La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, asegura que el problema de los niños robados es una realidad muy poco estudiada, por lo que que uno de los objetivos de la recién creada Comisión por el Derecho a la Identidad será, precisamente, dar a conocer la magnitud de esta tragedia, que abarca diferentes circunstancias, desde la sustracción de bebés en maternidades entre finales del franquismo y comienzos de la democracia hasta la de aquellos niños que crecieron solos en orfanatos o que presuntamente fueron vendidos a familias, y que a día de hoy han encontrado o no a sus padres o hermanos biológicos, por ejemplo.
Vallejo recuerda que el Archipiélago es una de las pocas comunidades autónomas españolas que cuenta con una Ley específica para abordar este complejo asunto y que todavía está pendiente que se apruebe una normativa estatal en el Congreso de los Diputados.
Para la viceconsejera, uno de los objetivos ahora consiste en abordar el conocimiento de lo que ocurrió durante décadas con menores de edad. En opinión de Vallejo, hasta ahora se han recogido testimonios de algunas víctimas de estas situaciones. Sin embargo, admite que «esta es una realidad muy poco estudiada; en Canarias apenas hay estudios sobre la magnitud de la tragedia».
Por ese motivo, defiende la importancia de promover el conocimiento de estas realidades mediante estudios sistemáticos, así como el reconocimiento y otorgar dignidad a las víctimas. Respecto a estas últimas, Carla Vallejo defiende que deben conocer sus orígenes y qué ocurrió con sus vidas y las de sus familias. También resalta la importancia que tendría la implicación de las universidades canarias en el análisis de este campo.
La constitución de la Comisión por el Derecho a la Identidad es una de las obligaciones que está recogida en la Ley canaria. Dicho órgano estará integrado por representantes del Ejecutivo autónomo, colectivos de afectados en las islas, la Federación Canaria de Cabildos Insulares (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Vallejo aclara que la Comisión es un órgano técnico y asesor, que busca «canalizar las demandas y promover las acciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley». En esa línea, señala que dicha entidad «no tiene funciones decisorias».
Durante años, desde los colectivos de víctimas se reclama un acceso efectivo a la información existente en determinados archivos. Sobre este aspecto, considera Vallejo que se debe respetar tanto la normativa estatal de acceso a los archivos como la Ley de Protección de Datos. A juicio de la viceconsejera, cada afectado tiene derecho a acceder a información relacionada con su propia trayectoria vital, pero no a la que corresponde a otras víctimas. «Hay que buscar un punto donde se armonicen el derecho a la investigación de esta realidad y la Ley de Protección de Datos», manifestó.
Otras funciones de la Comisión creada a finales de septiembre es mediar entre varias administraciones, así como con universidades para que se impliquen en la investigación, analizar las peticiones de los afectados, o bien dar a conocer los objetivos de la Ley y favorecer su cumplimiento.
La creación del mencionado órgano es un logro más en el largo y tortuoso camino de los colectivos Sin Identidad de Canarias. Uno de los representantes de las víctimas explica que «es un paso en el camino de la búsqueda de la verdad». Y advierte de la importancia de que en los textos legales se mantenga una visión amplia de la realidad, no limitarla solo a los problemas detectados en algunas maternidades de clínicas, donde a las madres les decían que su bebé había muerto, aunque en realidad el menor era vendido a otras familias.
Un obstáculo que encuentran los afectados por esta casuística es la falta de documentación sobre estos hechos. Desde el Colectivo Sin Identidad de Santa Cruz de Tenerife explican que, durante años, se ha ido recopilando toda la información posible sobre decenas de víctimas, muchas de ellas criadas en la conocida como Casa Cuna de la capital tinerfeña.
