Once niños tutelados en Canarias están fugados, ausentes o desaparecidos

Joaquín Amills afirma que Interior mantiene las denuncias de desapariciones publicadas para cubrirse las espaldas

Esos niños, de edades comprendidas entre los 13 y 16 años, se han fugado de los lugares en los que residían. Fugas que duran hasta más de tres meses. Además, son reincidentes. Más allá de las circunstancias que han llevado a estos adolescentes a estar institucionalizados dentro del régimen de protección al menor, la cuestión aquí es ¿por qué aparecen en el CND, en SOS Desaparecidos y en la Fundación ANAR (Fundación de ayuda a niños en riesgo y desamparo)?

La respuesta la tiene la propia directora regional. Sencillamente se les da por «desaparecidos» por una falta de entendimiento con el Ministerio de Interior y con otros organismos implicados en el protocolo de actuación que se activa en el momento que se desconoce el paradero del menor. «Desde que se fuga un niño, activamos un equipo de búsqueda y lo ponemos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional y Guardia Civil), se aportan todos los datos necesarios sobre el menor, sus hábitos, ambiente familiar y contexto de vulnerabilidad. En ese momento se inicia un sistema automático que proporciona al Centro Nacional de Desaparecidos la información, pero hemos solicitado que en estos casos no la incluyan por la protección de datos de estos menores», explica Serrano.

Lo que quiere decir es que esos menores no están desaparecidos están «ausentes». En el momento que son localizados, se les retorna al centro asignado, pero algunos escapan de nuevo, como hicieron recientemente Iriome o Victoriya, en la isla de Tenerife. Para estos casos en los que no se les puede retener, «una unidad de técnicos trabaja en las calles haciendo un seguimiento», garantiza la directora de Protección a la Infancia.

Este es el mismo argumento del fiscal delegado de menores en Santa Cruz de Tenerife, Manuel Campos Davó, que también asegura que todos los menores expuestos por el CND están localizados. «Son perfiles complicados, pero desde que se fugaron se les ha realizado un seguimiento y sabemos donde están», aclara.

Libertad, drogas y trata sexual

El fiscal subraya que los menores están en situación de libertad, por lo que entran y salen de los centros cuando quieren, pero que en todo momento «hay personas de apoyo» que saben dónde se encuentran. También explica la problemática con la que se enfrentan los técnicos a la hora de hallar a los menores que durante sus largas ausencias están con «adultos» que no forman parte de la familia, o andan en «ambientes de drogas, violencia o trata sexual».

Durante esta conversación, el Centro Nacional de Desaparecidos mantenía los carteles de menores desaparecidos en Canarias en su portal corporativo, así como SOS Desaparecidos y la Fundación ANAR. Al preguntarle al respecto, Manuel Campos comentó que probablemente no habían actualizado sus páginas y que tenía previsto mantener una reunión con las organizaciones para coordinarse.

En relación a esos desfases de las páginas webs, Joaquín Amills, presidente de SOS Desaparecidos, aclara que las notificaciones que su organización muestra son las que provienen del organismo oficial, es decir, del Centro Nacional de Desaparecidos. Así que las actualizaciones también provienen del Ministerio de Interior, cuyo Gabinete de Comunicación detalla su protocolo en el momento que se contacta con el fiscal: «Los casos publicados en la web aparecen como ‘localizados’ una vez que la persona es hallada y permanecen así durante 48 horas. Transcurrido ese tiempo son eliminados de la página. En cuanto a los casos que mencionas de Canarias, a fecha de hoy, 23 de junio, están registrados doce menores desaparecidos».

Falta coordinación en Tenerife

Sobre la reunión de coordinación mencionada por el fiscal , ya tuvo lugar hace más de un año según revela Yolanda Iratxe. «Me reuní con responsables de Interior, de la Guardia Civil, con SOS Desaparecidos y Protección Civil, y pedimos un compromiso para que no se publicasen los datos de estos menores, pero siguen haciéndolo, creando una alarma injustificada».

No tiene que resultar fácil llevar a cabo ese «compromiso» teniendo en cuenta que según el Protocolo de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante casos de personas desaparecidas, «se requerirá cuando lo determine la normativa vigente consentimiento expreso de la Fiscalía de Menores para llevar a cabo la activación de las citadas alertas». También añade, que la «dirección de la búsqueda de esos menores es asumida por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad».

El Gobierno canario y el fiscal delegado de menores tinerfeño explican que los adolescentes huidos siempre están localizados

El presidente de la asociación SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, según la directora general de Protección a la Infancia, también estuvo presente en esa reunión de coordinación. Sin embargo, Amills está totalmente en desacuerdo con que no se publiquen las alarmas ya que le parece un acto de «ocultismo». En cualquier caso, la decisión no es suya. Según el Protocolo, el consentimiento es de Fiscalía y la ejecución del Ministerio.

Alta vulnerabilidad

«¿Qué miedo tienen a que se difundan?» Se pregunta el presidente de la asociación. En su opinión, los menores se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad porque no es que estén en las calles durante meses, sino que en la mayoría de las ocasiones se encuentran con «adultos que les triplican la edad».

Asimismo, narra situaciones muy complicadas que experimenta el menor durante ese tiempo de «ausencia», como agresiones, violaciones, actos delictivos y ambientes de drogadicción. Para él, las alertas son efectivas y «cumplen con una función muy clara».

También se preocupa por los padres y familiares de los niños que pierden la guardia y custodia. «Se ven impotentes y al final esos niños salen de los centros mil veces peor. Están ayudando a que no vuelvan nunca al hogar», expresa.

Además, Joaquín Amills lanza un interrogante. «Mientras esos menores no están en los centros, ¿qué pasa con las plazas que no ocupan? Cada menor supone un coste aproximado de 3.500 euros al mes», según sus cálculos, «y mientras no están las plazas se quedan vacías». Por otro lado, también tiene clara la razón por la que el Ministerio continúa con la alerta activa: «quiere mantener la denuncia publicada» para evitar responsabilidades si el menor sufre algún percance durante su «ausencia» del centro de acogida.

Lo paradójico de este conflicto de coordinación es que estos carteles de ‘desaparecidos’ en los casos de las fugas de menores tutelados por el Gobierno de Canarias solo se producen en la isla de Tenerife, ya que en Gran Canaria, en donde se contabilizan incluso más fugas, no existen esas alertas oficiales. Hasta la última comprobación –26 de junio– en Tenerife, estaban activas las alertas de nueve menores, cinco con nombres y apellidos nacionales, y una con residencia canaria, cuyos datos no publicamos por el derecho a la protección del menor. La primera alerta está presente en la web desde marzo de este año.

El Informe Anual de Desaparecidos en España de 2021 registra 4.240 denuncias por desapariciones de menores en el Archipiélago

Según el Informe Anual de Desaparecidos en España de 2021, se realizaron 4.240 denuncias por desapariciones de menores en Canarias. 3.466 denuncias en la provincia de Las Palmas, frente a las 774 de Santa Cruz de Tenerife.

‘48 Hour Challenge’

Ya es conocido por muchos el reto de desaparecer que circula entre los menores. El desafío llamado 48 Hour Challenge, con el que se invita a adolescentes a borrarse del mapa durante dos días sin avisar, ni mantener ningún tipo de contacto con adultos durante ese periodo de tiempo, pero las desapariciones en Tenerife están superando, y mucho, esas 48 horas. Comenzando por la desaparición de Paula P.P., de 17 años, que estuvo más de 30 días en paradero desconocido desde que fue vista por última vez el 2 de mayo, en el municipio tinerfeño de Arona. Detrás de ella, hasta seis menores desaparecieron en ese mismo mes y en la misma provincia, Santa Cruz de Tenerife. Tres en Arona, dos en La Orotava y uno en Santa Úrsula, en la isla de Tenerife, y otro, en el municipio gomero de Vallehermoso.

En total, once menores, de edades comprendidas entre los 13 y 16 años, desaparecieron en Canarias entre febrero y finales de junio de 2022, uno de ellos en Arrecife, otro en Vallehermoso y el resto en Tenerife. Nueve de esos menores están tutelados por la Dirección General de Protección a la Infancia y Familia del Gobierno de Canarias y están a cargo del Instituto de Atención Socio Sanitario del Cabildo de Tenerife. Cinco de ellos son nacionales, con nombres y apellidos españoles, una es residente canaria y cinco son migrantes sin acompañamiento. Son menores que por diferentes y difíciles circunstancias de vulnerabilidad, la Fiscalía de Menores, se ha visto en la obligación de tomar las medidas necesarias para que las entidades públicas competentes ejerzan la tutela de estos niños.

Paula no ha sido la primera desaparición, fue la primera de mayo de 2022. Pero ya está aclarado que no se trata de desapariciones. Son fugas. Según el presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, hay una media de 20 o 25 fugas al mes de menores de los centros tutelados en Canarias. La más recurrente es la de una niña de 16 años que ya es popular y ocasiona una gran preocupación a los profesionales de las administraciones competentes. Se trata de Viktoriya Ivaylova, de 16 años, cuyo cartel de desaparición también está oficialmente publicado en la página web del Centro Nacional de Desaparecidos. La foto de Iriome C. M., que se fugó el 11 de Junio del Centro de La Orotava, vuelve a estar en el portal del CND después de ser localizada.

Un sistema «obsoleto»

Las fugas de menores de los centros tutelados son tan constantes en el Archipiélago que hasta al consultar a fuentes policiales y a técnicos profesionales que trabajan con menores en situación de riesgo normalizan la situación. Ese es el problema, no el llamar a una huida, fuga, desaparición o ausencia. La que dispone de su tutela, la directora general de Protección a la Infancia y la Familia del Gobierno de Canarias, Yolanda Iratxe Serrano, lo reconoce: el sistema no está funcionando. «El sistema está obsoleto. El escenario ha cambiado y seguimos trabajando en un sistema obsoleto. Debemos trabajar en el ámbito familiar, dentro de las casas».

La magistrada del Juzgado de Menores número 1 de Las Palmas, Reyes Martel, confirma que Canarias es una de las comunidades autónomas con mayor número de fugas de menores y ante esto se pregunta: «¿Si el menor está bien, por qué se va a marchar?»

Está en total sintonía con el punto de vista de Iratxe Serrano. «El sistema de protección de menores está mal. Es un secreto a voces». Según la jueza, el principal problema radica en el «enjambre de entidades involucradas en el sistema y en la falta de coordinación», que ha llegado hasta tal punto que «ya están desbordados». Para ella, la solución se halla en crear una red sólida y única de trabajo que se centre en programas individualizados que garanticen la normalización de la vida del menor. «Hay recursos, pero hay que optimizarlos, procurar un trabajo en red y crear transversalidad».

Precisamente ese desbordamiento ya fue anunciado en una rueda de prensa el pasado 21 de junio por el comité de empresa y los técnicos de la Dirección General de Protección a la Infancia, quienes denunciaban presuntas irregularidades y la falta de control y supervisión en la que se encuentra el servicio de prevención y protección de los menores en desamparo.