Alcorcón y Fuenlabrada han sido las últimas localizaciones de casos vinculados a la violencia de las bandas juveniles. Ambos casos ocurrieron el fin de semana pasado. El lunes, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso presentó un protocolo de prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos y sobre el consumo de drogas. El miércoles, la Delegación de Gobierno en Madrid hizo balance de su Plan director para la convivencia y mejora de la seguridad, y destacó que se han multiplicado por cuatro las peticiones de los colegios madrileños para recibir charlas sobre los peligros de estas bandas juveniles. Y mañana, viernes, la Asamblea de Madrid escuchará a varios expertos hablar sobre este asunto. Habrá dos representantes de la Policía y también una experta en la materia, que sabe tanto del asunto por haber sido miembro de los Latin King como por todos los estudios de campo que ha realizado después.
Datos frente a percepciones
¿Ha crecido la violencia de estas bandas en Madrid? ¿Tiene la región un problema con estos grupos juveniles que han impulsado la acción de las instituciones? Desde la Delegación de Gobierno, los últimos datos que manejan es que desde que se puso en marcha el plan preventivo contra las bandas juveniles en febrero de este mismo año, Policía Nacional y Guardia Civil han realizado 772 detenciones vinculadas a estas bandas, han intervenido 485 armas y han levantado 4.383 actos por posesión de drogas. Pero frente a esos datos fríos, se encuentran las percepciones.
En los últimos seis meses se han producido 772 detenciones vinculadas a las bandas juveniles y han intervenido 485 armas
Este plan cobró vida hace poco más de seis meses tras el asesinato de dos jóvenes, uno de 15 años en plena calle Atocha de Madrid y otro de 25 en Usera. La semana pasada, un estudio realizado por Gad3 a petición del Centro de Ayuda Cristiano, exponía que el 88% de los padres y madres encuestados aseguran que la problemática de las bandas se ha incrementado mucho o bastante en los últimos años, siendo el porcentaje del 77% entre los profesores. Es solo una percepción, pero coincide con la de María Oliver, investigadora del proyecto Transgang de la Universidad Pompeu Fabra sobre bandas juveniles violentas o con la de Jorge Moruno, diputado de Más Madrid y portavoz en la Comisión de Estudio para abordar el fenómeno de estas bandas en la región y lo que se deduce del hecho de que la Comunidad de Madrid haya enviado a los casi 2.000 centros escolares de la región un protocolo de prevención sobre el tema.
Escalada cualitativa
Oliver confiesa que no tiene datos concretos para saber si en los últimos tres años, desde que cerró su trabajo de campo en el proyecto Transgang en 2018, se ha incrementado el número de jóvenes que se integran en estas bandas. Pero sí cree que ha habido una escalada cualitativa. Se ha pasado de puñetazos a machetazos y de estos al uso de armas de fuego. "El problema no es tanto la cantidad como la crudeza" de las agresiones cometidas, que en muchos casos terminan en asesinato, explica.
María Oliver fue madrina de los Latin King hace casi dos décadas y ahora da charlas en centros escolares sobre los peligros de integrarse en bandas similares
Las charlas en los centros escolares organizadas por la Delegación de Gobierno están impartidas por agentes de las fuerzas armadas. Mercedes González, titular de esta institución del Estado, explicaba durante la presentación del balance del plan director para la convivencia, que estas intervenciones sirven para sensibilizar a los menores "sobre lo fácil que es entrar" en estas bandas pero "lo difícil" que es salir y ponen también el foco en cuál es papel de las mujeres en estas organizaciones y cómo las utilizan.
Charlas insuficientes
Estas charlas son importantes, desde el punto de vista de Oliver, pero "hace falta más". ¿El protocolo de la Comunidad, por ejemplo? Más, apunta ella. "Los policías tienen una función punitiva y es muy importante, pero muchos jóvenes los ven con distancia, porque hoy les dan una charla y mañana son los que detienen a sus conocidos". Y respecto al protocolo del Gobierno, cree que es "positivo" pero nace "sin apenas dotación y de cero", buscando "mapear" una situación que los trabajadores sociales ya tienen perfectamente identificado.
El protocolo del Gobierno no está únicamente orientado a la prevención de la integración en bandas juveniles, es un plan de actuación que orienta a los profesores sobre los pasos a seguir ante posibles casos de violencia, adicción a drogas o videojuegos y otro tipo de trastornos que puedan ser peligrosos para los menores. Desde el Gobierno de Ayuso se quiso destacar durante la presentación que "la lacra de las bandas juveniles o grupos juveniles violentos no figura habitualmente entre las prioridades de la agenda política y mediática y eso tiene que cambiar”, aunque es cierto que los casos violentos, precisamente, son los que salen continuamente en los medios y son los que provocan, entre otras cosas, esa percepción o preocupación en los padres y profesores que desgranaba la encuesta de Gad3. La iniciativa del Ejecutivo autonómico busca "crear y consolidar una cultura de buen clima escolar a través de la sensibilización, la formación y en la implicación activa de toda la comunidad educativa".
Precisamente en esto último insiste la experta en bandas violentas juveniles, aunque apuesta en ir más allá. Hay que incidir en la educación, en la prevención, con los educadores sociales en las calles y en los barrios, advierte; en definitiva, en los escenarios previos a la comisión de los delitos.
Comisión de estudio
Esa parece ser la función que los diputados de la Asamblea de Madrid quieren darle a la Comisión que han creado para estudiar este fenómeno, analizar qué se puede hacer no solo desde el punto de vista punitivo sino desde la prevención. Los diputados consultados quieren creer que de verdad puede servir para profundizar en este asunto y que este no será un arma arrojadiza más entre instituciones, pero tampoco confían en exceso. "Confío en que esto no se convierta en un partido de tenis y sea una forma de utilizar Madrid como plataforma de otras cosas" se resigna el portavoz de Más Madrid en esta comisión de estudio, Jorge Morano. Ayer mismo, sin ir más lejos, hubo un sutil cruce de reproches entre la Delegación de Gobierno y la Comunidad a este respecto.
La delegada Mercedes González apuntaba que "antes de que las Fuerzas de Seguridad tengan que actuar, hacen falta políticas de integración social, de educación y prevención para que todos trabajemos de la mano. Espero que con la comisión (de la Asamblea de Madrid) nos demos cuenta de esta realidad, que la Policía actúa cuando saltan todas las señales de alarma y que otras administraciones tienen que trabajar". Era una declaración que iba en la misma línea que la de su compañero de partido, el portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, que al ser preguntado por el protocolo de Ayuso aprovechó para recalcar que hay que actuar también con políticas que lleguen a los madrileños que se encuentran en situación de vulnerabilidad y pueden tener mayor riesgo de integrarse en estas bandas.
Abandono institucional
El problema, apunta Morano, es que "los tipos de intervención que son necesarios para atajar el problema no tienen rédito electoral y no son efectistas, pero resultan fundamentales". Lo que vemos en la televisión es solo la punta del iceberg de un problema más profundo". En su formación no son partidarios de que toda la responsabilidad recaiga sobre la Policía, eso es un problema porque solo conduce a una mayor violencia como ocurre en Estados Unidos. "Hay que evitar golpes de efecto y trabajar en programas de prevención para deshacer la maraña que queda por debajo (del iceberg), evitar la depauperización de los barrios. No puede desligarse el problema de este fenómeno del abandono institucional y la brecha de desigualdad" de los distritos.
Oliver, que esta vez acudirá a la Asamblea de Madrid a petición de Unidas Podemos, coincide con esta necesidad de volcarse en la prevención. Durante su intervención en otra comisión de la Cámara regional en marzo de este año, advirtió que en el estudio realizado por su equipo se ve que la "mano dura" utilizada en Madrid durante los últimos años no ha servido para erradicar el problema. Los grupos se regeneran y ahora, avisa, el problema es mayor por dos razones principales: la edad de los menores para integrarse en estas bandas se ha reducido de los 15 a los 11 años y ya no son "captados" por las bandas sino que los jóvenes buscan pertenecer a ellas.
A esto, suma ella otro tras su experiencia personal dando charlas en los centros educativos: el profesorado no está formado, no sabe a dónde acudir ni cómo afrontar posibles casos de pertenencia a estas bandas. Por eso realizará dos propuestas concretas basándose en el estudio que han realizado y su paso por los colegios. Primero, formación para el profesorado. "Necesitan tener pautas, recursos, saber a dónde llamar cuando detectan algún caso". Lo mismo que reciben formación sobre cómo actuar en casos de bullyng, ciberbullyng o posibles casos de anorexia, deberían aprender cómo enfrentar los relacionados con la violencia y las bandas, apunta.
Y por otro, incluir este asunto en los planes de acción tutorial. Es decir, que los chavales tienen que recibir charlas de sus tutores sobre violencia juvenil asociada a las bandas. Y, además, en edades muy tempranas. Tendrían que incorporarse estas tutorías en quinto y sexto de Primaria. "A los doce, ya llegamos tarde", concluye.
