Medio ambiente

El PSOE extremeño registra una propuesta de ley para tratar de legalizar Valdecañas

Supondrá declarar como Zepas 55 zonas no catalogadas de forma oficial y de paso autorizar en estos territorios las construcciones que no hayan dañado el terreno

Una imagen de archivo del complejo Marina Isla de Valdecañas.

Una imagen de archivo del complejo Marina Isla de Valdecañas. / Francis Villegas

Sira Rumbo Ortega

El Grupo Socialista en la Asamblea de Extremadura registró este jueves una propuesta de ley para modificar el mapa de la Red Natura 2000 y declarar como Zonas de Especial Protección de Aves (Zepa) 55 territorios extremeños que ya se creían catalogados pero que no cuentan con una declaración oficial. Y de paso, legalizar las construcciones que se hayan llevado a cabo en estas zonas y que no hayan dañado el terreno. Entre ellas se encuentra Valdecañas. Por tanto, una vez que la iniciativa sea aprobada por la cámara extremeña, cuestión asegurada al contar el PSOE con mayoría absoluta, se conseguirá dar "seguridad jurídica" al resort de lujo. 

Es la última baza del Ejecutivo autonómico para intentar mantener en pie el complejo. Al menos la parte que ya está construida, porque la que está a medio ejecutar tendrá que ser derribada por orden judicial. Tal y como explicó la portavoz del grupo socialista, Lara Garlito, una vez "acreditado" también con un dictamen de 2019 del Consejo Económico y Social de Extremadura y "avalado" por sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad (TSJEx) de junio de 2020, donde se indicaba que "no había habido en ningún caso perjuicio en la integridad de su terreno», ya «nada se opone a la legalización de todo lo construido y finalizado" en Marina Isla de Valdecañas.

"Los valores medioambientales son un elemento siempre de progreso económico y social de la región, pero inevitablemente, necesariamente esa protección a los ecosistemas siempre tiene que tener un equilibrio con el desarrollo de los territorios", agregó.

La propuesta de ley lo que hace es actualizar la red de Natura 2000, a la que se añadirán estos 55 territorios. Y su objetivo es "otorgar la seguridad jurídica que requiere" la catalogación de estas zonas que anteriormente no estaban declaradas. Así como "garantizar la protección medioambiental y dar cobertura jurídica a todas las actuaciones, normas, planes y situaciones jurídicas que implicasen su aprobación por la situación en las que esas Zepas no estaban declaradas".

"El proyecto ha fijado población"

La seguridad jurídica que pretende esta ley también afectará y tendrá efecto sobre el proyecto Marina Isla de Valdecañas, «que ha generado un impacto muy positivo en la zona, que ha generado empleo, desarrollo, riqueza, y que ha fijado población en el territorio, además de contar con un medio ambiente más diverso, más rico que el preexistente», puntualizó la portavoz socialista. Por tanto, añadió, "nada se opone ya a la legalización de todo lo construido y finalizado, sino que nos anima además a mantener ese equilibrio que debe tenerse entre la protección medioambiental pero también el desarrollo de los territorios", porque "nunca puede hipotecarse los municipios, su progreso, a la búsqueda de proyectos de vida de su población".

Una vez avalada la propuesta se declarará de interés público regional de primer orden el Proyecto de Interés Regional (PIR) del embalse de Valdecañas, lo que posibilitará la legalización de las construcciones y edificaciones, así como del entorno medioambiental "más rico y diverso que el preexistente". 

El derribo del complejo, pendiente del Constitucional

El derribo del complejo Marina Isla de Valdecañas está todavía pendiente del Tribunal Constitucional (TC). El pleno admitió a trámite el recurso de amparo presentado por la Junta de Extremadura, las comunidades de propietarios de las viviendas y los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo contra la sentencia del Tribunal Supremo que ordenaba el derribo al completo del resort. Ahora deberá estudiar las alegaciones para decidir si las estima, y por tanto paraliza la orden de tirarlo, o las rechaza, lo que supondría tener que derribarlo todo. Lo que debe hacer el TC es decidir si prevalece la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que permitió mantener en pie lo que ya estaba construido e instó a tirar el resto; o la del Supremo, que ordenaba derruirlo todo. Cabe recordar que la decisión de admitir a trámite los recursos no fue por unanimidad en el Constitucional, sino que seis magistrados votaron a favor y cinco en contra, con voto particular incluido en el que hacían referencia a que no había razones para su estudio. Por otro lado, las partes han pedido que se paralice la orden del Supremo de tirarlo todo, a la espera de fallo del TC. Aún no se ha contestado.