Medio ambiente

Ribera necesita la autorización de Hacienda para poder rebajar ahora el precio del agua desalada

Los regantes del Tajo-Segura niegan contactos con el Gobierno para negociar un precio político del agua desalada

Los regantes sostienen este miércoles en Murcia la pancarta anunciando la concentración de la semana que viene en Madrid.

Los regantes sostienen este miércoles en Murcia la pancarta anunciando la concentración de la semana que viene en Madrid.

F. J. Benito

El Ministerio para la Transición Ecológica ha pedido al Ministerio de Hacienda la autorización para poder rebajar el precio del agua desalada a los regantes del trasvase Tajo-Segura en Alicante, Murcia y Almería. Medida con la que intenta sofocar el incendio provocado por la vicepresidenta Teresa Ribera con los agricultores tras caducar y no renovarse el decreto de sequía que sirvió de marco legal para subvencionar el agua durante 2022. La consecuencia directa es que la tarifa del caudal desalado ha pasado a ser de 1,3 euros/m3, por los 0,45 euros del año pasado. Precio imposible para el sector agrícola.

"¿Reuniones del Ministerio con los regantes? ¿Pero cómo se puede mentir de un modo tan descarado?". Esta ha sido la reacción del presidente de la Junta Central del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, tras el anuncio del Gobierno de que prepara un decreto con nuevas medidas para abaratar el precio de agua desalada hasta 2026, cuando Transición Ecológica estima que la producción del caudal que se produzca en las plantas, entre ellas Torrevieja, pueda bajar su coste de forma natural al incorporar la energía fotovoltaica como fuente de consumo.

De hecho, la única comunicación oficial que tienen los regantes sobre el presunto abaratamiento del agua desalada se produjo, indirectamente, hace un par de meses cuando en un jornada organizada a por la CEV-Alicante en IFA, el director general del Agua, Teodoro Estrela, tercero en el escalafón del Ministerio tras la vicepresidenta Teresa Ribera y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, anunció que el objetivo del Gobierno es que el precio del agua desalada en España se estabilice en el entorno de los 0,34 euros/m³ a partir de que se hayan hecho las obras para instalar la energía fotovoltaica en las desaladoras.

Un proyecto valorado en 650 millones de euros que no se ha redactado aún. El presente, sin embargo, es el que es con el precio del agua desalada a 1,3 euros/m³ desde esta semana, ya que el pasado 31 de diciembre quedó si efecto el decreto de sequía que amparaba a subvención y dejaba la tarifa en 0,45 euros/m³. Fuentes próximas a los últimos movimientos del Ministerio para la Transición Ecológica sostienen que la tarifa puede volver a la del año pasado, pero para ello hace falta el visto bueno del Ministerio de Hacienda, en concreto la Dirección General de Patrimonio.

Tras el nuevo incendio provocado por la vicepresidenta Teresa Ribera al no renovar el decreto de sequía, marco legal hasta ahora para subvencionar el agua desalada, el Ministerio para la Transición Ecológica trata de reaccionar con un nuevo decreto para fijar un precio “puente” para el agua desalada pero sin especificar cifras. Puig mantiene la exigencia de rebajar el precio al menos hasta los 0,45 euros/m3 y, además, que se recupere la disposición novena del plan hidrológico del Tajo (anulada antes de llegar al Consejo de Ministros), para revisar el caudal ecológico en 2026 cuando está fijado, negro sobre blanco, que subirá hasta los 8,63 m³/ segundo, lo que recortará automáticamente en 64 hm³ al año la disponibilidad de agua para riego, y elevará la reserva de 400 hm³ a partir de la cual no hay trasvase para ningún uso. El Ministerio, como avanzó el secretario de Estado Hugo Morán en el Consejo Nacional del Agua del 29 de noviembre, ha dejado sin efecto en la redacción final del plan del Tajo la posibilidad de bajar el caudal fijado.

El nuevo decreto que ultima el Ministerio, que ha sido "debatido y consensuado con los actores implicados en las últimas semanas de diciembre", algo que niega el Sindicato Central del Tajo-Segura, busca responder a la situación de los regantes, que hasta el 31 de diciembre se beneficiaban del decreto ley de sequía que subvencionaba el agua desalada y que ha expirado "al no seguir registrándose los umbrales establecidos en la citada norma", según el Ministerio.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha vuelto a mostrar este miércoles su disposición a dialogar y negociar con el Ministerio para la Transición Ecológica respecto al futuro del Tajo-Segura, pero ha advertido que no aceptará ninguna "imposición" sobre las condiciones del trasvase.

"Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener", ha insistido un día después de solicitar audiencia al Consejo de Estado para conocer la redacción final que ha llegado a este órgano consultivo sobre el proyecto de real decreto del plan hidrológico que afecta al Tajo-Segura, con el objetivo de poder presentar alegaciones.

"Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener"

En concreto, el proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua a finales de noviembre incluía una disposición adicional novena que el Consell ve esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase, por lo que Puig ha rechazado cualquier modificación o supresión de este punto.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, el president ha garantizado que está en contacto con la ministra Teresa Ribera, y que "ella sabe perfectamente lo que pasó". Había una propuesta del Ministerio que aceptó la Generalitat en el Consejo del Agua y que "ahora es obvio e indiscutible que se ha producido un cambio y ahí está el motivo de las discrepancias".

"Nuestra posición no es cerrada en absoluto, se puede discutir de todo. Desde luego, estamos en el marco de la negociación porque queremos llegar a un acuerdo", ha reiterado, y ha advertido que el Consell planteará alegaciones si el Gobierno no rectifica, mientras "los regantes tienen su propia vía" y se manifestarán la próxima semana ante el Ministerio.

Puig ha vuelto a recordar que el Tajo-Segura es "un asunto complejo porque viene de muy lejos e históricamente ha habido confrontación territorial" respecto al uso del agua trasvasada. Ha defendido que su gobierno lleva desde 2015 intentando huir de las "guerras" y el "barro", además de pedir que este proceso se aborde desde la racionalidad e incluya medidas de futuro para la agricultura mediterránea.

También ha reconocido que el Tajo debe estar "en plenas facultades" y ha asegurado que nadie está más de acuerdo con eso que las regiones receptoras del agua de este río. Ha vuelto a exigir que el agua depurada de la Comunidad de Madrid ayude a "revitalizarlo" y que la desalada tenga un precio justo para los regantes, además de resaltar el "enorme esfuerzo" de la Comunidad de Murcia por la reutilización de los recursos hídricos.

En este sentido, la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha insistido hoy en la versión oficial de que la creación de caudales ecológicos en los planes hidrológicos de cuenca, como el del Tajo, responde a la obligación que tiene el Gobierno de cumplir varias sentencias de la Unión Europea y el Tribunal Supremo.

Rodríguez se ha referido así a preguntas de los medios de comunicación sobre la intención del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, de presentar alegaciones ante el Consejo de Estado en defensa del trasvase Tajo-Segura, afectado por la creación del caudal ecológico, lo que ha reabierto la polémica sobre este asunto. La portavoz ha comentado que el caudal ecológico del Tajo aumentará de forma gradual y con la sensibilidad de saber que están "ante un recurso escaso".

"Entiendo que Puig defienda los intereses de su comunidad, pero el Gobierno lo hace del conjunto del país"

Según sus explicaciones, esa medida se adopta también apoyada por un esfuerzo inversor del Gobierno de España, que garantizará a la zona del Levante, que hasta ahora era la cuenca que recibía estos recursos hídricos del Tajo, una inversión de hasta 650 millones de euros en desaladoras.

Estas infraestructuras servirán para garantizar "una buena gestión de los recursos hídricos para el sector agrícola de la zona", ha dicho la ministra antes de recordar que España tiene una convicción clara de combatir el cambio climático y de ir hacia un modelo de mayor sostenibilidad.

Apoyados en los fondos de recuperación, ha defendido que se está haciendo una gran inversión en todo lo que tiene que ver con el uso y la gestión del agua en España, que ha llevado a ser "el segundo país del mundo donde existe una mejor tecnología" en ese campo.

En esa dirección "es en la que el Gobierno está trabajando con los nuevos planes de cuenca", ha reforzado Rodríguez, quien ha dicho entender que Puig defienda los intereses de su comunidad autónoma, pero "el Gobierno de España lo hace del conjunto del país". Y "lo hace con mucho trabajo y mucho diálogo con los sectores implicados", ha zanjado.

Cese de Ribera

Jóvenes Agricultores ASAJA-Alicante exige a Pedro Sánchez el cese inmediato de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por "mentir" públicamente sobre la exigencia de incrementar los caudales ecológicos del Tajo, hecho que, si finalmente acaba sucediendo, acabaría con una infraestructura histórica como es el trasvase Tajo-Segura, del que depende el futuro de la agricultura y miles de familias de Levante. Según explica la asociación alicantina, el Alto Tajo tiene establecido por Ley, desde el año 1979, un caudal ecológico mínimo de 6 m3 por segundo.

“Las sentencias del Supremo dicen que deben instituirse caudales ecológicos en el resto del Tajo, pero no en la zona del Alto Tajo como afirma la ministra de Transición Ecológica, pues ya los tenía fijados por la Ley de explotación del trasvase y no hay ningún informe técnico ni medioambiental que dicte que deben ser mayores a esos 6 m3 por segundo”, ha apuntado la organización agraria en un comunicado.

Por tanto, ASAJA-Alicante acusa a Ribera de “tratar de confundir a la sociedad faltando a la verdad, cuando en realidad su único objetivo es consumar el fin del trasvase Tajo-Segura por una decisión exclusivamente política y carente de cualquier criterio técnico o medioambiental”. Asimismo, critica a la ministra por actuar de forma intransigente y unilateral al eliminar del borrador del decreto ley del Plan del Tajo la disposición adicional novena pactada en el Consejo del Agua el pasado 30 de noviembre, que incluía la necesidad de revisar el estado del río en 2025 antes de ejecutar las subidas del caudal ecológico.

En cuanto al agua desalada, la asociación afirma que en ningún caso puede ser la solución o la alternativa al problema del agua de la agricultura, que a pesar de la subvención sigue siendo más cara, y cuando no pueda subvencionarse, la hipoteca energética recaerá en el agricultor. En este sentido, la asociación critica que Ximo Puig haya incorporado al debate actual la sustitución del agua del trasvase por agua desalada.

“No queremos agua para siempre, queremos que se mantengan las reglas actuales de la explotación del trasvase que nos permite desarrollar nuestra actividad, y exigimos al presidente del Gobierno que tome partido y destituya a quien ha demostrado actuar sin consenso ni diálogo”.

La asociación está recopilando documentación y estudiando la posibilidad de interponer una querella por prevaricación administrativa y/o delito de falsedad documental contra la ministra Teresa Ribera por mentir de forma reiterada y pública sobre los caudales ecológicos del Tajo “faltando a la verdad en la narración de los hechos” con el claro objetivo de dañar o acabar con el trasvase Tajo Segura.

Por último, ASAJA anuncia que participará en la protesta del próximo 11 de enero en Madrid frente a la sede del ministerio de Transición Ecológica, donde regantes, agricultores y sociedad civil protestarán por el recorte del trasvase, que dejará a miles de familias sin trabajo y pondrá en jaque la producción de frutas y hortalizas en fresco del Mediterráneo. Dicha concentración coincide con el consejo de ministros que abordará la aprobación definitiva del Plan de Cuenca del Tajo que recoge los recortes al Levante español.

Satisfacción castellano-manchega

Por su parte, el consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla La Mancha, el socialista José Luis Escudero, ha aplaudido que el Ministerio para la Transición Ecológica haya enviado el borrador del Plan Hidrológico del Tajo al Consejo de Estado para su aprobación y que incluya el incremento de los caudales ecológicos como pretendía la Junta de Comunidades manchega. Escudero señala que Castilla-La Mancha celebra que se fijaran los caudales ecológicos en el nuevo documento del Plan del Tajo y, de igual forma, ha aplaudido que el borrador enviado por el Ministerio al Consejo de Estado "refleja lo que pretendíamos, que haya un incremento paulatino en los niveles del caudal ecológico".

Medida que supondrá que en los próximos cinco años -el plan tiene fecha de finalización en 2027- habrá un incremento hasta los 8,65 metros cúbicos en los caudales ecológicos y, por tanto, "garantizará un mejor futuro para el río y que los pantanos de cabecera y los pueblos ribereños tengan una lámina estable de agua". Según Escudero, esto es una "muy mala noticia" para los que piden la perpetuidad del Tajo-Segura y, en este punto, hizo referencia a la manifestación que han convocado los regantes el próximo día 11 lamentando que “quieran estrangular todavía más al río Tajo para arrancarle hasta la última gota".

Por todo ello, ha agradecido la "determinación y valentía" del Gobierno de España en relación al Plan del Tajo, ya que, ha apuntado, ha habido "muchísimas presiones hasta en el último segundo" e, incluso, han intentado "colar" una disposición para revertir la decisión de fijar los caudales ecológicos.

Por otro lado, el Consejo de Estado ha dado de plaza al Consell hasta el próximo martes para que presente alegaciones al proyecto normativo aprobado por el Consejo Nacional del Agua en su reunión del pasado 29 de noviembre que incluía un punto -la disposición adicional novena- que resulta esencial para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo- Segura.

La Generalitat recuerda la necesidad de respetar los acuerdos alcanzados y exige que se mantenga en sus mismos términos aquello que se pactó en su día y obtuvo el refrendo del Consejo Nacional del Agua. En caso de incumplimiento, la Generalitat insiste en que emprenderá todas las acciones que estén a su alcance para defender la continuidad del trasvase Tajo Segura y apoyar así las justas demandas de los regantes alicantinos.

“Ahora corresponde al Consejo de Estado emitir el preceptivo dictamen sobre el proyecto de Real Decreto relativo a los planes hidrológicos de cuenca de determinadas demarcaciones ante de remitirlos al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva”, recuerda el Consell.

La Generalitat toma la iniciativa solicitando audiencia al órgano consultivo del Gobierno para poder efectuar alegaciones, al tiempo que reafirma tanto su compromiso inquebrantable en defensa de los regantes valencianos como su voluntad manifiesta de agotar todas las vías posibles en aras de asegurar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Aumenta la reserva

Mientras, los pantanos de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, han ganado en la última semana 11,84 hectómetros cúbicos de agua y acumulan 596,58 hm3, el 23,69% de su capacidad total de embalse, que es de 2.518 hectómetros cúbicos. El embalse de Buendía tiene 339,87 hm³ , 6,69 hm3 más que los que tenía el 28 de diciembre. Esta cantidad supone el 19,93% de la capacidad total de este embalse, que se sitúa en 1.705 hm3. Buendía almacena 58,79 hm3 menos que los que tenía el año pasado por estas fechas, cuando sus reservas estaban en 398 hm3.

Las reservas en el pantano de Entrepeñas son de 256,71 hm3, 5,15 hectómetros cúbicos más que los que tenía la pasada semana, que representan el 31,57% de la capacidad del embalse, que puede almacenar hasta 813 hectómetros cúbicos. Entrepeñas almacena prácticamente la misma cantidad que tenía el año pasado por estas fechas, cuando acumulaba 257,66 hectómetros cúbicos, 0,95 menos que los que tiene ahora. Hace un año por estas fechas los pantanos de la cabecera del Tajo almacenaban 655,66 hectómetros cúbicos, el 26,03 % de su capacidad de embalse.