Familias de incapacitados avisan que pierden derechos y ayudas al desaparecer las tutelas

Al igual que ha ocurrido con la ley del 'solo sí es sí', la nueva Ley de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, que entró en vigor hace más de un año, está provocando efectos colaterales con los que nadie contaba y que están causando graves perjuicios a los familiares de las personas con discapacidad grave. La norma elimina las “tutelas”, por las cuales se declaraba la incapacitación judicial de una persona y se nombraba un tutor. Y, por lo tanto, los incapacitados dejan de computar para ser familia numerosa, lo que en la práctica significa que los familiares que los cuidan pierden derechos y ayudas. No solo se quedan sin las deducciones en el IRPF, y las bonificaciones en otros impuestos como el IBI, sino que también desaparecen los descuentos en el bono eléctrico, las ayudas al transporte o a compras. Desde Fademga calculan que el perjuicio económico puede rondar de media unos 15.000 euros al año para cada familia.

La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad celebrada en 2006 estableció que “las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en todos los aspectos de la vida”. El Gobierno español tardó varios años pero finalmente adaptó su legislación. Entró en vigor en septiembre de 2021. Hasta entonces si una persona con discapacidad intelectual, psíquica o física no se encontraba en situación para ejercer plenamente sus facultades jurídicas un juez lo declaraba incapacitado y se nombraba un tutor, que adquiría plenos poderes sobre su representado. No había nada intermedio.

Con la nueva ley se eliminan las tutelas y se sustituyen por otras figuras graduables en función de las necesidades de la persona que necesite medidas de apoyo, teniendo preferencia las medidas voluntarias. Estas figuras pueden ser una guarda de hecho, una medida de apoyo puntual para los casos menos graves, o una curatela, que puede ser asistencial, para aquellas personas que simplemente necesitan ser acompañadas o asistidas, o una curatela representativa para los casos más graves cuando la persona con discapacidad no pueda representarse por sí misma y por tanto precisa de un apoyo tanto en el aspecto personal como patrimonial.

Efectos "no deseados"

Fademga, que aglutina a varias asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, valora el espíritu de la nueva ley pero advierte de sus “perversiones”. “El objetivo es fantástico, pero trae consigo efectos no deseados, sin quitarle ni un ápice de bondad a la ley, que trata de dignificar la capacidad de las personas”, explica su secretario general, Miguel López Crespo, que además es tutor de dos hermanos con discapacidad.

Según explica, una persona sometida a tutela computa como si fueran dos hijos para determinar si es familia numerosa. Así, por ejemplo, un hogar con un hijo y otro con discapacidad que esté incapacitado es considerado ya familia numerosa.

Al desaparecer las tutelas, estas familias dejarán de ser consideradas numerosas y perderán todos los beneficios que percibían hasta ahora. Así, por ejemplo, disfrutan de una deducción de 1.200 euros anuales en la renta, también tienen un tipo del IRPF reducido, que puede suponer de media otros 1.500 euros anuales. Dejarán de ser considerados colectivos vulnerables en el bono eléctrico, que les permitía un descuento del 50 por ciento en la luz. También pierden las ayudas al transporte que, según calcula Miguel López Crespo, pueden ser otros 1.000 euros más al año. Y a esto se suman otras bonificaciones que obtenían en distintos tributos, estudios, compras etc. Pero además se quedan sin ciertos derechos. Por ejemplo, en el ámbito laboral, al ser familia numerosa disponían de más días de permiso por cuidados familiares, que ahora se verán reducidos.

Aunque no hay un cálculo de cuántas familias se pueden ver afectadas.

La justicia está ahora procediendo a revisar las incapacidades caso por caso para adaptarlas a la nueva ley. Y esto puede deparar también sorpresas, según Miguel López Crespo. Por ejemplo, si el juez retira la tutela antes del 31 de diciembre de este año las familias podrían tener que devolver las deducciones en el IRPF que se le aplicaron en la nómina este año por ser familia numerosa.

La otra traba la están poniendo los bancos. En Valencia, por ejemplo, se bloquearon miles de cuentas de personas incapacitadas que tras la revisión judicial dejaron de ser tuteladas. Las entidades exigen para reactivarlas que el propio discapacitado acuda a la oficina o, en los casos más graves, su curador. Pero mientras, por el desconocimiento, muchas de esas cuentas quedan bloqueadas y no se permite sacar dinero ni el cobro de la pensión. Miguel López denuncia además que, en su caso, los bancos le ponen problemas para abrir cuentas a nombre de sus hermanos hasta que no se revisen sus incapacidades.

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