Tajo-Segura

La agricultura del Levante parará el 11 para pelear por el agua en Madrid

Los regantes solicitan una reunión con la ministra Ribera el día de la protesta, aunque ayer reclamaron su dimisión por "mentir" sobre el Trasvase

Los miembros del Círculo del Agua, reunidos ayer, con la pancarta para apoyar la protesta de Madrid.

Los miembros del Círculo del Agua, reunidos ayer, con la pancarta para apoyar la protesta de Madrid. / juan carlos Caval

Alberto Sánchez | @asanchez777

"Si alguien miente en este país cuando habla de agua es usted. Miente cuando dice que los males de este país los causa el Trasvase". Así de tajante se mostró ayer el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura, Lucas Jiménez, en referencia a la vicepresidenta Teresa Ribera. La tensión por el agua del Trasvase no hace más que aumentar en estos primeros días del año. Con el socialista valenciano Ximo Puigenfrentado al Ejecutivo central por el cambio en el Real Decreto que cerraba la puerta a una subida progresiva de los caudales ecológicos en el Tajo, ahora el Círculo del Agua, compuesto por organizaciones socioeconómicas de Murcia, Alicante y Almería, ha exigido la dimisión de la ministra para la Transición Ecológica por "mentir".

El presidente del Scrats, Lucas Jiménez, acusó a la vicepresidenta de "llevar mintiendo dos años" cuando comenzó a alegar que los recortes en el Trasvase "eran fruto del cambio climático o de decisiones técnicas. Miente permanentemente. Sus técnicos no le han aconsejado subir caudales ecológicos". Es una decisión personal, señala el líder de los regantes, empujada por el presidente manchego, el "bravucón" Emiliano García-Page, definía Jiménez.

El Scrats vuelve a señalar que siguen pesando más "los condicionamientos políticos e ideológicos de una región (Castilla-La Mancha)" para cerrar el Trasvase. Los regantes están a la espera de conocer el dictamen del Consejo de Estado, que tendrá que escuchar las protestas de los gobiernos de Murcia y Comunidad Valenciana por los cambios en el real decreto del Trasvase que frenaba la subida de los caudales en 2026. El Ministerio remitió a este órgano consultivo un texto diferente al que se aprobó en el Consejo Nacional del Agua, un hecho que ha enfrentado a los regantes y el presidente valenciano con la ministra Teresa Ribera.

Paro agrario

Los representantes del Círculo del Agua han acordado exigir un paro agrario en las tres provincias que reciben agua del Tajo para el próximo 11 de enero, y lograr así "una afluencia masiva" a la protesta en Madrid convocada por las mesas del agua regional y provinciales del Levante frente a las puertas de Transición Ecológica. La medida afectaría a unos 70.000 trabajadores.

Ese día las comunidades de regantes cortarán la distribución del agua y las alhóndigas cerrarán. De la misma forma, Jiménez ha reclamado a los alcaldes que apoyan la postura de los regantes que faciliten el trasladado de sus vecinos hasta la capital para ayudar a frenar los planes del Ministerio. Anoche la comunidad de regantes del Campo de Cartagena reunió a un buen número de comuneros en un salón de celebraciones de Torre Pacheco para explicar los detalles de la manifestación en Madrid.

El sindicato ha solicitado una reunión con la ministra Teresa Ribera, u otros interlocutores con lo que ya se han sentado para negociar asuntos relacionados con el agua, como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, o el director general del Agua, Teodoro Estrela.

Lucas Jiménez ha insistido en las repercusiones que el recorte de la mitad del agua que se trasvasa ahora tendrá sobre los consumidores, con el aumento del precio del agua para consumo humano. La decisión de la ministra es "descarnada" para el Scrats, que vuelve a recordarle a Ribera que la propia Confederación Hidrográfica del Segura refleja en su plan de cuenca que habrá un impacto "desproporcionado" a nivel social, económico y ambiental si disminuye la llegada de agua del Tajo.

"Lo que se acordó en el Consejo Nacional del Agua, que se ha cambiado sustancialmente, se tiene que mantener", recordó ayer por su parte el presidente valenciano Ximo Puig.

El Gobierno se enroca en las sentencias del Supremo para defender su posición

La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, defendió ayer la actuación del Ejecutivo en lo referente al borrador del Real Decreto sobre el Trasvase Tajo-Segura que se ha remitido al Consejo de Estado, que según ha indicado ha preparado unos informes "que han sido aprobados por la mesa del agua" y elevados al Consejo de Estado. Asimismo ha sostenido que lo que trata de hacer el Gobierno Central es poner al río Tajo un nivel de caudal ecológico que no tenía hasta ahora "para dar cumplimiento a la normativa europea y a las sentencias del Tribunal Supremo", ha explicado. "El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, defiende el interés de su comunidad autónoma y el Gobierno, del conjunto de nuestro país", ha respondido. Rodríguez ha hecho estas declaraciones después de que Puig anunciara este martes que pretende presentar alegaciones ante el Consejo de Estado sobre el trasvase Tajo-Segura. La ministra ha destacado asimismo la inversión por parte del Gobierno de 650 millones de euros en desaladoras, que a su juicio van a garantizar la buena gestión de los recursos hídricos "también para el sector de la agricultura" en esta zona.

Alegaciones de Murcia

El Gobierno regional ultimaba ayer las alegaciones que presentarán ante el Consejo de Estado. Unas reivindicaciones que se centrarán en la falta de consideración económica y ambiental, además de la falta de transparencia en su tramitación el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo.

Así, la Comunidad ha señalado que "confía que puedan ser oídas las alegaciones" sobre el proyecto y que sean tenidas en consideración por el Consejo de Estado antes de la emisión de su preceptivo informe, cuya fecha de publicación no deberá ir más allá del 20 de enero.

El agua desalada se pagará a 0,45 euros con la subvención

La subvención para el agua desalada que pretende aprobar el Gobierno central mediante decreto permitiría pagar este recurso a 0,45 euros el metro cúbico con IVA y transporte incluido. El Ministerio para la Transición Ecológica ultima su nueva norma que pretende ofrecer esta ayuda los próximos cinco años a los regantes. El precio será similar al que venían pagando los agricultores el año pasado, cuando con el decreto de sequía se subvencionó la compra de agua desalada, que salía de plantas como la de Torrevieja a 0,34 euros. De no aplicar estas ayudas, los regantes se enfrentarían a un precio de 1,30 euros. Transición Ecológica está esperando el visto bueno del Ministerio de Hacienda para rebajar a partir de este año ese precio, y se mantendría hasta que se construyan las plantas fotovoltaicas que permitirían rebajar el coste de producción en las desaladoras.

El precio para los próximos años, pese a ello, estará condicionado al vaivén del precio de la electricidad. El Ministerio pretende acallar las críticas que llegan desde las comunidades de regantes y del presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, que ha exigido mantener la subvención al menos en los mismos términos que en 2022. La tarifa, en un principio, se mantendría igual. Por su parte, el presidente del Scrats, Lucas Jiménez, ha calificado como "otra mentira más" de la ministra Teresa Ribera el anuncio del nuevo decreto que subvencionará el agua desalada para los regantes del Levante. Jiménez añade que esta medida es una "consigna jugarreta de sus correligionarios".

Se pregunta si el Ministerio hará desaparecer la oferta por los nuevos convenios que tienen que firmar las comunidades de regantes con Acuamed para rebajar la tarifa del agua desalada, que cobraría el metro cúbico de la planta de Torrevieja a 32 céntimos.