El Consejo Social de la ULPGC celebró ayer un pleno ordinario que dio comienzo con la toma de posesión como nuevas consejeras y consejeros de Ana Suárez Calvo, vicepresidenta del grupo Astican; Antonio Rico Revuelta, presidente de Cruz Roja de Canarias; y Alberto Cabré León, empresario y presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP).

Durante el pleno, el gerente de la ULPGC, Roberto Moreno presentó las directrices generales para la elaboración del presupuesto de la ULPGC para 2023 y los baremos o criterios que se emplearán para el cálculo de la asignación presupuestaria a Centros, Departamentos e Institutos universitarios, que van a estar marcados por el contexto económico y social: la salida de una pandemia y las implicaciones de sucesos como la guerra en Ucrania, que se han concretado con una elevada inflación y el aumento de la incertidumbre. Directrices que fueron aprobadas por el Consejo Social. Como principal novedad, respecto a 2022, señaló que en esta ocasión la ULPGC cuenta con un Plan Estratégico, ampliamente consensuado y aprobado por la comunidad universitaria, que dirige la acción de gobierno y establece las prioridades de la institución para los próximos años.

En la sesión ordinaria intervino, además del rector, Lluis Serra y del gerente de la ULPGC, el presidente del Consejo Social, Ángel Tristán, que informó de su asistencia a varias reuniones de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS), en Madrid, para seguir dando a conocer las enmiendas que han preparado los consejos sociales de España a la nueva LOSU.

Interlocutor

«Por primera vez en la historia de los consejos sociales universitarios, la CCS se ha convertido en un interlocutor ante el Ministerio y las fuerzas parlamentarias, gracias al impulso que le ha dado su actual presidente, Antonio Abril». Tristán destacó la intervención de Abril ante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso, para exponer y defender las 10 enmiendas que la Conferencia ha presentado al texto del proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). «Sabemos que tuvo una buena acogida e, incluso, varias instituciones, organizaciones y sindicatos han recogido algunas de estas enmiendas. Además, el propio ministro recogió en su proyecto de Ley algunos aspectos propuestos antes de su aprobación en el Consejo de Ministros».