Ángel Víctor Torres se reúne con el Conservatorio Profesional de Música en busca de una solución

El Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife ven, con pesimismo y estupefacción, la pérdida de una ocasión idónea para enmendar la irregularidad laboral con la que han vivido a lo largo de veinte años. Salvador Vizcaíno, representante de la plantilla junto a Ana María Díaz Poggio, da voz a los interinos de los dos centros que conforman un 60% de los 130 trabajadores que el lunes se reunirá con Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, para encontrar una solución ante las desventajas históricas que sufre el colectivo ante el concurso de méritos publicado el pasado 29 de noviembre en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).

El proceso de estabilización de plazas, en cumplimiento de la Ley 20/2021 para aplicar la directiva europea con el fin de reducir la temporalidad en el empleo público y contemplada en la Oferta de Empleo Público (OPE) de abril de 2022, provocó desconcierto y alarma por parte del profesorado del Conservatorio Superior de Música de Canarias, cuerpo que en estos veinte años desde la fundación del ente no ha tenido reconocida su categoría de Catedrático ni ha convocado ningún proceso selectivo. El lío histórico también afecta el Conservatorio Profesional con sedes en las islas capitalinas -la diferencia entre dar clases en un nivel u otro es la adquisición de un doctorado o máster de investigación-, que denuncia que desde el año 1997, cuando pasaron las competencias desde el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria al Gobierno autonómico, no ha habido ninguna prueba de funcionarado.

La crisis estalla en el Conservatorio: ni catedráticos ni oposiciones en 20 años

La baremación contempla un máximo de cinco puntos a oposiciones sin plaza concedida

Solo se reconocen diez años de experiencia

Este hecho perjudica en la baremación del concurso de méritos. En primer lugar, el documento redactado por la Consejería de Educación canaria estipula en 10 años máximo el reconocimiento de la experiencia laboral con un total de 7 puntos. Es decir, no cuentan el resto de años de servicio aunque se tuvieran y, además, como nunca se han celebrado oposiciones en el Archipiélago, los afectados no pueden contabilizar los 5 puntos máxime que da el haber aprobado una oposición sin plaza desde el año 2012.

Esta irregularidad histórica hace que el personal docente, tanto del Profesional como del Superior, hace que parta con desventaja frente al resto de comunidades autónomas. Tanto es así, que se teme el efecto llamada desde otras zonas de la Península dadas sus condiciones beneficiosas de partida. Por ello, Educación fue la última comunidad en convocar los tres procesos de estabilización de plazas.

Sin embargo, la rectificación del BOC publicado el martes 9 de noviembre también afectó negativamente al cuerpo porque al incluir, por primera vez, la figura de Catedrático para el Superior, se redujeron las plazas para el Profesional. Asimismo, cabe recordar que en el caso de los Catedráticos se expedirá un certificado especial, según confirmaron los docentes afectados, que reconozca su trabajo, pero que, de cualquier manera, no servirá en el resto de regiones.

Soluciones ignoradas

"La Administración no se ha actualizado en los plazos que exige la ley anterior a esta OPE, y lo que queremos pedir es que desde Canarias se arbitre un procedimiento excepcional que dé una situación de garantías laborales al personal que lleva más de 20 años trabajando", indica Vizcaíno. A raíz de ello, durante este tiempo se han mantenido reuniones con la Dirección General de Personal y su director Fidel Benigno Trujillo, pero sin ninguna solución real, "tenemos pocas expectativas de que se atiendan a nuestras demandas, ya que se le ha trasladado a la consejera y al director general estos hechos y no hemos tenido respuesta ni sensación de ser escuchados. No somos optimistas: parece ser que la única vía que nos queda es la judicial y las movilizaciones".

Dos gotas y la Escuela de Arte vuelve a inundarse: "Llueve dentro de las clases"

"Tenemos lista la vía judicial, y también contemplamos hacer huelga"

La reunión con Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno autonómico, el lunes es bienvenida como última llamada de auxilio, aunque ya los procedimientos estén en marcha. "El Gobierno de Canarias tiene que resolver esta situación de fraude de ley que ha creado con sus trabajadores durante estos 30 años", sentencia. La Consejería de Educación, dirigida por Manuela de Armas, ha declinado hacer declaraciones, a la espera de las próximas reuniones que mantendrá con el colectivo afectado la próxima semana. Entre las soluciones, está la judicialización de la causa para dar algo de margen a esta situación: "Tenemos preparada la vía judicial, y seguiremos haciendo movilizaciones y contemplaremos hacer huelga".