La ministra de Igualdad, Irene Montero, y la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, anunciaron este viernes en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias que la Conferencia Sectorial de Igualdad ha servido para alcanzar un acuerdo unánime entre el Estado y las autonomías para reforzar las políticas contra la violencia de género. Así, el denominado Acuerdo de Tenerife servirá, entre otras cosas, para financiar programas de defensa, apoyo e información a las víctimas por periodos de cinco años. Cabe recordar que los proyectos existentes hasta ahora solo podían contar con respaldo presupuestario por un año.
En opinión de Irene Montero y Ángela Rodríguez, esta unidad de acción permitirá reforzar el Pacto de Estado en esta materia, que se equiparará a los existentes para respaldar a la Educación, la Sanidad, las pensiones o los Servicios Sociales, por ejemplo, que tienen una estabilidad y una continuidad, en la medida en que no son cuestionadas con el paso de los diferentes gobiernos.
Según Montero, el Acuerdo de Tenerife nos va a permitir un mensaje institucional de absoluta unidad para hacer frente a dicho problema social, por parte del Gobierno del Estado, los ejecutivos autonómicos y los ayuntamientos. Y, en opinión de la ministra, permitirá "hacer realidad que las políticas públicas que nos permiten prevenir las violencias, detectarlas precozmente, atender de forma integral a las víctimas y supervivientes, así como garantizar su reparación son una cuestión de Estado".
La Conferencia Sectorial tendrá como consecuencia la estabilización de la financiación de las acciones. "Queremos más pacto de Estado contra la violencia de género, más políticas públicas contra la violencia hacia las mujeres; queremos que el conjunto de las administraciones luchen de forma eficaz", apuntó Montero.
La ministra aclaró que "estamos muy satisfechas; ha sido un trabajo duro durante muchos meses; este no es el punto final, y este acuerdo nos da obligaciones y muchas tareas que tenemos que desarrollar con intensidad".
Ángela Rodríguez citó varias herramientas para lograr los objetivos planteados. La Conferencia Sectorial insta a las Cortes Generales a que se renueve el dictamen del Pacto de Estado. "Estamos estableciendo un marco de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas" que, a partir de ahora, va a ser el instrumento a través del cual se desarrollarán las políticas de violencia de género, según Rodríguez. Así, las acciones en esta materia se aplicarán en planes de actuación conjuntos que van a durar cinco años.
Y, además, habrá que diseñar un catálogo de referencias cuáles son las políticas, servicios y prestaciones a las que van a tener derecho las víctimas de violencia de género, según la secretaria de Estado de Igualdad. Este documento permitirá consensuar una serie de acciones mínimas, que facilitará la orientación a los gobiernos autonómicos para sus respectivos proyectos.
