La adjunta de Igualdad y Violencia de Género en la Diputación del Común de Canarias, Beatriz Barrera Vera, explica que son muchas las víctimas de violencia de género que reclaman a las administraciones contar con una vivienda para poder establecerse ellas y sus hijos de forma independiente y, de esa manera, poder iniciar una nueva vida.
Según recuerda Barrera, estas personas afectadas por episodios de violencia machista tienen preferencia a la hora de optar a casas de promoción pública, según establece la actual legislación. Advierte de que ya no es necesario que haya una sentencia para que una víctima acceda a los fondos de ayuda con dinero en efectivo. En ocasiones, hay retrasos y las beneficiarias llegan a estar en situación de vulnerabilidad.
Pero matiza que, en realidad, la mayoría de las mujeres en esta situación no quiere una ayuda económica, sino una inserción laboral que les permita vivir a ellas y sus hijos de forma autónoma y con dignidad.
Manifiesta que la mayoría de las perjudicadas quieren una eficaz inserción laboral
Dentro de su ámbito de actuación en la institución encargada de defender a los ciudadanos ante las administraciones, comenta que existen varios bloques de quejas planteadas por el colectivo de perjudicadas por los ataques físicos o psicológicos de sus parejas o exparejas. Muchas de estas personas se encuentran o han estado inmersas en procedimientos judiciales.
Recursos humanos
Aclara Beatriz Barrera que, respecto a la Administración de Justicia, las víctimas demandan una mayor dotación de recursos humanos para evitar que los procesos se dilaten en el tiempo. Así, por ejemplo, estas mujeres se quejan de lo mucho que deben esperar para superar las valoraciones de los médicos forenses y de los psicólogos forenses, que, entre otras cosas, determinan el riesgo de la persona y su estado emocional.
Como resulta obvio, este problema no es un asunto generalizado, sino que se concentra en determinados partidos judiciales del Archipiélago. Manifiesta la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común que hay casos en que las sentencias se pueden dilatar hasta seis u ocho meses.
Cabe recordar que, hace varios meses, en la mencionada institución se abrió una actuación de oficio ante la importante lista de espera existente en Las Palmas de Gran Canaria ante la carencia de suficiente personal en las unidades de valoración. Beatriz Barrera señala que esta situación no es exclusiva de dicho partido, sino que también se registra en Tenerife.
En cualquier caso, admite que la protesta de su departamento no ha caído en saco roto y, de hecho, ya la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia (DGRAJ) del Gobierno de Canarias tomó en consideración el planteamiento y «está adoptando medidas para dotar de más medios personales» a los institutos de Medicina Legal de ambas provincias.
Según Barrera Vera, el incremento de estas plantillas «se tiene que hacer con rapidez para que muchos procesos judiciales sigan avanzando y se aprueben las medidas pertinentes en cada caso que puedan beneficiar a las mujeres afectadas.
Educación a los jóvenes
Otra de las quejas tramitadas por la adjunta de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común se basa en el planteamiento de una asociación, que reclama la ejecución de una proposición no de ley (PNL) aprobada por unanimidad en el Parlamento de Canarias para que se adopte una política integral de educación y atención afectivo-sexual. Este proyecto está dirigido a la población de jóvenes y adolescentes, con el objetivo de «revertir la pérdida de valores que se da en algunos ámbitos de nuestra sociedad a la hora de considerar y respetar a las mujeres».
En los últimos años ha crecido la sensibilidad social ante la trata de personas con fines de explotación sexual y laboral a nivel nacional. En este ámbito, Beatriz Barrera manifiesta que su área ha abierto otra intervención de oficio para que en el futuro próximo exista un protocolo de actuación coordinado entre las diferentes administraciones públicas con el fin de «luchar contra esta lacra». Considera Barrera que se debe potenciar la información, la detección de casos y la protección a las víctimas por parte de los organismos canarios, «sin esperar a que se apruebe la Ley a nivel nacional». Desde la Diputación del Común también se estima como importante que todos los ayuntamientos y cabildos dispongan de un protocolo de actuación contra el acoso sexual a las mujeres. Para ello, la institución defensora de los ciudadanos se ofrece a dar asesoramiento a las administraciones locales para que cuenten con uno.
«Los puntos de encuentro familiar deben tener personal suficiente y especializado», dice
La adjunta de Igualdad ha recibido una queja para que por parte del Gobierno de Canarias se establezca un turno de oficio de abogados que se ocupen, en exclusiva, de los menores que son víctimas de malos tratos en el ámbito doméstico o que son testigos de episodios de violencia sobre su madre. Para Barrera, los niños y adolescentes necesitan atención especial en el ámbito jurídico y no todas las familias tienen recursos para tener la asistencia de un abogado particular. Resalta la experiencia que se desarrolla en Las Palmas, donde se abrió el primer juzgado del país especializado en violencia contra la infancia.
Puntos de encuentro familiar
La Diputación del Común abrió una investigación sobre la dotación existente y el funcionamiento que se registra en los puntos de encuentro familiar, así como si se han registrado quejas por parte de los usuarios. Cree Beatriz Barrera que una operativa correcta en estos recursos sociales «es fundamental». Aclara que existe la obligación legal de que dichos centros cuenten con personal especializado y suficiente para intervenir con las personas afectadas.
