El Ministerio de Derechos Sociales informó este lunes de que la ley de familias no se aprobará este martes en el Consejo de Ministros, según había previsto y anunciado el departamento capitaneado por Ione Belarra. El proyecto legal que contiene ayudas económicas y a la conciliación y reconoce la diversidad familiar vuelve a retrasarse de nuevo, pese que han pasado meses desde que surgió el embrión legal, en un clima de alta tensión entre los dos socios por el choque en torno a la 'ley trans'.

El PSOE comunicó el lunes al Ministerio de Igualdad que mantiene la enmienda que recorta la autodeterminación de género en los menores de 16 años y exige que cuenten con aval judicial para cambiar de sexo en el DNI y el Registro Civil, pese a que Unidas Podemos ha advertido reiteradamente que no pretende rebajar ni un ápice los derechos reconocidos en la ley trans. Por la tarde se conoció además que este martes el Consejo de Ministros sí estudiará la ley contra la trata de personas que ha propuesto el Ministerio de Justicia, pero el equipo de Irene Montero avisó de que es un proyecto legal "insuficiente" y que "no responde a lo demandado por los organismos internacionales".

En este ambiente de choque interno, en la noche del lunes Derechos Sociales comunicó, pocas horas antes del inicio de la reunión del Gabinete de Pedro Sánchez, que la ley de familias no se aprobará este martes pese a que ha pasado "ya por todos los trámites formales previos, es un hito del plan de recuperación y forma parte del acuerdo de presupuestos para el 2023".

"Constantes retrasos"

De hecho, en la negociación sobre las cuentas del Estado ambos socios acordaron que la ley, que contiene un cheque bebé que entrará en vigor en enero de 2023, se aprobaría en octubre, pero tampoco llegó al Consejo de Ministros, según Derechos Sociales, por las "resistencias" del Ministerio de Hacienda a incluir en el texto legal alguna de las medidas acordadas.

El departamento dirigido por Belarra se muestra "preocupado" por los "constantes retrasos" en la aprobación de la norma y culpa de la situación al "ala socialista". Asimismo, considera "urgente" que la ley vea la luz en primera vuelta porque es necesario para las familias españolas que actualmente "no reciben todo el apoyo que necesitan para la conciliación y la crianza". De hecho, como la norma no sea aprobada en un futuro inmediato, corre el peligro de que no pueda entrar en vigor esta legislatura, dado que queda poco más de un año hasta las elecciones generales.

Las medidas

El proyecto de ley incorpora la ampliación a más familias de la ayuda de 100 euros mensuales por hijo, hasta que el niño cumpla tres años, que perciben las madres trabajadoras pero no será una ayuda universal, como quería Unidas Podemos. Durante la negociación de los Presupuestos en el seno del Gobierno se acordó que el llamado cheque bebé se extienda también a las madres que cobren el paro o hayan trabajado al menos 30 días desde el nacimiento, lo que deja fuera a las que no hayan cotizado nunca.

Asimismo, la ley incorpora un permiso retribuido de cinco días al año para el cuidado de un familiar de hasta segundo grado de consanguinidad o un conviviente, aunque tampoco se ha llegado a los siete días, que era la propuesta inicial de Belarra. En la actualidad el Estatuto de los Trabajadores permite dos días por fallecimiento, accidente o enfermedad grave de parientes, pero el convenio colectivo puede establecer más días.

Familias monoparentales

Al mismo tiempo, la norma crea un permiso parental de ocho semanas que podrá disfrutarse de manera discontinua o continua hasta que el menor cumpla ocho años, pero esta baja laboral no es retribuida. Y, otra de las medidas más importantes, es la equiparación a las familias numerosas de las monoparentales con dos hijos, dado que su índice de pobreza es mayor que el de las familias con dos progenitores. Sin embargo, otra de las reclamaciones de estos hogares, que las madres solas (el 80% son monomarentales) puedan disfrutar del permiso de paternidad y maternidad de forma continua, no ha sido incluida en la ley.

Y tampoco ha sido recogida la ampliación de los permisos tras el nacimiento o la adopción a un total de 24 semanas, frente a las 16 actuales para cada progenitor, que era la pretensión inicial de Unidas Podemos.