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La Provincia - Diario de Las Palmas

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Reforma de la ley de salud sexual

Los médicos avisan de que los abortos en la pública pueden saturar aún más el sistema

Advierten de que algunos centros públicos no podrán ofertar el método quirúrgico con garantías de calidad | Piden que no se destine exclusivamente a profesionales no objetores a realizar interrupciones de embarazo

Manifestación con motivo del Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Archivo

El 84% de los abortos se realizan en clínicas privadas concertadas y sólo el 15% son en la sanidad pública; una situación que pretende revertir la reforma de la ley de salud sexual y reproductiva que el martes aprobó el Consejo de Ministros para su remisión a las Cortes. El problema es que los centros sanitarios públicos ya tienen listas de espera muy largas y si asumen el grueso de los abortos, unos 95.000 al año (aunque en 2020 la cifra bajó a 88.269), el sistema podría saturarse aún más. "Cuantos más procedimientos metamos en la cartera de servicios, más congestión habrá y más insatisfacción del ciudadano", avisa Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM). 

Cobo recuerda que la sanidad pública ya tiene grandes problemas asistenciales y no da a basto para atender todas las demandas, de ahí las listas de espera "abrumadoras" tanto en la atención primaria como en especialidades, pruebas y operaciones. La situación se ha visto agravada por la pandemia, por lo que que el CGCOM y otras organizaciones de profesionales sanitarios lleven meses solicitando un "replanteamiento" y un "refuerzo" de todo el sistema. Y, ante el envío de la reforma legal al Congreso, Cobo señala que "el problema de cierto tipo de mensajes políticos a la hora de ofrecer servicios en tiempos muy ajustados es que no existe capacidad de hacerlo".

El Consejo General de Colegios de Médicos rechaza que el texto legal "dificulte" la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios a realizar abortos. En declaraciones a EL PERIÓDICO, Cobo explica que el inconveniente de que la ley cree un registro de objetores, con carácter individual, para que Sanidad sepa qué servicios públicos han de reforzarse con profesionales no objetores, es que las "administraciones usen esas listas de manera inadecuada". Opina que la creación de un registro no va a ser del todo "útil" porque, finalmente, la realización de más o menos abortos "dependerá de la organización de cada servicio y de cada hospital".

Método quirúrgico

En este contexto, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública avisa de que el proyecto legal incorpora la previsión de que cada centro público pueda disponer de los métodos quirúrgico o farmacológico para que la mujer elija el que más le convenga para abortar, pero esta disposición "debería aclararse" porque "quizás no todos los centros puedan ofrecer ambos métodos con garantías de calidad". Asimismo, reclama que la norma incorpore "cláusulas de no discriminación profesional" para que los profesionales sanitarios que no se declaren objetores "no se vean relegados en exclusiva a realizar abortos".

Un estudio de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) muestra que el 85% de las mujeres que abortan y pueden elegir optan por método instrumental, dado que son sedadas y la intervención se realiza rápidamente en un quirófano, frente a la opción farmacológica, que consiste en tomar dos pastillas y abortar sola en casa. No obstante, esta organización teme que con la nueva ley, dado el propósito de que la sanidad pública asuma todos los abortos, se empuje a las mujeres a usar el método farmacológico, que es más barato y requiere de menos personal e instalaciones. En Catalunya, esta ya es la opción mayoritaria y en Baleares es la única que se ofrece hasta la novena semana de gestación.

Consentimiento informado

La reforma legal también incorpora disposiciones destinadas a atajar la llamada violencia obstétrica en los paritorios, sin mencionar este término a petición del Colegio de Médicos dado que, según explica su presidente, "se generan vínculos con la violencia de género y, por tanto, la denominación solivianta y daña la sensibilidad de los profesionales". No obstante, para fomentar que se actúe conforme al parto respetado y evitar mala praxis, la ley exige que la mujer dé su consentimiento informado ante cualquier práctica invasiva en un parto como cesáreas, episiotomías o uso de fórceps, que pueden dañar a la madre o el bebé.

Cobo ve bien que se generalice el consentimiento informado y recuerda que puede expresarse verbalmente y después incorporarse a la historia clínica.

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