Cerca de un centenar de españolas acuden cada año a abortar a Bruselas, según cifras del Centro Hospitalario Universitario de la capital belga. Es un hospital público. Y ellas, mujeres que ya han pasado la semana 22 de gestación y que deciden abortar porque les llega un diagnóstico tardío de malformación del feto. Para poder interrumpir el embarazo en España, deben pasar por un comité clínico hospitalario, que no siempre les da luz verde. Es ahí cuando muchas de estas mujeres deciden viajar al extranjero para abortar. Bélgica (en concreto su Hospital Público Universitario), pero también Francia o Estados Unidos, son algunos de los destinos.
Hay entidades, como la barcelonesa Associación de Derechos Sexuales y Reproductivos, que acompañan a estas mujeres, tanto a nivel emocional como informativo en el proceso de la interrupción del embarazo, ya sea en España u otro país. Esta asociación atiende cada mes a dos o tres mujeres que acaban acudiendo al extranjero a abortar.
La ley del aborto de España, una de las más progresistas del mundo, permite el aborto libre hasta la semana 14. A partir de ahí y hasta la 22, la mujer, para interrumpir el embarazo, necesita un informe médico que certifique que hay un grave riesgo para la vida o salud de la embarazada o anomalías incompatibles con la vida. A partir de la semana 22, entran en juego los comités clínicos de los hospitales.
El término 'compatible con la vida'
La reciente reforma de esta ley, que le ha dado un cariz aún más reformista (principalmente porque las menores de 16 años pueden poner fin al embarazo sin consentimiento paterno o materno), sigue sin amparar a aquellas mujeres que deciden abortar más allá de las 22 semanas porque el diagnóstico es tardío (hay enfermedades que no se detectan hasta el tercer trimestre) pero también decisivo: el feto tiene una malformación que, aunque es compatible con la vida, hace que su pronóstico vital, de nacer, sea muy dudoso. Los expertos advierten, además, de lo confuso del término "compatible con la vida", dado que, en la actualidad, prácticamente todas las malformaciones, incluso las consideradas "gravísimas", lo son.
"La ley belga es muy parecida a la española, pero difiere en un punto. Aquí dice que puedes abortar cuando la anomalía es grave para el feto [en España, a partir de las 22 semanas, solo si es incompatible con la vida] y para la madre", señala Teresa Cos, ginecóloga catalana del Centro Hospitalario Universitario de Bruselas que atiende a El Peeriódico por videollamada. "Me vienen al mes unas dos españolas y unas cuatro o cinco italianas. Son mujeres que lo pasan muy mal, que quieren ser madres pero que deciden abortar al conocer el estado de salud del feto. Tienen que viajar... Es muy duro", dice.
Esta ginecóloga alerta, además, de la desigualdad territorial en España: en algunas autonomías es mucho más fácil abortar que en otras. Por ejemplo, Cataluña y Baleares son de las "más abiertas", mientras que en otras, como la Comunidad de Madrid, la mujer solo puede poner fin al embarazo en clínicas privadas.
La situación catalana
En Cataluña, estos comités de ética están en el Hospital Clínic y en Vall d'Hebron, ambos en Barcelona. Desde 2010 (año en que se aprobó la ley del aborto) y hasta 2021, al comité clínico del Clínic llegaron 356 solicitudes para abortar: 332 (el 93,3%) se aprobaron y solo 24 (el 6,47%) se denegaron. En Vall d'Hebron se han denegado menos del 5% de estas solicitudes. Sin embargo, ni en las comunidades ni a nivel estatal hay un registro global de mujeres que se marchan al extranjero a abortar. Tampoco de a cuántas se les deniega el aborto.
"Solemos estar bastante de acuerdo con los padres, por eso hacemos muy pocas denegaciones", asegura Silvia Arévalo, jefa clínica de Obstetricia de Vall d'Hebron y miembro del comité clínico del hospital. "Nosotros no juzgamos la ética. La ley dice, en el artículo 15, que por encima de las 22 semanas se puede abortar en casos de enfermedades incompatibles con la vida o extremadamente graves o incurables. El comité decide si se cumple o no esa situación", explica Arévalo, quien precisa, además, que la misma ley recoge que uno de los integrantes del comité clínico (donde hay dos obstetras especializados en medicina fetal y un pediatra especializado en neonatología) sea elegido por la propia paciente.
"Diagnósticos más seguros"
Pero la situación, en el conjunto de España, es más compleja. "El 80% de los ginecólogos españoles -dice- son objetores de conciencia. No necesariamente por creencias, sino porque no quieren hacer abortos, no quieren que los tachen de abortistas. En los centros privados que hagan lo que quieran, pero en los públicos el Estado tendría que obligar a hacer abortos. Si no, no seas ginecólogo", opina, por su parte, Cos. La ginecóloga advierte de que hay malformaciones que aunque inicialmente son compatibles con la vida, abocan al niño o niña y a sus familias a vidas "muy dolorosas". No siempre hay instituciones que se encarguen de los elevados costes que tienen los tratamientos. "A ninguna mujer le gusta abortar, ni siquiera en el primer trimestre", asevera.
Esta ginecóloga subraya que el hospital en el que trabaja, además de hacer abortos que en España no se permiten, también salva la vida de otros muchos bebés. Por ejemplo, algunas madres se plantean la idea de abortar al saber que su bebé tendrá una cardiopatía. "Yo he rechazado abortos en estas situaciones porque luego esos niños se operan y viven bien", dice Cos. También asegura que, en Bélgica, al no estar los médicos presionados por el límite de las 22 semanas, se suelen hacer "diagnósticos más seguros". "Como en España abortar es más fácil antes de la semana 22, a veces se aborta antes de tiempo al ver que hay algún problema, pese a que luego la evolución del bebé podría ser buena. Aquí no estamos presionados por el tiempo y estamos más seguros del diagnósticos", concluye.
