La Fundación Tutelar Canaria de Acción Social prescindirá de 34 trabajadores. Los trabajadores de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias llevan meses de lucha para hacerse oír ante lo que consideran unas condiciones precarias y que no se ajustan a la realidad del sector. Denuncian que a finales de año 34 de los 102 trabajadores que conforman la plantilla serán despedidos si no se toman medidas antes. De momento, han remitido escritos a las consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y a Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sin que hayan recibido una respuesta. También se han dirigido al Diputado del Común para informarle del caso.
«Hay personal afectado por el proceso de estabilización y por una supuesta falta de presupuesto de la fundación que no se permite contratar a personas por más de seis meses, que es una modificación irrisoria teniendo en cuenta el colectivo con el que trabajamos. Hay contratos en fraude de ley que se han catalogado como de obra o servicio cuando son puestos estructurales», afirman los trabajadores.
Este es solo un nuevo capítulo del enredo laboral al que se han visto sometidos sobre todo desde el pasado mes de junio. Fue entonces cuando un informe realizado por la Intervención General de la Dirección de Planificación y Presupuesto que llevó a modificaciones en sus condiciones de trabajo y en la aplicación del convenio por el que se regían.
Dos convenios
De hecho, no todos los trabajadores cuentan con las mismas condiciones ni se rigen por el mismo convenio colectivo. A algunos se les aplica el decimocuarto mientras que otros se rigen por el decimoquinto. Una situación que ha llevado a desigualdades entre los 102 trabajadores de la fundación y que ahonda en la precariedad que denuncian.
«Teníamos una jornada reducida como ente público de 35 horas semanales. Ese informe indica que no se ha hecho un trámite para informar de este cambio de horario y que tenemos que pasar de nuevo a las 38,5 horas semanales. Si queremos coger una baja por maternidad, contingencia común o lo que sea, no se nos atribuye el 100%, cobramos el 75% y solicitan al personal que se cogió la baja en el 2020, porque la auditoría es de ese año, que devuelvan las cantidades cobradas por un fallo que no imputable a los trabajadores sino a la administración», explican los empleados.
De hecho, estas devoluciones oscilan entre los 2.000 y los 500 euros por trabajador. Un pago que muchos no pueden hacer frente en la actualidad.
Esta disparidad entre trabajadores de Fucas lleva a que un trabajador que entre nuevo cobre más que uno que llevaba desde la constitución de la fundación. «No tiene nada de sentido, no se premia la antigüedad y estamos completamente desamparados por la Consejería que nos avala», sostienen.
Mejoras
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud mantiene lo dicho en el Parlamento de Canarias por la consejera, Noemí Santana, y ratifica que estos trabajadores cuentan con una situación laboral precaria.
«Compartimos las reivindicaciones de las trabajadoras que llevan semanas demandando, como no puede ser menos, porque están en su derecho. Y ha sido y es nuestra voluntad política poder atender dichas demandas», afirman desde Derechos Sociales.
En este sentido, anuncian que están trabajando con los sindicatos en la confección de un anexo regional a dicho convenio, para mejorar algunas condiciones, al margen de las económicas.
Ante la imposibilidad de incumplir el convenio en vigor para recoger las peticiones de los trabajadores y mejorar sus condiciones laborales.
Una búsqueda de encaje legal para que se les equipare al resto de fundaciones públicas y se les retribuya ese 5%.
Los afectados reclaman una vuelta a la jornada de 35 horas semanales, la equiparación y homogeneización salarial, el establecimiento de las compensaciones por Incapacidad Laboral Temporal, la conversión de contratos temporales a indefinidos según la norma y la aplicación de un convenio que se ajuste al ente público. El pasado jueves se sumaron a la protesta del movimiento popular 15S por los derechos sociales de Canarias y no descartan nuevas movilizaciones si no hay cambios.
