Viven de forma muy precaria en una finca de Rocafort (Valencia), propiedad de la Sareb (entidad conocida como el "banco malo"). Son doce familias, tienen 8 menores de edad, viven sin agua potable porque les cortaron el suministro y ocupan una finca seminueva en pleno centro de Rocafort, a menos de 100 del ayuntamiento que gestiona el municipio más rico de la Comunitat Valenciana.

Mañana, 3 de noviembre a las 7 de la mañana, está previsto que la Guardia Civil lleve a cabo el "desalojo forzoso" a estas familias, acusadas de un delito penal de usurpación de vivienda y tramitado por vía urgente por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Moncada. Sin embargo, la Sareb ha tenido constancia de la vulnerabilidad de las familias y ha pedido al juzgado la paralización del procedimiento durante 60 días. La última palabra, sin embargo, la tiene el juez. Las horas se acaban y la agonía, aumenta.

Las familias temían verse en la calle, sin alternativa habitacional alguna, ya que en el mismo juzgado les han comentado que ningún funcionario acudirá mañana al desalojo. "Nos han dicho que solo irá la Guardia Civil, que no irá secretario judicial ni otra figura similar porque no hay nada que hacer y el lanzamiento se va a ejecutar porque así lo ha decidido el juez". Sin embargo, al cierre de esta edición, la Guardia Civil les había confirmado a las familias que el desahucio se había paralizado in extremis. La notificación, sin embargo, no era oficial.

Que la propiedad haya solicitado la paralización del procedimiento durante dos meses puede cambiar el futuro de estas familias. "Desde la Sareb se ha solicitado al juzgado la paralización del procedimiento durante 60 días porque la entidad quiere revisar la documentación y los expedientes de las personas afectadas", aseguran a Levante-EMV fuentes de la Sareb. Ahora bien, es el titular del juzgado quien debe paralizar el procedimiento y, por el momento, no hay constancia de que así sea por lo que los activistas y la movilización que están organizando sigue en marcha.

El procedimiento de desahucio se inició hace tres años contra ocho personas que ya no viven en la finca. De hecho, el juicio penal tendrá lugar en enero de 2023 pero el juez, como medida cautelar, ha decretado que se vacíe el edificio. "En esta finca se metieron las mafias y una serie de personas ocuparon las viviendas y generaron problemas. Una vez identificados e iniciado el procedimiento se fueron y otras familias han entrado a vivir de forma pacífica y con miedo, ya que viven de forma muy precaria, con pocos ingresos y tiene menores por lo que temen la intervención de los servicios sociales. El miedo a que les 'quiten los hijos' siempre está, pero no son delincuentes. Viven sin agua potable y necesitan ayuda", explica Vicente Ros, portavoz de PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) de Burjassot.

Son cinco las entidades que han trabajado (y siguen trabajando) para que estas familias no se vean en la calle, sin alternativa habitacional: PAH Burjassot, el sindicato Construim Burjassot y Red Godella, a nivel asociativo, y la Unidad de Ayuda ante Desahucios (UAD) y la dirección general de Emergencia Habitacional de la Conselleria de Vivienda, desde la Administración pública. Tres días de trabajo a contrarreloj, con un festivo nacional de por medio, y dos versiones bien diferentes del Ayuntamiento de Rocafort, pieza clave en la atención a las familias afectadas.

Y es que, por una parte, el alcalde, Rafael Ferrando (PSPV que gobierna en coalición con Ciudadanos tras la moción de censura de este año), asegura que estas familias "cuentan con el respaldo del ayuntamiento que no les puede negar la asistencia". Pero por otra parte, las personas afectadas han acudido a Servicios Sociales y se han ido sin realizar gestión alguna ya que "nos han dicho que existe una moción del pleno, aprobada por el anterior equipo de gobierno (PP y Ciudadanos), que nos niega la asistencia porque no estamos empadronados".

Ferrando, sin embargo, explica que "ese documento hace referencia a ayudas concretas del ayuntamiento para las que se exige el padrón y que se pueda justificar la vivienda de forma legal. Pero eso no tiene nada que ver con gestionar el padrón u otras gestiones o ayudas. La moción del pleno era para ayudas muy concretas. Estas personas sí tiene derecho a la asistencia". Sin embargo, y según aseguran los propios afectados, no ha sido así.

La importancia de Servicios Sociales

"La asistencia desde los Servicios Sociales es clave ya que son ellos los que emiten los informes de vulnerabilidad que exige el juzgado o quiere revisar ahora la Sareb ante la paralización de un desahucio. Pero es cierto que no les han querido atender. Yo estaba presente y soy testigo. Esperemos que eso cambie y les atiendan porque hablamos de familias vulnerables, de personas con escasos recursos y de menores", afirma una activista de Red Godella.

Las familias esperan, con agonía, la notificación oficial que les confirme la paralización del desahucio y les permita un plazo de 60 días para encontrar solución a su problema habitacional junto con la Conselleria de Vivienda y el apoyo de las entidades sociales que, a las 6 de la mañana, han convocado a sus activistas en aras de paralizar el lanzamiento y apoyar a los afectados.