La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias cuenta con un protocolo de actuación multidisciplinar ante agresiones sexuales, que establece pautas homogéneas para atender a las mujeres, y que incluye un apartado específico para los casos en los que se sospeche que la agresión se haya realizado bajo sumisión química.
El protocolo refleja las funciones de cada interviniente, como son el Servicio de Urgencias Canario, 112, cuerpos de seguridad del Estado, Medicina Legal y Forense y la atención sanitaria desde el momento en que una mujer víctima de agresión sexual llega a los servicios de Urgencias hospitalarios o alerta de su situación.
En el caso de que alguna persona sospeche haber sido víctima de sumisión química, ya sea mediante una inyección o por vía oral, debe llamar inmediatamente al 112 y poner su caso en conocimiento de las autoridades y acudir a Urgencias, donde, tras la encuesta inicial y ante cualquier sospecha de agresión, se activará el protocolo.
Desde la acogida, en un ambiente de privacidad, confidencialidad, respeto y seguridad, se harán las valoraciones iniciales para descartar que haya una patología urgente y las específicas realizadas por el profesional de Ginecología y de Medicina Forense que haya acudido al servicio hospitalario, y que consistirán en la anamnesis detallada y la exploración ginecológica junto a la toma de muestras.
El registro en la Historia Clínica Electrónica y la emisión del parte de lesiones específico para las agresiones sexuales son otros aspectos considerados en el protocolo.
También están contemplados en este documento la red de recursos existente en Canarias para atender este tipo de violencia, así como el importante papel del servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia que se encuentra en las salas operativas del 112 las 24 horas del día los 365 días del año.
Además, si es necesario, se puede activar el Dispositivo de Emergencia a Mujeres Agredidas (DEMA) que opera en todas las islas y que presta un servicio especializado de acompañamiento y asesoramiento.
El plan, que establece las líneas de actuación basadas en criterios de calidad y equidad ante cualquier sospecha de agresión sexual, busca ofrecer una asistencia homogénea, coordinada y de calidad a las mujeres víctimas y recoge las acciones específicas en el caso de que se sospeche de que han sido sometidas a algún tipo de anulación de su voluntad.
La sumisión química tiene la particularidad de que la sustancia usada para disminuir o anular la voluntad desaparece del organismo a las pocas horas, según precisa Sanidad. De ahí la importancia de que la atención a la víctima y la toma de muestras adecuadas se realice cuanto antes para evitar la pérdida de estas pruebas.
Las actuaciones sanitarias ante este tipo de delitos tienen una serie de particularidades que justifica que se aborden en un protocolo independiente, ya que se requiere una actuación específica y urgente en coordinación con el sector judicial, estos son los institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, los sistemas de emergencias y las fuerzas de seguridad del Estado.
Denuncias
Asimismo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elevado a 60 las denuncias que ya analizan las Fuerzas de Seguridad con el objetivo de determinar «qué hay detrás»: si se trata de un fenómeno de sumisión química para cometer un delito o si lo que se persigue es crear una «sensación de inseguridad».
Grande-Marlaska garantizó en una entrevista en el programa La hora de La 1, de TVE, que los diferentes cuerpos policiales trabajan coordinados para «concretar y comprobar» si esos pinchazos buscan «la inoculación de sustancias tóxicas» para someter a la víctima y cometer un delito, fundamentalmente de carácter sexual.
Pero también para determinar «si hay otra voluntad detrás, como la de intentar trasladar una situación de inseguridad» y, sobre todo, «amedrentar a un colectivo» con un «discurso absolutamente machista de tratar de sacar al 50% de la población del espacio público», subrayó el titular de Interior.
«Estamos trabajando en hacer un estudio individualizado de estos supuestos para determinar a qué obedecen», añadió.
Además, el ministro instó a las víctimas, «esencialmente mujeres», para que, ante la «mínima creencia de haber sido objeto de un pinchazo, lo denuncien» y vayan a un centro de salud porque «hay tóxicos que son de muy rápida absorción».
«Esa conducta ya es delictiva», enfatizó Grande-Marlaska al recordar que el pinchazo ya constituiría un delito de lesiones con la circunstancia agravante de género. Después, dijo, se podrá determinar si ha habido inoculación con otra finalidad específica y si se puede ampliar la imputación.
El ministro recordó que la sumisión química no es algo nuevo y que las Fuerzas de Seguridad trabajan desde hace «mucho tiempo», con modificaciones legislativas para incrementar la respuesta penal.
