas y proyectos que, en función de lo que establece la ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, contribuyan a hacer cumplir el derecho de los niños a ser protegidos durante esas etapas.

«Hay una cuota de responsabilidad respecto a la impunidad de la que todas las administraciones públicas forman parte. Por eso hay que reclamar más medios. Nuestro criterio, y en ello trabajamos, es demostrar científicamente que el buen trato a la víctima reduce la impunidad del delito y conduce a una mejor obtención de la prueba», reflexionó el magistrado, que insistió en que contar con formación adecuada ya no es solo facultativo sino un derecho que tienen niños y adolescentes.

El juez Tomás Martín asegura que el buen trato a la víctima reduce la impunidad del delito

De este modo, Martín pidió utilizar la tecnología al alcance para, por ejemplo, recoger las manifestaciones de la víctima al momento de hacerlas o la puesta en marcha del trabajo de victimización secundaria con realidad virtual, «la primera experiencia de este tipo en el mundo».

«La infancia no admite terrenos a ciegas. El tiempo pasa, los niños se convierten en adultos del mañana y en muchas ocasiones en victimarios, con víctimas del mañana. En nuestras manos está tratar de evitarlo», apuntó el juez. Martín destacó asimismo la creación de un kit específico diseñado para la infancia para tomar muestras de ADN o que se haya terminado el «maltrato institucional» que existía antes a, por ejemplo, niñas con el desarrollo de la rama de pediatría y ginecología forense.

«El objetivo central desde la perspectiva del juzgado es que no exista concepto de espera. Lo que queremos demostrar es que cuanto mayor y mejor buen trato se da a la víctima, y esto no es solo respecto a infancia y adolescencia, radicalmente baja la impunidad», resumió el juez.

Por su parte, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, destacó que el proyecto será una herramienta «salvavidas» para muchos niños y lo comparó a la experiencia de Mascarilla 19, que servía como señal de socorro en las farmacias para las víctimas de violencia de género. Santana resaltó la necesidad de la formación de profesionales «que están en contacto con los chicos» con el objetivo de que se generen los vínculos de confianza para poder trasladarles lo que ocurre.

«Hay muchos niños y niñas víctimas y, de todos ellos, el 84 % son abusados por alguien de su entorno cercano», alertó la consejera .

A su vez, la directora de la Fundación Mapfre Guanarteme, Esther Martel, coincidió en que la prevención es una herramienta fundamental «para conseguir un futuro más seguro» al que se llega a través de la formación, la divulgación y sensibilización como claves para detectar y prevenir situaciones de abusos a niños y adolescentes. Martel también explicó que se ha diseñado una formación transversal dirigida a personal de centros educativos no universitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias, entidades de acción social, federeaciones deportivas, profesionales del ocio o estudiantes.